Víctor Hugo Saldaño, el cordobés condenado a muerte por la Justicia estadounidense, podría ver revocada su condena capital en las próximas horas. La posibilidad tiene sus fundamentos en que ayer, en una decisión histórica, la Corte Suprema de aquel país dictaminó que todas las penas de muerte dispuestas por jueces y no por jurados deberán ser revisadas. En el caso de Saldaño, su culpabilidad respecto del asesinato de un comerciante texano en 1995 había sido declarada por un jurado del condado de Collins, mientras que la pena fue determinada por un magistrado de Texas. De esta forma, el fallo quedaría nulo y la sentencia debería dictarse nuevamente con las modificaciones correspondientes.
“De confirmarse la noticia, el primer paso que daremos será pedir la nulidad del juicio y el segundo, exigir la prohibición de la pena de muerte a Saldaño, ya sea por la vía de la clemencia, del perdón o de un fallo judicial”, adelantó a Página/12 el abogado del cordobés en Argentina, Juan Carlos Vega. Recién desayunado con la nueva, Vega, que lleva adelante la acusación internacional en Washington contra el Estado norteamericano por entender que hubo racismo en el fallo contra Saldaño, explicó que la decisión del Tribunal Supremo podría abrir las puertas a una “solución amigable”. Así podría hacerse valer la Declaración Americana sobre Derechos Humanos de 1948 y evitarse la pena capital.
La histórica resolución tomada ayer por la Corte Suprema estadounidense sostiene la primacía de la Sexta Enmienda de la Constitución nacional, según la cual toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus pares, o sea, por un jurado. Con siete votos a favor y dos en contra, fue revocado el fallo emitido en 1990 por el mismo tribunal, basado en la ley de pena capital del estado de Arizona. “Hemos concluido que los imputados por crímenes capitales, no menos que otros acusados, tienen derecho a que un jurado determine acerca de cualquier factor sobre el cual la ley condiciona un incremento en su castigo máximo”, indicó la jueza Ruth Bader Ginsburg, en representación de los impulsores del cambio.
Según el cálculo de los expertos, la modificación derivará en la revisión de por lo menos 168 casos de los estados de Arizona, Colorado, Idaho, Montana y Nebraska. Sin embargo, la cantidad de “beneficiados” podría llegar a 800, siempre que se computen los juicios en los que hubo participación de un jurado de ciudadanos aunque sin intervención en la decisión sobre el castigo. Así, los 629 internos que actualmente aguardan su ejecución en el “pasillo de la muerte” de las cárceles de Texas, Alabama, Delaware, Florida e Indiana, entre otras, serían incluidos dentro de los casos a revisar.
“Es importante aclarar que en ningún momento se está revocando o suspendiendo el dictamen de culpabilidad de los acusados. En términos prácticos, la decisión del Tribunal Supremo exige una evaluación de la fase de sentencia de los casos”, advirtió al respecto la abogada Wendy Patten, de la organización internacional Human Rights Watch (HRW) en Washington. “La interpretación que ha dado el Tribunal de la Sexta Enmienda de la Constitución simplemente dice que así como el preso tiene derecho a ser juzgado por un jurado, ese jurado también es el que debe determinar, además de su culpabilidad o inocencia, el castigo que le corresponde”, agregó Patten.
Por su parte, la jueza Sandra Day O’Connor, una de las voces disidentes junto al magistrado William Rehnquist, se mostró escéptica frente al punto de vista de la mayoría. Según O’Connor, el fallo de sus colegas será una pérdida de tiempo tanto para los acusados como para los tribunales. En su opinión, los primeros “probablemente no tendrán éxito en su apelación”, mientras que los segundos “afrontarán una gran carga en esos cinco estados”. Lo extraño fue que, a pesar de su descreimiento, la jueza concluyó advirtiendo a la población sobre la posibilidad de que las condenas de muerte a los presos culpados de homicidios se terminaran declarando inconstitucionales. Ya el jueves pasado, la misma Corte se había pronunciado en contra de la ejecución de retrasados mentales, en una decisión que afectará a 20 de los 38 estados del país en los que se aplica la pena de muerte desde su reimplantación en 1976, y que salvará la vida de varios centenares de condenados con deficiencias mentales.
En el caso de Saldaño, ésta sería la segunda vez que logra esquivar la inyección letal. En junio de 2000, la Corte Suprema había decidido anular su ejecución argumentando que los fiscales la habían conseguido basándose en su condición de hispano. Pero tiempo después la justicia texana no tuvo en cuenta esa advertencia y ratificó la condena. Hace apenas un mes, el fiscal general de Texas, John Cornyn, admitió por segunda vez la existencia del “error judicial” al que llevó la interpretación de un psicólogo jamaiquino, quien juzgó como “peligroso” el hecho de que Saldaño fuera un hombre joven y latino. “Nos vamos a basar en el reconocimiento de Cornyn del error para pedir la anulación de la pena de muerte. Consideramos que es importantísima para el caso”, concluyó su abogado, Juan Carlos Vega.
Informe: Darío Nudler