@El jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, salió ayer con los tapones de punta contra el proyecto de ley sobre seguridad en los espectáculos deportivos, que el Senado se apresta a tratar esta semana. La propuesta legislativa, consensuada en febrero de este año por el gobierno nacional y los principales dirigentes del fútbol local, endurece las penas previstas para quienes cometan delitos antes, durante y después de los eventos deportivos. Según Ibarra, la norma “pretende avasallar derechos y competencias de la Ciudad Autónoma” e ingresa en un “terreno claramente inconstitucional”, ya que impone su vigencia en el territorio porteño.
Ibarra sostuvo que si bien el proyecto establece un régimen penal que es de competencia federal, “detrás de ese régimen se avanza groseramente sobre legislación estrictamente municipal” al reglamentar multas y clausuras y establecer requisitos sanitarios, de iluminación, de audio, entre otros, “que son ajenos a cualquier competencia o decisión federal”. Lo que irrita al jefe de gobierno es que el proyecto, propuesto por el secretario de Seguridad Interior, Carlos Alvarez, y el de Turismo y Deporte, Daniel Scioli, establece la posibilidad de adhesión de todos los distritos provinciales a excepción de la Ciudad de Buenos Aires, para el cual se establece la obligatoriedad de esas disposiciones, ingresando en un “terreno claramente inconstitucional”, según señaló el propio Ibarra a Página/12.
El proyecto fue presentado en febrero, luego de una negociación que mantuvieron Alvarez y Scioli con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona, después de una seguidilla de incidentes protagonizados por barras bravas, que terminaron con la muerte de espectadores. Entre sus puntos salientes, tipifica como delitos a figuras que en la ley actual –la 23.184 o Ley De la Rúa– son consideradas como contravenciones, y aumenta las penas en forma sustancial. Otro de los puntos acordados en esa ocasión, por pedido de los clubes, es una reorganización de los dispositivos de seguridad en los estadios, lo que disminuiría su costo en un 20 por ciento.
Según Ibarra, la iniciativa del Ejecutivo “pretende avasallar derechos y competencias de la Ciudad Autónoma que eran reconocidos incluso cuando era Municipalidad”. De aprobarse ese proyecto tal como fue propuesto, dijo el jefe de gobierno, “se daría la paradoja que la Ciudad mantendría competencias para ejercer el poder de la policía en el Puerto o el aeropuerto local y no podrá hacerlo dentro de los estadios deportivos”.
“Semejante insensatez no se vio ni siquiera en épocas en que la Ciudad era municipalidad y en momentos en que gobernaban regímenes autoritarios”, dijo Ibarra. La arremetida puede considerarse como un tiro por elevación contra Mauricio Macri, el presidente de Boca Juniors, uno de los promotores de la medida, que aspira a convertirse en candidato a jefe de gobierno y que el jueves pasado se reunió con el presidente Eduardo Duhalde.
De todas formas, Ibarra se manifestó a favor de mejorar la legislación en materia de deportes, pero reclamó que se respete la autonomía de la ciudad como condición para apoyar la reforma.