Con el fin de evitar el actual hacinamiento de los detenidos en cárceles y comisarías, la Suprema Corte de Justicia bonaerense intimó al gobernador Felipe Solá a la “urgente” conformación de una comisión provincial que realice un control y seguimiento de los detenidos en esas dependencias. El pedido está contenido en la resolución 114 publicada ayer en el Boletín Oficial, por la cual “le recuerda una vez más al titular del Poder Ejecutivo la necesidad de subsanar” el hacinamiento en las cárceles de la provincia. La resolución se enmarca en el fallo de la Corte Nacional emitido en mayo de 2005, que ordena al gobierno provincial el cese de las condiciones de hacinamiento en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Tras ese fallo, el defensor del Tribunal de Casación provincial, Mario Coriolano, propuso en diciembre último la conformación de una comisión pluralista destinada al seguimiento y control de la situación. Esta entidad tendría que “realizar visitas regulares, como así también no programadas a los lugares de detención con amplias facultades de control, seguimiento y monitoreo de información que recaben”, explicó Coriolano.