Un chico de cinco años murió de un disparo en la cabeza y su primo fue baleado en Taco Punco, un pequeño pueblo en el noroeste de la provincia de Santiago del Estero. Unas pocas líneas en las secciones de policiales de los medios locales fue toda la atención que recibió el episodio. De ese modo se tapaba el trasfondo social del caso. El agresor fue un cuidador de una finca de la zona, uno de los empleados de un terrateniente acusado por los pobladores de adueñarse de tierras que no le pertenecen y luego prohibir el ingreso a ellas contratando guardias armados. Página/12 denunció esos métodos y las agresiones a los campesinos por parte de lo que en Santiago llaman “los guardias blancos”.

Mario Ezequiel Gerez, de 5 años, su primo Anselmo Villagrán, de 30, y su padre Mario habían llegado desde San Miguel de Tucumán a Taco Punco, a unos 60 kilómetros de Villa Nueva Esperanza, en el departamento de Pellegrini, al norte de la provincia de Santiago del Estero, para visitar a sus abuelos.

El jueves pasado, cerca de las 19, Villagrán salió en bicicleta a hacer algunas compras. En el pequeño asiento trasero llevaba al niño. “Fueron a comprar comida con el primo –relató el padre del chico–, y como se demoraban, estaba preocupado. Al rato llega el primo baleado y me dice que a mi hijo le habían disparado y que estaba tirado.”

La acusación por los disparos que impactaron fatalmente en la nuca del niño y en una pierna de Villagrán pesa ahora contra Humberto Jesús Orellana, de 36 años, con un rifle Super Batán calibre 22. La policía se refirió a una disputa personal entre los dos hombres por una antigua enemistad para explicar los sucesos. Sin embargo, la versión de Villagrán contrasta con esa hipótesis: “No sé por qué nos tiraron”, dijo asombrado en su cama del hospital Padilla de la provincia de Tucumán. Orellana fue detenido y la causa está siendo investigada por el juez Abelardo Basbús.

Según comentó el padre del chico y confirmaron fuentes de la provincia, Orellana “es cuidador de un campo apropiado por un empresario de Tucumán y esta gente tiene la orden de dispararle a cualquiera que se acerque”. Son varios los terratenientes acusados por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) de tomar por la fuerza tierras que no les pertenecen. De acuerdo con las denuncias de la organización, en Pellegrini, departamento que limita con Tucumán, los campesinos fueron despojados de unas 7 mil hectáreas.

“Los problemas de tierras son cada vez más graves. Que uno de estos tipos armados le dispare a la gente es algo que puede pasar acá en la provincia. Lo de los guardias armados es algo cada vez más común, le tiran a cualquiera que pase y también puede haber desalojos y represión en cualquier momento”, comentaban en el Mocase a Página/12.

Los conflictos por las tierras en la provincia tienen una extensa historia. Sus orígenes aparecen con el juarismo. Y no desaparecieron aunque ese poder cuasifeudal fue aparentemente desterrado. Ayer, en un nuevo capítulo, un grupo de campesinos fue desalojado de una finca cercana a Monte Quemado, en el departamento de Copo. El desalojo fue ordenado por el juez Oscar Juárez, a cargo de la causa Madera Dura, que es el nombre de la empresa que reclama esos territorios. Los encargados de hacer cumplir la orden judicial fueron los integrantes de la guardia de infantería. Varios de los campesinos, integrantes del Mocase, resultaron heridos con balas de goma cuando intentaron resistir. Uno de ellos, Carlos Santillán, fue detenido imputado de usurpación y acusado de agredir a la policía. Su caso está ahora en manos del juez Abelardo Basbús.