Cuanto más se acerca la fecha del juicio oral contra Julio César Grassi, más endeble es la certeza de que empiece efectivamente el 3 de julio. La aparición de la prueba que quedó afuera de la causa (la pericia psicológica revelada por Página/12, que asimila el comportamiento del cura con el de un “delincuente sexual”) derivó en una denuncia penal en contra del tribunal por “ocultamiento de pruebas” que hoy presentará el abogado de uno de los denunciantes. Además, la Fiscalía recusó ayer a los jueces por “prejuzgamiento” cuando se defendieron públicamente de las acusaciones. A esto se suma la investigación sobre la actuación de tribunal por parte de la Corte bonaerense, que ayer ya retiró copia del expediente de Morón. El tribunal, en tanto, salió de nuevo a sostener que trabaja con “imparcialidad” y que todo se trata de “una campaña de desprestigio” en su contra.

Los fiscales que trabajan en el caso Grassi, Sandra Míngolo, Alejandro Varela y Carolina Rodríguez, plantearon ayer formalmente que los jueces Pedro Rodríguez, Rodolfo Castañares y Carlos Torti “emitieron opiniones anticipadas” sobre el juicio, cuando en declaraciones periodísticas intentaron rechazar las acusaciones en su contra.

El último episodio del caso ocurrió el jueves pasado, cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el abogado Juan Pablo Gallego, ambos del Comité por los Derechos de los Niños, se presentaron ante la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, para denunciar que los fiscales y el tribunal no son “imparciales”. Además, le entregaron una pericia psicológica realizada a Grassi en El Calafate en otra causa por supuesto abuso, en la que los peritos aseguran que el cura tiene “indicadores similares del perfil psicológico que poseen los delincuentes sexuales”. Gallego denunció que el expediente de El Calafate fue rechazado como prueba en el próximo juicio pese a que fue “parte de la investigación en Morón”.

Los jueces negaron entonces que trabajen con parcialidad. Los argumentos les valieron la denuncia de los fiscales, pero ayer insistieron en defenderse. En diálogo con Página/12, Pedro Rodríguez aseguró que “no podemos traer todo el expediente en bloque de otro juicio (en referencia a la investigación de El Calafate) porque eso viola varias normas legales y constitucionales”, pero sostuvo que “estamos en plazo para que las partes ofrezcan pruebas. Lo cierto es que esa pericia, de la que nosotros nos enteramos por los medios, nunca fue presentada por alguna de las partes. Si la presentan, la evaluaremos como corresponde”.

La visión de Carlotto, Gallego y Eduardo Valdés, el nuevo abogado de “Gabriel” –el denunciante de Grassi que ya no es reconocido como parte querellante en la causa–, es diferente. Valdés presentará hoy una denuncia penal contra el tribunal por “ocultamiento de pruebas”, ya que considera que en la causa de El Calafate hay elementos “importantes para la defensa de los chicos y a pedido de los abogados de Grassi fueron descartados”. “Antes de descartar una prueba, el tribunal debió analizar si había méritos para usarlos en esta causa”, indicó Valdés.

La Suprema Corte de Justicia, por su parte, puso en marcha la investigación al tribunal, por las supuestas irregularidades denunciadas por Gallego y Valdés: ayer fueron retiradas de Morón copias del expediente. El eje de la denuncia es la polémica en torno de la audiencia preliminar del juicio. Gallego denunció que los jueces no lo dejaron entrar pese a que tiene carácter público. La postura del tribunal es que Gallego ya no era parte, pues había dejado de ser el abogado de Gabriel.

El tribunal, en tanto, se muestra confiado en que el juicio comience el 3 de julio. Las denuncias en su contra lo ponen en duda. Pero además, luego de la reunión de Carlotto con Falbo, la Procuración pediría cambiar los fiscales. En principio sólo quedaría Míngolo.