Acuerdos abstractos y disidencias concretas. Sin originalidad para esta clase de megaencuentros, podría ser ése el sintético corolario del primer Foro Internacional sobre el Nexo entre Políticas y Ciencias Sociales (Unesco). En un centenar de talleres y debates realizados durante la última semana en Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y Rosario, unos dos mil académicos y funcionarios de 85 países coincidieron en la necesidad de articular las políticas públicas con el conocimiento generado por las disciplinas sociales “para actuar con mayor eficiencia frente a los complejos problemas que afectan a la comunidad internacional”, problemas como la pobreza extrema, las migraciones, la degradación ambiental y un largo etcétera. Los puntos de consenso no parecen haber superado ese umbral. Los disensos, en cambio, fueron más precisos. No hubo acuerdo, por ejemplo, sobre si los cientistas sociales deben involucrarse en el diseño y aplicación de programas o si deben conservar su independencia de la política. En la misma línea, hubo quienes recordaron, con desconfianza, que la ciencia debería ser autónoma respecto del financiamiento.

También hubo críticas en sentido inverso. Por caso, representantes estatales reclamaron que se facilite el acceso a los resultados de las investigaciones, con sistemas informáticos que conecten los insumos con los hacedores de políticas. “Se verifica cierta opacidad o pesimismo en las reflexiones de un número importante de participantes en lo referente a la articulación entre estos dos dominios”, reconocen las propias conclusiones del foro, presentadas el viernes.

Más allá de los resultados formales del encuentro coorganizado por los gobiernos de Argentina y Uruguay junto a varias universidades, de los diversos debates abiertos por el foro se desprenden algunos rasgos clave que deberían contemplar las nuevas políticas públicas. Un factor varias veces repetido es el de incrementar la participación ciudadana. Otro: no desvincular los objetivos económicos de los sociales, como fue norma en la década pasada. Otro, central, al menos en Latinoamérica: hacer foco en los nuevos actores sociales y en las experiencias emergentes para dirigir hacia allí planes y programas.

Más participación

“Los investigadores sabemos qué hacer con el conocimiento... El problema es que nadie nos quiere escuchar.” Si bien una broma en el marco de una mesa de discusión, el comentario de Ruth Cardoso, antropóloga y ex primera dama de Brasil, desnudó parte de la responsabilidad académica en la escasa incidencia del saber de las ciencias sociales en las políticas públicas. Parte de esa falta se origina –según Cardoso– en que “el investigador tiene una visión que pretende ser total” del tema que estudia, mientras que “el planificador enfrenta numerosas restricciones que vienen de la política, de la realidad” y tiene que “desmenuzar ese conocimiento”. A partir de su experiencia en la gestión pública, posterior a su desempeño académico, Cardoso insistió en que “la política social para ser efectiva necesita de la participación de la sociedad civil y de los gobiernos... Con participación social, los proyectos de políticas tienen mayor sustentabilidad”. ¿El obstáculo a vencer? “Las resistencias de las instituciones gubernamentales a la participación civil y, también, la desconfianza de la sociedad hacia las instituciones de gobierno.” Una vía de contribución de las ciencias sociales a la formulación de políticas “es la idea de evaluación y de monitoreo. Ahí hay un espacio muy importante para que los cientistas sociales aprendan en la práctica, en diálogo con los actores y los programas, reelaborando sus conceptos teóricos en la acción”.

Oportunidades

“La Argentina enfrenta en este momento un desafío relacionado con el legado de los ‘90”, un mapa social caracterizado por la pobreza, el desempleo, el incremento de la desigualdad, describió en el foro Laura Golbert, investigadora de Flacso y Cedes. “Ese legado dramático se vincula con las políticas económicas, pero también con las políticas sociales que se implementaron. Políticas que fueron las mismas en toda América latina. La descentralización de los servicios estatales, que profundizó la desigualdad social, con baja cobertura y mala calidad en salud, educación. La flexibilización laboral: se partía del diagnóstico de que los costos eran altos, entonces cayeron los salarios y los trabajadores se quedaron sin protección social. Y las políticas sociales focalizadas, con programas sucesivos y pocos recursos.” Desmoronando el modelo neoliberal, para Golbert “hoy las oportunidades son muchas” en “una Argentina que crece al 9 por ciento anual”, con menores tasas de desempleo y de pobreza. “Tenemos que hacer otra política pública. Ahí es fundamental el aporte de las ciencias sociales.” ¿Cómo deberían ser esas nuevas políticas? “Deberían incluir una mayor planificación, donde los objetivos de la macroeconomía estén relacionados con las políticas sociales”, apuntando a “reducir la pobreza y la desigualdad social”.

Nuevos actores

Saskia Sassen, urbanista holandesa: “Además de producir desastres, la década del ’90 también produjo información. Mostró los límites de cierto tipo de políticas sociales. Ahora entendemos que los Estados no son empresas. En la actualidad, en América latina hay una serie de experiencias e iniciativas emergentes tratando no sólo de recuperar las viejas políticas sociales, sino de inventar nuevas.” Sassen, que vivió durante seis años en Argentina, hizo hincapié en que muchos de los actores y fenómenos que integran el aparato informal de lo social se pueden volver parte integrante del aparato formal. “De hecho, el Estado de Bienestar europeo empezó con reclamos de los trabajadores que luego se formalizaron... Hoy hay nuevos actores sociales y económicos que no siempre son reconocidos, no siempre son legibles.” La profesora de la Universidad de Chicago alertó sobre la necesidad de que Estado y ciencias sociales atiendan esas apariciones como insumo para crear nuevas políticas. Y, con alguna sorpresa, contó que visitó una cooperativa de cartoneros: “No había ahí una figura de víctimas, sino una empresa que genera empleo y trabaja por el medio ambiente. Esto deben verlo los científicos sociales y los políticos. Hay un nuevo actor social que emerge de la crisis, evidentemente con un profundo dolor, y se transforma en un actor social que se incorpora a lo formal”. Sassen les preguntó a los miembros de la cooperativa qué querrían pedirle al Gobierno: “No hubo quejas, sino preguntas, pedidos de información sobre cómo el Estado los puede ayudar, como resolver cuestiones legales, problemas de transporte o el pago de impuestos”.