Cuarenta y cuatro empresas, tres gobiernos y un centenar de vecinos. Como acusadas o denunciantes, son tantas las personas involucradas en la causa judicial sobre la contaminación del Riachuelo, que la Corte Suprema lleva varios días sumergida en un dilema práctico con miras a la audiencia pública que convocó para septiembre: ¿cómo va a hacer para meter tanta gente en una sala que tiene capacidad sólo para ciento ocho asistentes? La única certeza que por ahora tienen Sus Señorías es que quieren garantizar que haya lugar no sólo para los protagonistas naturales del caso sino para todo el público que quiera presenciar el debate. Una de las variantes que analizan es poner una pantalla gigante en el hall principal del cuarto piso del Palacio de Justicia.

En una resolución sin precedentes, el mes pasado la Corte Suprema intimó a los gobiernos nacional, bonaerense y porteño a presentar un plan de recuperación del Riachuelo, la cuenca más contaminada del país. A las empresas involucradas en la polución de la zona las conminó a entregar informes sobre el impacto ambiental de sus actividades y a dar cuenta de los líquidos que vierten a las aguas, sus emisiones gaseosas y cómo tratan sus desechos industriales.

La fecha límite que tienen todos para llevar sus explicaciones por escrito es el 23 de agosto. Hasta ahora nadie pidió prórroga, según informaron en el alto tribunal a Página/12. El siguiente paso será la audiencia pública, prevista para el 5 de septiembre. Allí cada quien tendrá que exponer todo lo que la Corte exigió. También podrán hablar los vecinos que hicieron la denuncia que originó el expediente. Fue un grupo de 140 personas, muchas de ellas habitantes del asentamiento conocido como Villa Inflamable, en Dock Sud, donde las napas subterráneas que abastecen al conurbano están contaminadas con metales pesados, como plomo puro.

No es la primera vez que la Corte llama a una audiencia abierta, donde se espera que las partes asuman compromisos para salir de la situación crítica. El año pasado implementó el mismo sistema ante la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales por el hacinamiento en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y el maltrato a los presos. Ambos casos tienen un punto fuerte en común: la Corte intervino para marcar la ausencia de una política de Estado. El de las cárceles fue convocante, pero los supremos presumen que el del Riachuelo superará todas las marcas. Ahora están preocupados por cómo harán para que el acontecimiento no se convierta en un caos.

En sus últimos plenarios, los jueces se pusieron a sacar cuentas. Sólo suponiendo que por cada empresa vayan dos representantes, habría ochenta y ocho asistentes. Si se suman los equipos de Medio Ambiente del gobierno nacional, de la administración de Jorge Telerman y de la de Felipe Solá, serán más de cien personas seguro. Y hay que agregar los vecinos denunciantes. En la Corte, además, dan por hecho que habrá organizaciones no gubernamentales, medios periodísticos y gente suelta que querrán presenciar el acontecimiento.

La intención de los jueces máximos es que haya lugar para todo el mundo, que el debate esté bien a la vista. Pero hasta ahora los cálculos superan por lejos la capacidad de la sala principal ¿Cómo harán?

Por una vez, el hall central del cuarto piso del Palacio de Justicia, donde las baldosas brillan y los pasos hacen eco, podría perder su solemnidad. Una de las ideas de los ministros es colgar ahí una pantalla gigante que muestre en directo lo que pasa al lado, en el recinto. Tampoco descartan como salida poner la pantalla en la sala de la planta baja del edificio donde se hizo el Juicio a las Juntas. Un tema aparte: ignoran si un día bastará para que todos expongan su parte, por lo que no descartan desdoblar el cronograma en más de una jornada.

Cuando termine esta etapa, el tribunal deberá tomar una decisión sobre la medida cautelar que pidieron los denunciantes para que se cree un fondo público de 500 millones de dólares que sirva para reparar el daño a las víctimas de la contaminación.

Mientras tanto, los tres gobiernos implicados preparan una respuesta conjunta para elevar a la Corte y esta semana se reunirán por tercera vez. La nueva secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, creó una Unidad Especial para ocuparse del plan de salvataje de la cuenca Matanza-Riachuelo, que tiene 64 kilómetros y un radio de influencia sobre 4,6 millones de habitantes. Al asumir anunció que enviaría al Congreso un proyecto para que se declare la “emergencia ambiental”.

El esquema que propondrá la secretaría para recuperar el Riachuelo apuntará primero a frenar la contaminación y dar asistencia a los vecinos de la zona afectada. Después se podrá pasar a la etapa de limpieza. Para detener la polución se analizan varios caminos: lograr que se retiren fábricas de la zona, que las empresas reconviertan su tecnología y que se apliquen multas. Es posible que la secretaría promueva también una reforma de la legislación vigente y que se replantee los mecanismos de control. Otro ítem será la renovación y ampliación del sistema cloacal.

El área de medio ambiente bonaerense es proclive a “mover a las empresas” –dice un funcionario–, en especial las más contaminantes, que están en el Polo Petroquímico Dock Sud. Pero advierten que primero hay que establecer “una política de recuperación” y hacerse a la idea de que, en términos realistas, ponerla en práctica puede llevar dos décadas.

Entre las cuarenta y cuatro compañías denunciadas figuran las petroleras Repsol-YPF, Petrobras, Shell, Eg3, Sol Petrolero, algunas alimentarias como Danone, Molinos y la cervecera Bieckert, varias curtiembres, textiles y la automotriz Mercedes Benz. Además de explicar sus procesos productivos, tendrán que informar si tienen seguros de cobertura que la ley les obliga a contratar para garantizar la recomposición de potenciales daños.

En las empresas hay preocupación. Shell, por ejemplo, acaba de invitar a un grupo de periodistas a recorrer su refinería, ubicada frente a Villa Inflamable. La carta de convocatoria dice que quieren mostrar que “contamos con instalaciones que responden a las más altas exigencias a nivel mundial”. Una movida similar hizo la empresa Botnia en medio del conflicto de las papeleras de Fray Bentos, cuando llevó periodistas argentinos a su tierra nativa, Finlandia, a ver sus principales plantas. Allí, como parte de la estrategia de marketing, uno de los directivos se tomó frente a las cámaras un vaso de agua sacada directamente del lago donde las pasteras arrojan sus desechos. ¿Alguien se animará a beber un vaso de agua del Riachuelo?