La causa más impactante de los últimos tiempos, la del robo al Banco Río de Acassuso, se convirtió ayer en una batalla campal. Una furibunda disputa se disparó entre los funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense y la Justicia de San Isidro y la interna estalló también dentro de la propia Justicia de ese distrito. En La Plata aseguran que el juez Rafael Sal Lari, amparándose en argumentos que tienen que ver con la preservación de las garantías individuales, les niega a los investigadores del asalto numerosas órdenes de detención y allanamientos. Los hombres de León Arslanian ponen como ejemplo el caso de una pareja que llevaba encima 158.000 dólares, admitieron que ese dinero provenía de la casa de la calle Portela, en Flores, donde se encontraron joyas y casi 900.000 dólares supuestamente pertenecientes al botín del robo, y pese a esas evidencias la pareja fue dejada en libertad por orden de la Justicia. Ayer, el juez volvió a rechazar el pedido de detención de esas dos personas y también del hijo del principal detenido. En San Isidro, fuentes allegadas al magistrado no dan demasiadas precisiones pero alegan que los policías y fiscales presentan escritos que son “horrores judiciales”, mientras que los fiscales están furiosos con el magistrado –hay una dura interna general entre jueces y fiscales– y anoche redactaban una apelación.

Tal como adelantó en exclusiva Página/12, el siguiente movimiento en la causa se basaría en el pedido de detención de Gastón De la Torre, el hijo de Rubén Alberto, en cuya casa se encontró gran parte del botín. Gastón está detenido porque se resistió a la policía el sábado y porque tenía en su habitación dos pistolas 9 milímetros y una granada, pero no se lo había vinculado con el asalto. Sin embargo, el fiscal Apolo, que ahora está acompañado por otros tres fiscales, pidió la detención de Gastón en la causa Banco Río por cuanto también se encontraron, en una caja empotrada en su vivienda, 75.000 dólares que podrían ser igualmente parte del botín.

Como lo viene señalando este diario desde el domingo, hay indicios de que De la Torre hijo, que salió de prisión hace un año, estuvo en el grupo que ingresó armado al banco: sería el joven que usó un chaleco de pesca, gorro y capucha. Pero esto último requiere de mayores pruebas, entre ellas una digitalización del video que está haciendo el FBI y que se va a comparar con fotografías de Gastón.

La otra detención pedida fue la de Cristian Lemos y Patricia Sosa, una pareja de primos de los De la Torre que fueron sorprendidos a cuatro cuadras de la calle Portela, de donde habían salido hacía instantes, llevándose 158.000 dólares. Parecía cantado que Lemos y Sosa actuaron al menos como encubridores, pero el fiscal Apolo los dejó en libertad. Esa decisión fue muy cuestionada por los hombres del Ministerio de Seguridad y dos días después los fiscales rectificaron su postura inicial y le pidieron al juez que detuviera a la pareja.

El titular del Juzgado de Garantías número 3, Sal Lari, es considerado un juez garantista, que insiste en que tiene que haber muchas evidencias para librar una orden de allanamiento o una detención. Uno de sus allegados explicó el razonamiento del magistrado: “Si los fiscales dejaron en libertad a la pareja hace dos días, ¿por qué ahora la quieren detener si no han conseguido ninguna prueba nueva?, ¿si no tenían evidencias para pedir la detención de Gastón De la Torre el domingo relacionándolo con el robo al banco, por qué la piden ahora si tampoco tienen pruebas nuevas?”.

En el Ministerio de Seguridad bonaerense, la gente de Arslanian brama porque afirma que la detención se debió hacer desde el primer momento, que el fiscal Apolo se equivocó, pero que al menos ahora él y los nuevos fiscales tratan de remediar ese error. Por ello la mayor bronca es contra el juez. “No puede ser que siga libre una pareja a la que se le encontraron 158.000 dólares, que no puede explicar de dónde sacó el dinero y que salieron de la casa en la que estaba el botín. No puede seguir libre un hombre sospechado de haber estado dentro del banco durante el robo y que también tiene 75.000 dólares que no puede explicar. Como mínimo, son encubridores del robo”, dicen en el ministerio.

En La Plata afirman que Sal Lari no sólo dilata estas órdenes de detención sino que además hay pedidos para realizar varios allanamientos que el magistrado tampoco concede. En ese terreno hubo también discusiones furibundas entre los funcionarios del Ministerio de Seguridad y el fiscal Apolo, pero finalmente el fiscal general de San Isidro, Julio Novo, en diálogo con la procuradora María del Carmen Falbo, evaluó que Apolo estaba sobrepasado por un expediente enorme, que prácticamente no le da tiempo ni siquiera para dormir. Por ello dispuso reforzar la fiscalía a cargo del caso con Duilio Cámpora, fiscal general adjunto, Fabián Brahim y Eduardo Vaiani. Se supone que uno de ellos se dedica a las órdenes de detención, otro a las demás diligencias y otro a ayudar en la toma de declaraciones. Más o menos encarrilado el trabajo en la fiscalía, la gente de Arslanian ahora afirma que el problema, la traba, está en el juez. Y el enfrentamiento está derivando en un escándalo en el que posiblemente tengan que intervenir tribunales superiores, la Cámara Penal de San Isidro, la Cámara de Casación e incluso la Corte bonaerense.