La clausura del Casino Flotante Princess, de Puerto Madero, empieza a convertirse en una historia repetida. La misma que tuvo su primer capítulo el 27 de marzo último y que ayer estrenó y bajó de cartel el segundo episodio. Un juez porteño ordenó la clausura y un vallado perimetral, que luego fue levantado tras la intervención de un magistrado federal. Mientras la disputa por la jurisdicción continúa, el Gobierno de la Ciudad realizará hoy una presentación ante la Corte Suprema de Justicia para que este conflicto alcance una solución definitiva.

Alrededor de las 17, el juez Roberto Gallardo ordenó la clausura de uno de los dos barcos que funcionan como casinos y fijó además una multa retroactiva que ya acumula 8 millones de pesos por presunta desobediencia a una suspensión de actividades del establecimiento, dispuesta el 23 marzo pasado, y que se hizo efectiva, al menos por unas horas, el 27 del mismo mes. También ordenó al Gobierno de la Ciudad colocar un vallado de 100 metros en torno al Casino.

Ayer la sala de juegos seguía funcionando como siempre, con el detalle de que sólo se podía ingresar caminando y sin vehículos. Una hora y media después de la orden de Gallardo, el juez federal Sergio Fernández dispuso el levantamiento del vallado y de la frustrada clausura.

La historia volvía a repetirse: el enfrentamiento por una cuestión de competencia entre la Justicia nacional y la porteña, que todavía no fue dirimido. El abogado Ricardo Monner Sans, quien realizó la denuncia sobre la base de la ley 538, que prohíbe la explotación privada de los juegos de azar en el ámbito de la ciudad, dijo a Página/12 que “ya hay fallos (en la Justicia porteña) que hablan de la ilegalidad del funcionamiento de los casinos, y que no pueden funcionar”.