El caso sería un raro virtuosismo judicial si no fuera porque desde el vamos se internó en los senderos del absurdo verosímil. La información provista por los tribunales porteños subrayaba que la Sala VI de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal había ordenado que un chico de 11 años debía ser informado sobre las causas por las que lo acusaban, pese a que la ley lo considera inimputable. Dicho así, los camaristas habían defendido “el derecho de defensa en juicio, consagrado por nuestra Constitución nacional y los artículos 12 y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que así lo establecen”. Lo que no informó el Palacio de Justicia es que desde el vamos, el caso no debió ser judicializado. El niño, de 11 años, fue acusado por la madre en una comisaría. La policía llevó el caso a la Justicia de Menores. En noviembre, el chico ya era un trámite penal. Cuando llegó a la Sala VI, los jueces ordenaron que el denunciado inimputable supiera de qué lo acusaban: según el parte judicial, de tener un ataque de nervios, golpear a la madre provocándole lesiones leves, romper unos juguetes y robar plata de debajo de la almohada.

De guiarse sólo por lo informado por los canales oficiales se trataría del caso de un niño de 11 años denunciado por su madre en una comisaría. Según dijo la policía que dijo la madre, el chico le había pegado, provocándole lesiones catalogadas como leves. La criatura, según parece, sufrió un ataque de nervios y, el muy salvaje, rompió los juguetes y también habría tomado plata que su madre ocultaba debajo de la almohada.

La policía, por reflejo propio, derivó a la Justicia de Menores y avanzó con el caso. En noviembre pasado, con apenas 11 años, el chico ya era un expediente más en la Justicia penal. Por la edad, es inimputable para la ley. La costumbre transforma ese derecho en un salvavidas de plomo, ya que al no ser imputable tampoco hay acusación (aunque moralmente la haya) y el chico resguardado pasa a ser un detenido encubierto que ni siquiera se entera legalmente de por qué está allí y, por lo tanto, tampoco tiene plazo de alojamiento.

Esta vez, la Defensoría Oficial de Menores apeló la medida del juez. Según el parte oficial, pidió que el chico se enterara de qué lo acusaban. Los jueces Luis Bunge Campos y Luis Ameghino Escobar (respecto de este último, ver nota pág. 11) de la Sala VI votaron que “resulta esencial que toda persona acusada por la comisión de un delito pueda conocer la imputación y ejercer el supremo derecho de defensa de que goza. El menor de edad debe gozar de los mismos derechos y garantías que un adulto”.

“Está bien que un tribunal ordene que se debe escuchar la voz del niño. Pero lo absurdo es que el chico haya sido judicializado por romper juguetes o lesiones leves”, señaló a Página/12 la titular del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes porteño. “Desde el principio debería haber sido derivado al servicio de atención terapéutica y no judicializar el caso en el fuero penal.”

“Es un caso que no debiera existir como caso –sostuvo Nora Shulman, de la Comisión de Seguimiento de los Derechos del Niño (Casacidn)–. En la ciudad de Buenos Aires hay armado un circuito, la línea de atención 102 y un equipo de abogados dedicados. Es un caso típico para las defensorías zonales. La policía está enterada de ese circuito y debería llamar al 102. Pero también el juez de menores, el defensor oficial y después los camaristas deberían desarticular el caso y pasarlo a los equipos de especialistas.”