“Concurrir a un consultorio se ha convertido en una especie de odisea, pero estamos trabajando para mejorar la seguridad, dentro de nuestras posibilidades.” El intendente de Cipolletti, Julio Arriaga, es cirujano, aunque ahora no ejerce la profesión; su esposa también es médica y una de sus hijas es kinesióloga. En su familia se sabe, por experiencia personal, que después del segundo triple crimen ocurrido en esa ciudad de 75.000 habitantes, los profesionales y sus pacientes están obsesionados frente a la posibilidad de que se repita la irrupción de un psicópata en un consultorio, como ocurrió el 23 de mayo pasado. Esta situación provocó que en un par de semanas posteriores al crimen se agotara el stock de porteros eléctricos, que aumentara la demanda por sistemas de alarmas, que los pacientes tengan prohibido abrir la puerta una vez adentro del consultorio para facilitar el acceso de otras personas, que los horarios de atención se interrumpan a las 19 y que se hayan establecido puestos fijos de vigilancia policial en todos los centros de salud públicos y privados.
“El problema que tenemos es que los crímenes nunca son esclarecidos y esa impunidad genera temor”, admitió Arriaga en diálogo con Página/12. “La sensación de terror se hizo carne en mucha gente a partir del nuevo triple crimen y de la falta de respuesta de las autoridades”, dijo a este diario Ulises González, el papá de María Emilia y María Paula, dos de las chicas que fueron víctimas del primer triple crimen ocurrido en Cipolletti en noviembre de 1997. Desde mayo, cuando en el laboratorio Lacyb fueron asesinadas a balazos y puñaladas la bioquímica Mónica García, la psicóloga Carmen Marcovecchio y la paciente Alejandra Carbajal, el escenario del pánico tiene su epicentro en los consultorios profesionales.
“Los profesionales de la salud, pero sobre todo las mujeres, están viviendo una situación de gran presión y temor por su seguridad. Eso ha dado lugar a reuniones extraordinarias en las asociaciones profesionales y a que se tomen medidas como no atender más allá de las 19 y pedir documentos de identidad a los nuevos pacientes”, explicó el abogado Rubén Baudino, esposo de Andrea Anizán, una profesional del derecho que fue testigo en la causa por el triple crimen y que fue amenazada de muerte, en forma telefónica, por un desconocido que la llamó al estudio. “El problema es la inseguridad que vive una población que estaba acostumbrada a vivir tranquila y que ahora toma conciencia de que está expuesta a los peores peligros”, afirmó Baudino.
“Ir al consultorio de mi psicóloga es todo un tema. Cuando estás en la sala de espera, compartida con pacientes de otros profesionales que atienden en el mismo lugar, la conversación siempre gira sobre la misma cuestión: ¿Cuándo aparece el psicópata? es la pregunta ritual que nos hacemos todos.” Fernando A. vive en Cipolletti desde hace diez años y “ni siquiera después del primer triple crimen había observado el temor que ahora está ganando a la gente”. Con la ayuda de las bajas temperaturas, la plaza principal de Cipolletti, donde se concentra la multitud que siempre acompaña cada marcha de protesta por el primer triple crimen, está desierta después de las nueve de la noche. Hasta Capella, uno de los bares más concurridos, suele quedar vacío después de la medianoche.
En las dos primeras semanas siguientes al segundo triple crimen, se agotaron las existencias de timbres y porteros eléctricos de los que se usan en los consultorios. También creció la venta de armas. Las asociaciones de profesionales, encabezadas por el Colegio Médico presidido por Horacio Valdez, reclamaron seguridad. “Lo que pedimos fue medidas de seguridad en toda la ciudad y en especial en los consultorios”, explicó a este diario un vocero de la entidad. El intendente respondió solicitando a la provincia el envío de “cien efectivos” para reforzar la vigilancia.
“En respuesta a esa solicitud, el gobierno provincial envió 60 hombres que ya están realizando tareas de seguridad, que incluyen la instalación de puestos permanentes en centros asistenciales públicos y privados de toda la ciudad; ahora insistiremos para que nos manden los 40 que faltan”,explicó Arriaga a Página/12. Según el intendente, “es poco lo que puede hacerse a nivel municipal y por eso recurrimos a la provincia; de todos modos enviamos un proyecto para aumentar los impuestos a los grandes contribuyentes y generar 500 mil pesos anuales en la recaudación, para destinarlo a mejoras en materia de seguridad”.
Una mujer paciente de una psicóloga de Cipolletti, que pidió mantener su nombre en reserva, dio un ejemplo de la psicosis: “La secretaria del consultorio me contó y me mostró que habían comprado un arma por si tenían que defenderse de algún delincuente. Es increíble porque se trata de personas muy tranquilas, a las que uno jamás puede imaginar con un arma en la mano”. Además de las dos profesionales asesinadas en el reciente triple crimen, otras dos resultaron muertas en episodios nunca esclarecidos. La bioquímica Ana Zerdán fue asesinada a golpes y la kinesióloga Diana del Frari de 15 puñaladas. Otra bioquímica, Mónica Skop, denunció que fue atacada por un hombre que iba en bicicleta, igual que el sospechoso del múltiple homicidio del 23 de mayo. Esto había ocurrido antes de esa fecha, pero la policía ni siquiera le había tomado la denuncia.