El fiscal general Alberto Múttolo había ido de una incorrección a otra como no pudiendo frenar su discurso reaccionario. Insistió en que, sin dinero, no hay salida al drama de la superpoblación carcelaria. Y finalmente, en la encerrona de su discurso, y la de la propia realidad bonaerense, ante la pregunta “¿entonces qué hacemos?”, dijo en tono vibrante: “¡Los tenemos que mandar a campos de concentración!”. Fue en una reunión con funcionarios de Pehuajó y de la Justicia y un grupo de vecinos que reclamaba una fiscalía en la ciudad. El exabrupto, ocurrido la semana pasada, trascendió ayer porque el intendente de General Villegas, Gabriel Alegre, decidió denunciar ante la Legislatura bonaerense a Múttolo y pedir que se le hiciera un juicio político. La declaración del fiscal, más allá de la aberración ideológica, resulta una confesión demasiado cruel del sistema sobre cuál es la realidad carcelaria inminente.
Fue como una larga sesión de compulsivas declaraciones la que protagonizó Múttolo, fiscal general de Trenque Lauquen, en una reunión que venía pacífica, democrática y hasta asambleística. Quizá el carácter del encuentro haya sido demasiado para el funcionario judicial ahora en la mira. Porque cuatro fuentes diferentes que presenciaron su discurso –y arrepentidas de no haberse parado y dejado solo al hombre– le confirmaron a Página/12 la veracidad de la denuncia de Alegre. El intendente de Pehuajó, César Peña, contó que Múttolo “comenzó hablando del problema de la minoridad, de dónde se alojaba a los menores, que la Justicia no sabía dónde hacerlo y cuestionaba la posibilidad de descentralización judicial. Después de preguntarse: ¿Qué hacemos con los presos?, respondió que creía que hay que mandarlos a un campo de concentración”.
En la reunión estaba el secretario de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense, César Dameno. “El lo miraba y todos pensábamos por cómo lo miraba que en cualquier momento se iba a levantar para pegarle o para irse”, le dijo a Página/12 Julia Lafont, una trabajadora social que integra el Foro de Seguridad y la periodista local del diario Noticias que estuvo cubriendo la reunión, Alicia Alvarez. Pero Dameno parece que prefirió soportar la bravuconada del fiscal general y esperar a tomar medidas a posteriori. Aunque ayer no quiso hacer declaraciones sobre el caso, una alta fuente cercana al procurador Eduardo De la Cruz deslizó que “lo que dijo Múttolo, que nos fue confirmado como real, causó enorme malestar y estamos evaluando cuáles serán las medidas a tomar, además de estar revisando las denuncias presentadas”. Las palabras campo de concentración enervaron al Ejecutivo provincial que justo esta semana intenta promover un nuevo cambio a la ley de excarcelaciones para poder mitigar el hacinamiento producido por la dura ley que prescribió Carlos Ruckauf con anuencia de toda la Legislatura.
Ayer a la noche, en la reunión de Gabinete provincial, el gobernador analizaba la firma de un proyecto de reforma de la ley 12.405. Los contactos del Ejecutivo con el bloque de diputados peronistas –donde había hasta la tarde algunas resistencias al cambio, “sólo por temor a la reacción de la opinión pública y lo que los medios de derecha pueden hacer con el tema”–, se intensificaron. Una fuente del peronismo cercana al gobernador Felipe Solá le dijo a Página/12 que “se especula con lo que pueden llegar a promover los sectores que siguen adhiriendo a la mano dura a pesar de que la realidad demuestra que ya es imposible seguir metiendo gente en las cárceles”. El diputado César Bonicatto opinó ante este diario que “hay que pasar al plano de la verdad para resolver este problema. Más allá de la mano dura o blanda, la falta de dinero para albergar a los 2500 presos que esta ley produce por año exige una solución urgente”.
Fue justamente el tema del dinero el que hizo cada vez más carraspeada la voz del fiscal general que postuló los campos de concentración como única salida real a la superabundancia de presos. Uno de los anclajes locales del problema es que las tranquilas comisarías del interior se empezaron a llenar de presos del conurbano considerados peligrosos. “Al no poder dar respuesta a los reclamos, el fiscal Múttolo, tanto decir que ‘no hay plata, no hay nada’, y que ‘no se puede’ y ‘no se puede’, fuera de sí, como si fuera la única salida dijo abrir los campos de concentración”, cuenta Julia Lafont. Como para no dejar lugar al equívoco sobre el modelo panóptico que prefiere, Múttolo mencionó, como ejemplo de cárcel, la monstruosa Sierra Chica y la ex cárcel de Ushuaia, ahora museo, donde el fiscal debe imaginar a legiones a pico y pala con el grillete sonando a un lado.