El Estado nacional presentó una propuesta para otorgar títulos de propiedad a las comunidades aborígenes de Salta, que reclaman por 650 mil hectáreas en esa provincia. Lo hizo en el marco de la demanda contra la Nación que los aborígenes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a los derechos humanos de pueblos originarios. Ahora hay que esperar la opinión del Estado salteño, propietario de las tierras en cuestión. Dirigentes de las comunidades llegaron a Buenos Aires para solicitar que el tema sea prioritario para el Presidente: “Kirchner, salvá nuestras tierras”, volvieron a reclamar los indígenas, en su mayoría cazadores y recolectores.

La Asociación Civil de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat, que nuclea a 40 comunidades wichí, tapiete, chorote, chulupí y toba del departamento Rivadavia, en la provincia de Salta, es la que presentó la denuncia a la CIDH en 1998. La semana pasada el Estado efectuó una propuesta “que trata de acercar a las partes y que se basa en la Constitución de la provincia de Salta (artículo 15) y la Nación (artículo 75, inciso 17, que reconoce la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan). La misma se presentó al gobierno de Salta y a la CIDH”.

“Vamos a reunirnos con autoridades de la provincia para ver qué opinan”, comentó un funcionario de Cancillería que, junto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, elaboraron la propuesta. “La discusión central es si se entrega un solo título comunitario o distintos para cada comunidad”, señaló la fuente a este diario. La iniciativa propone “mejoras en infraestructura básica, comunicación entre comunidades, pozos de agua, luz”. El funcionario aclaró que “también deben tenerse en cuenta los intereses de los criollos que conviven con ellos”. Previa a esta iniciativa existía una propuesta provincial con la que los integrantes de las comunidades se mostraron en desacuerdo, ya que contempla el parcelamiento, de los terrenos.

La propuesta nacional “señala que se va a demarcar y mojonar el área de ocupación de uso tradicional de las comunidades. Ese uso tradicional debe ser mapeado”, comentó a Página/12 la antropóloga Morita Carrasco, del CELS, entidad que patrocina a Lhaka Honat. Los indígenas quieren un título comunitario y no pretenden la expulsión de los criollos ya que, dicen, “podemos convivir”.

Informe: M. S. Wasylyk Fedyszak