El Consejo de la Magistratura recibió ayer un pedido de juicio político al juez federal Norberto Oyarbide por mal desempeño de sus funciones en una causa en la que debía investigar la supuesta reducción a la servidumbre de ciudadanos bolivianos en talleres textiles. La presentación fue hecha por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la cooperativa La Alameda, que denunció la situación de semiesclavitud en la que trabajaban decenas de personas. Según la presentación, los hechos que debía investigar Oyarbide “ingresan en el campo de la violación sistemática de derechos humanos”, por lo que era deber del magistrado investigarlos. La consideración de mal desempeño se apoya en que Oyarbide “eludió” iniciar una investigación. Los denunciantes señalan que el juez “aceptó como válidas las declaraciones de personas prestadas bajo presión, con el solo objeto de favorecer los intereses económicos de talleristas y de las firmas de indumentaria”, “eludió la investigación de la responsabilidad funcionarios de la Policía Federal, la Dirección de Migraciones, el Ministerio de Trabajo y al área de inspecciones de la Subsecretaría de Seguridad del gobierno porteño” y “trató de culpar a los denunciantes y de dirigir sobre ellos la investigación sobre un inexistente delito de falsa denuncia”. La semana pasada, la Cámara de Apelaciones revocó el fallo en que Oyarbide sobreseía a dos personas acusadas de violar leyes migratorias y someter a trabajo esclavo a ciudadanos bolivianos.