Un grupo integrado por medio centenar de familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón se reunió ayer con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, a quien le pidieron la renuncia de miembros del gabinete de la ciudad que acompañaron la gestión del destituido Aníbal Ibarra. Los principales cuestionamientos estuvieron dirigidos al secretario general del Gobierno porteño, Raúl Fernández, y a la subsecretaria de Derechos Humanos, Gabriela Alegre. Ante los reclamos, que incluyeron cambios en la estructura del Servicio Asistencial Médico de Emergencia (SAME), Telerman prometió una respuesta “en diez días”, dijeron al término del encuentro José Iglesias y Esteban Righi, voceros de los familiares. Una fuente del gobierno porteño dijo que fue “una reunión dura, por lo frontal del reclamo, pero que se desarrolló en un marco respetuoso”.

“Telerman nos respondió que estudiará el pedido y nos dará una respuesta en diez días”, confirmó Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas del incendio en el boliche bailable. Righi dijo que fueron “a reclamarle a Telerman una serie de respuestas políticas por lo ocurrido, porque nosotros pensamos que, más allá del plano judicial, hay que resolver cosas desde el plano político”. Righi dijo que “ya pasaron dos meses desde que (Telerman) se hizo cargo de la Jefatura de Gobierno y en un marco de respeto le hemos pedido respuestas”.

Righi pidió cambios en el SAME y en “otras dependencias del área de salud involucradas y relacionadas con la muerte de muchos chicos” por supuesta mala atención.

El encuentro se realizó en coincidencia con la difusión del fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que confirmó que Raúl Villarreal, el segundo de Omar Chabán en Cromañón, seguirá en libertad hasta la finalización del juicio oral por la tragedia. La Sala III de la Cámara rechazó un pedido para que se modificara la eximición de prisión de Villarreal, acusado de “estrago doloso seguido de muerte”, con penas de hasta 20 años de prisión. Sobre Chabán pesa la misma acusación y seguirá en prisión hasta el juicio.