“Si el diálogo entre los presidentes de Uruguay y la Argentina no logra solucionar la controversia por las papeleras, la Argentina debe presentarse ante el tribunal de La Haya, y eso podría bastar para que todos los bancos, incluido el Banco Mundial, se abstuvieran de financiar esos emprendimientos.” Así lo afirmó Romina Picolotti, la abogada ambientalista cordobesa que dialogó con Página/12 en el día después de serle conferido el premio Sophie, en Noruega, por “su tarea decisiva al relacionar los problemas de destrucción ambiental con la lucha por los derechos humanos básicos”, según fundamentó la entidad otorgante. La acción jurídica desarrollada por Picolotti, primero como miembro del International Human Rights Law Group y luego como presidenta de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), le permitió llevar a tribunales internacionales casos como el de la comunidad de Awas Tigni, en Nicaragua, país cuyo gobierno terminó expulsando a las empresas multinacionales que venían destruyendo los bosques. En la Argentina, Picolotti viene luchando por los derechos de las poblaciones afectadas por la instalación de las dos enormes plantas de celulosa sobre el río Uruguay, poniendo en primer lugar a los habitantes de Fray Bentos, la localidad más próxima a las fábricas. Considera que la única solución admisible es “el traslado de las plantas a lugares distantes de centros poblados y la aplicación de normas estrictas de control ambiental que sólo podrían financiarse con apoyo internacional”. La abogada fundamentó también su criterio de que “en la Unión Europea, la instalación de estas plantas no sería admitida”.

El premio, que consta de 100 mil dólares, fue otorgado por la Fundación Sophie –creada por el escritor Jostein Gaarder y actualmente presidida por Gunhild Orstavik–, que lo entrega por noveno año consecutivo. Los fundamentos agregan que la abogada “desafió a compañías multinacionales e instituciones financieras, incluyendo el Banco Mundial (BM), respecto de los efectos social y ambientalmente negativos de sus operaciones”.

Romina Picolotti explicó que “el movimiento ambientalista no utilizaba el derecho como herramienta; más bien se centraba en generar conciencia ciudadana a través de denuncias públicas y presencia en los medios de prensa. Advertir que las víctimas de problemas ambientales ven vulnerados sus derechos humanos permite plantear estas cuestiones ante tribunales internacionales”. Por ejemplo, “hace tres semanas, ante una acción nuestra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar que obliga al Estado peruano a atender las condiciones de vida de los habitantes de La Oroya, donde la metalúrgica Doe Run es responsable de contaminación con metales pesados. Hemos solicitado el acondicionamiento o bien el cierre de la compañía”. La abogada puntualizó que “en general no buscamos el cierre de las industrias, ya que dan trabajo: en la mayoría de los casos pueden continuar bajo condiciones estrictas y con la mejor tecnología; claro que esto limita sus ganancias”.

El caso de la comunidad indígena Awas Tigni, en Nicaragua, fue el primero que se ganó ante la CIDH, cuando Picolotti dirigía el departamento América latina del International Human Rights Law Group: “La instalación de grandes obrajes en la selva llevaba a las comunidades a la prostitución y la drogadicción; prostitución, en burdeles para los empleados; y las empresas mismas distribuían droga, sobre todo cocaína, para que los indígenas que contrataban resistieran la cantidad de horas de trabajo”. Por decisión de la CIDH, “el Estado nicaragüense tuvo que reconocerles el derecho a la propiedad de esas tierras ancestrales: se anuló la concesión a aquellas empresas, una coreana y la otra canadiense, y se asesoró a la comunidad para un manejo sustentable del bosque; en pocas décadas, las empresas hubieran dejado, literalmente, un desierto”.

No en Fray Bentos

En cuanto a las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, el próximo diálogo entre los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez define “un momento político muy bueno: ojalá que Tabaré vuelva a sus convicciones originales, cuando él y el Frente Amplio se oponían públicamente a las plantas. Hay que agotar las instancias diplomáticas”, pero “es inadmisible que las plantas se radiquen en los emplazamientos actuales: por más mejoras en el monitoreo que se planteen, causarían un impacto terrible en las personas”, afirmó Picolotti y destacó “el informe de Héctor Sejenovich –profesor de Ciencias Sociales y Ambiente en la UBA–, según el cual, en las condiciones actuales, esas plantas de celulosa conllevarían un riesgo de 29 casos de cáncer por año”. La abogada subrayó “la vigencia, en derecho ambiental, del principio de prevención: no es imprescindible una certeza del daño sino que basta con una alta probabilidad de riesgo; este tipo de daños es muy difícil de probar por anticipado”.

El traslado sería factible porque “no hay grandes obras terminadas: una chimenea, tinglados, movimientos de suelo y algunas obras civiles que podrían emplearse para algún otro emprendimiento sustentable”. La mudanza de las plantas debería ser “a lugares separados entre sí”. Y, allí, “establecer un control ambiental permanente y, de ser posible, bajar su escala de producción. Hoy se plantea una megaescala que nuestros países no están capacitados para monitorear”. Para el monitoreo, “el BM, que va a financiar estos emprendimientos, debiera otorgar fondos no retornables a las instituciones de ambas márgenes a cargo del control”.

En cuanto a la promesa de que las empresas se ajustarían a la normativa de la Unión Europea, “ya la han incumplido –sostuvo Picolotti–. Las normas europeas dicen que, desde el 2007, las empresas deberán usar la mejor tecnología disponible y que esto se determinará caso por caso; exigen asegurar la información y participación de las comunidades afectadas, y en este caso se violaron esos derechos; exigen que los emprendimientos se establezcan lo más lejos posible de lugares densamente poblados, y aquí los estudios de impacto ambiental no consideran sitios alternativos ni fundamentan por qué en ese lugar y no en otros posibles. Si uno se para en el centro de Fray Bentos puede ver, a pocas cuadras, la planta en construcción, y con una escala de producción que no existe hoy en Europa”.

Sin embargo, parte de la población de Fray Bentos manifestó a favor de la instalación: “No me sorprende, por la gran propaganda que hay en Uruguay a favor de las plantas. Pero esto se encara generando puestos de trabajo para Fray Bentos. Y la Argentina podría colaborar en esto, quizás ayudando a generar un polo turístico, en un lugar que es de belleza increíble”.

Romina Picolotti no se limita a opinar, sino que viene encabezando una serie de acciones jurídicas en el plano internacional. “Nuestra estrategia es generar responsabilidad legal en todos los actores. Hemos demandado al Estado uruguayo ante la CIDH, que ya solicitó informes sobre el impacto en los derechos humanos de las poblaciones. También hicimos responsables, ante la ombudsman del Banco Mundial, a la Corporación Financiera Internacional y la Organización Multilateral de Garantías de Inversión, integrantes del grupo del BM, por pretender financiar estas plantas; así obstaculizamos el desembolso de 900 millones de dólares entre garantías y créditos, cuyo tratamiento por el directorio del BM se frenó.”

Además, “nos presentamos ante los bancos privados que participarían en la financiación: el ING, que es el más grande de Holanda; el BBVA de España, y el Nordeia de Noruega. Es la primera vez que se hace una presentación de este tipo, y los bancos contestaron que, si la Argentina se opone o si la CFI se retira, no otorgarán financiamiento”, reveló Picolotti y aclaró que “la oposición de la Argentina sólo será admitida por la comunidad internacional si se plantea como demanda ante La Haya; no alcanza con declaraciones o cartas”.

En efecto, “si la negociación entre los presidentes no resuelve el conflicto, a la Argentina no le queda otro camino que presentarse en LaHaya”, sostuvo la premiada militante ambientalista y observó que “sería improbable que el Banco Mundial financiara un emprendimiento controvertido en el máximo tribunal internacional, ya que eso sería tomar partido por una de las partes”.