Unos sesenta estudiantes de escuelas secundarias de Mendoza fueron detenidos ayer por la policía de la provincia cuando se manifestaban frente a la Casa de Gobierno local, en reclamo por la falta de gas y la presencia de ratas en sus escuelas. Durante cerca de nueve horas, los estudiantes fueron alojados en dos comisarías y cinco de ellos presentaban lesiones. La policía señaló que los detuvo por “causar daños a un patrullero, al transporte público y robar una radio policial”. No obstante, no se inició ninguna causa judicial por esos hechos. Para avalar las detenciones, el vicegobernador se refirió a una supuesta orden de un juez de Menores, pero más tarde el mismo magistrado desmintió haberla dado. El abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, consideró que “las detenciones fueron absolutamente ilegales”.

Si el Servicio Meteorológico Nacional no falla en su pronóstico, hoy a las 9 en la ciudad de Mendoza los termómetros marcarán tan sólo 4 grados. Teniendo en cuenta la falta de gas y de calefacción en 186 escuelas de la provincia, algunos de los alumnos decidieron hacerle frente al clima destemplado mostrando su descontento frente a la sede del gobierno provincial. Alrededor de 300 alumnos de entre 13 y 15 años de la escuelas de educación media Angel Servera y del Centro de Capacitación y Trabajo Armani, del departamento de Godoy Cruz, marcharon para pedir que vuelvan a conectar sus escuelas a la red de gas, de la que están aislados por las deficientes instalaciones de los edificios donde estudian.

Ningún funcionario llegó a recibirlos en la sede del Ejecutivo. Los que cerca del mediodía se ocuparon de la recepción fueron unos 300 policías armados que los rodearon cuando se estaban acercando a la explanada de la Casa de Gobierno. Entonces, a los que pudieron atrapar en las corridas los detuvieron y los hicieron subir a camionetas de la policía.

Según el comisario Daniel González, los estudiantes fueron apresados por “causar daños a móviles policiales, vehículos públicos de pasajeros y sustraer una radio policial mientras se movilizaban”. También agregó que las detenciones se llevaron a cabo “por orden del juez de Menores Ismael Jadur”, que, de ser real, se habría emitido con una notable rapidez. La misma disposición de la Justicia para dar legitimidad a la represión fue utilizada por el vicegobernador Juan Carlos Jaliff. Por la tarde, desde la Subsecretaría de Seguridad defendieron lo hecho por la policía e indicaron que un patrullero fue dañado en la marcha.

Sin embargo, algunas voces empezaban a contrastar con la supuesta legalidad de las detenciones. El senador provincial Daniel Cassia y el diputado Guillermo Carmona aseguraron que habían hablado con el juez y les negó haber dado la orden de detención. Al parecer, el magistrado se limitó a recibir la información de la policía acerca de los estudiantes detenidos y dispuso que fueran trasladados a la Comisaría del Menor, en el departamento de Guaymallén.

“Se han violado todos los procedimientos reglamentarios para detener a un menor de edad”, afirmó Cassia, quien remarcó que los estudiantes “sólo estaban ejerciendo su derecho a reclamar a las autoridades por el pésimo estado en el que están tomando clases”.

Los sesenta chicos permanecieron en la Comisaría del Menor hasta que Jadur ordenó liberarlos y los padres fueron a buscarlos. Algunos debieron esperar que volvieran de trabajar y estuvieron en las celdas hasta pasadas las 19. Las revisiones médicas que se les hicieron evidenciaron que cinco tenían golpes.

Incluso uno de los chicos, R. G., de 14 años, logró evitar que la policía lo detuviera en la manifestación, pero horas más tarde la policía lo fue a buscar a su casa y lo alojó en la comisaría 27ª, hasta que lo liberaron, denunció el abogado Pablo Salinas.

“Es totalmente ilegal detener a chicos de 13 años y meterlos en calabozos. La policía actuó sin orden judicial y ninguno de los chicos está acusado formalmente de nada”, explicó Salinas a Página/12. El abogado presentó un hábeas corpus ante la Corte Suprema mendocina para que liberaran a los adolescentes. “Utilizaron como argumento un hecho particular, como el daño a un móvil policial, para realizar detenciones masivas de menores. Pero no iniciaron ninguna causa por eso”, sostuvo.

Otro hecho que puso en la mira el modo en el tratamiento policial hacia los menores de edad ocurrió hace diez días. Un grupo de chicos intentó robar la carga de carbón de un tren de carga en un barrio de Luján de Cuyo y la policía les respondió a balazos. Uno de los chicos, de 14 años, murió y otros dos, de 13 y 2, resultaron heridos. Para repudiar estos hechos, organizaciones de derechos humanos de la provincia marcharán mañana a las 18 hasta la Casa de Gobierno.

Informe: Lucas Livchits