La reforma constitucional de 1994 está asociada al Pacto de Olivos, esa negociación que permitió la reelección de Carlos Menem y que el radical Raúl Alfonsín defendió por las reformas que tendrían que haber atenuado el régimen presidencialista. Doce años después y luego de mucho tiempo en que el Ejecutivo hizo valer su peso con la firma de no pocos decretos de necesidad y urgencia, el Senado aprobará hoy un proyecto que permitiría al Legislativo cumplir con su tarea de control. Lo haría a través de la creación de una comisión bicameral pensada por la Convención Constituyente. Impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, la iniciativa establece que para rechazar un DNU es necesario el pronunciamiento expreso de las dos cámaras del Congreso. Además de conformar la comisión bicameral, el proyecto establece que si la comisión no se pronuncia en diez días, las cámaras podrían pedir su tratamiento, aunque no establece plazos para que esto ocurra. Con reparos, el radicalismo comprometió su apoyo al proyecto presentado por la primera dama.

La bancada de la UCR intentará modificar algunos puntos cuando el proyecto se debata en particular. El titular del bloque, Ernesto Sanz, propone que se imponga al Congreso el término de 60 días para su pronunciamiento. Aunque reconoce que la iniciativa “viene a saldar una vieja deuda constitucional, ya que el uso y el control parlamentario de los decretos debió haber sido reglamentado en 1994”, también advierte que “si el decreto no es tratado dentro de un período determinado, el texto queda vigente y ése no es el espíritu del artículo 99 de la Constitución”.

Luego del entusiasmo que la discusión del tema produjo en la oposición, el radicalismo reparó que si bien el proyecto alentado por la primera dama establece que los decretos no pueden aprobarse por sanción ficta, es decir convalidarse por falta de tratamiento, ayer afirmaron que “la realidad es que al no fijarse un plazo perentorio para su tratamiento, las decisiones entrarían en vigencia hasta que, en algún momento, el Congreso decida discutirlos y determine si los ratifica o rechaza”.

A pesar de apoyar la iniciativa, la bancada radical recordó ayer a través de un comunicado de prensa que en 2002 Fernández de Kir-chner había impulsado un dictamen que “proponía que en 20 días hábiles ambas cámaras debían expedirse sobre cada decreto y establecía que si una sola de las cámaras lo rechazaba, el DNU quedaba sin efecto”. A diferencia del de aquella fecha, el proyecto que hoy se discutirá en el Senado establece que el rechazo a un decreto presidencial tiene que contar con el voto de la mayoría calificada en Diputados y también en Senadores.

“No se puede paralizar el país”, respondió la senadora cuando el radicalismo objetó que si el Congreso nunca trataba los decretos éstos quedarían vigentes. Palabras más, palabras menos, ese es también el argumento que suele repetir el titular de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto. Lo cierto es que aunque los decretos queden vigentes, un gobierno que cuenta con holgada mayoría en los cuerpos parlamentarios no tendría que demorarse en lograr la aprobación de sus iniciativas, porque corre el riesgo de que esos DNU se discutan años después, cuando el apoyo de los legisladores no le sea tan favorable. Sin duda que hoy habrá un alto debate en el que los argumentos jurídicos se entrecruzarán con los políticos y los históricos. El apoyo al proyecto está descontado. El radicalismo tendrá objeciones en el debate en particular y el senador socialista Rubén Giustiniani adelantó que votará en contra.