Precisos, como hilo que se inserta en el ojo de una aguja, fueron los dos escraches que la Unión de Trabajadores Costureros (UTC) efectuó ayer contra talleres clandestinos que emplean (o “esclavizan”) a trabajadores bolivianos. El primero tuvo por objetivo un establecimiento que –según la UTC– trabajaría a su vez para una conocida marca de indumentaria. El segundo escrache señaló a un taller cuyo propietario tenía otro local que el gobierno porteño clausuró y, entonces, mudó sus actividades a esta otra casa. La precisión política de estas acciones consiste en que están planeadas para fundamentar las cuestiones centrales denunciadas por el gremio de costureros: que la actividad de los talleres clandestinos se sostiene en la demanda de reconocidas empresas de indumentaria, las cuales serían jurídicamente responsables por la superexplotación de los trabajadores; que las clausuras efectuadas por las autoridades –a partir del incendio en la calle Luis Viale– son inefectivas, porque los patrones, en posesión de las máquinas, reabren o mudan sus establecimientos. El reclamo central es que las máquinas sean confiscadas y entregadas a los trabajadores para que asuman la producción en forma cooperativa.

“Vamos a ir a una marcha”, explicó a Página/12 Melvin, de cinco años, mientras, con sus manitas cobrizas, agitaba la whipala, bandera que, con los colores del arco iris, identifica a los pueblos originarios. Su hermano Daniel, de nueve, aclaró que los padres “trabajaban” en uno de los talleres cerrados. Y Alberto Rojas, el padre, advirtió que “los talleres clausurados siguen trabajando: simplemente sacan la faja de clausura, o bien se mudan, en la ciudad misma o a la provincia. Y el gobierno de la ciudad no se hace cargo de los trabajadores que quedaron en la calle. A estos ‘paisanos’, los mismos compatriotas explotadores que los habían traído de Bolivia los echan a la buena de Dios si ya no les convienen o si no aceptan las condiciones de trabajo”. La solución estaría en “las máquinas: nosotros reclamamos las máquinas; que las confisquen y nos den las máquinas para poder trabajar”, solicitó Rojas.

“Muero por la ropa de Kosiuko. Firma: un trabajador de un taller clandestino”, decía un cartel que los manifestantes, provistos de una gran olla con engrudo, pegaron en el frente del local de Bermúdez 45, donde, a las 17.35 de ayer, empezó el primer escrache. El local, de dos plantas, tenía las cortinas metálicas y las puertas cerradas, aunque por una ranura se vislumbraban carreteles y hasta se sentía el olor característico de las telas. Según la Unión, trabajan allí 12 personas, de nacionalidad boliviana. Sobre la cortina metálica, la UTC fijó un cartelón: “Clausurado por usar esclavos en talleres truchos”. Otro cartel decía: “Kosiuko tiene 14 locales propios, 30 locales exclusivos y exporta a 20 países. Pero ¿cuántos talleres esclavos tiene?” Y otro: “Soy una chica fashion. No me importa que algunos trabajen 18 horas por día por 300 pesos. Total yo gano más”. Y otro: “La moda mata con glamour”.

Página/12 intentó en vano comunicarse con la firma Kosiuko para trasmitir su perspectiva.

Gustavo Vera, vocero de la UTC, sostuvo que “el 28 de mayo venció el plazo que Enrique Rodríguez (ministro de Producción de la Ciudad) había dado a los fabricantes de famosas marcas para informar en qué talleres confeccionan sus prendas, pero no pasó nada”.

Los manifestantes, con redoblantes, bombos y máscaras de calaveras, coreaban: “No queremos más esclavos,/ no alcanza con carteles/ que digan ‘Clausurado’”. Una de sus pancartas decía: “Inmigrantes traídos engañados, hacinados, en jornadas de 18 horas. Maltrato. Tuberculosis”. Cuando ya se retiraban del primer escrache, un vecino les avisó que allí cerca había otro taller clandestino: era en el subsuelo –cerrado, se veía luz por las claraboyas– del local situado en Yerbal y Canónigo del Corro. “Es fácil detectar estos talleres; en la ciudad hay 1900”, comentó Gustavo Vera, vocero de la UTC.

El segundo escrache tuvo lugar en un local sin número visible, en la calle Pilar al 1800. Los carteles que el engrudo de los manifestantes puso en su sitio decían: “Aquí se trabaja de 7 a 1 de la madrugada; se come arroz, fideo o papa; se pagan centavos por prenda; trabajan para la marca Eagle; los costureros están encerrados toda la semana; te amenazan de muerte si los denuncias”. Un joven, pidiendo reserva de su nombre, contó: “Yo trabajé para estos talleristas: el horario era de 7 a 22, y a veces hasta la 1 de la mañana; ganaba 350 pesos; dormía en una piecita con otras cinco personas”.

Otro cartel, en el local de la calle Pilar, precisaba: “Este taller trabaja junto a los talleres esclavos de Rafaela 3850 (clausurado y mudado aquí) y Olivera 1238. Tiene locales de venta en la calle Concordia y puestos en La Salada donde venden sus prendas con la marca Eagle”. Según comentó Vera, “esto prueba que las clausuras son truchas: cuando el taller fue clausurado, se mudó acá. Desde el incendio de Luis Viale, ningún taller fue decomisado y ninguna marca fue sancionada”.

Vera sostuvo que “la Ley 12.713 establece la solidaridad penal, respecto de las condiciones de trabajo, para la empresa que encarga la mercadería. La Cámara del Vestido quiere derogar esta ley, que llama ‘vetusta’ pero que es de avanzada: está en la línea de lo que reclaman las ONG que en todo el mundo luchan contra la superexplotación en la costura. Sólo falta que la ley se aplique”.