Al refrán popular que dice que a las armas las carga el Diablo lo desmienten Martín Ríos y su Bersa .380. Todo parece indicar que a la pistola que dio muerte al pibe Alfredo Marcenac la cargó su legítimo usuario, de la mano de un sistema que provoca más muertos al año que los accidentes de tránsito. La página web del Renar es una de las pruebas de ello: debe ser la única dependencia oficial que apela al sistema delivery para promover sus recursos. “Vamos a su casa”, dice en un botón destacado con el icono de un hogar, ubicado en la parte inferior a la izquierda, y que promueve la visita a “su domicilio” de un asesor del Renar munido con formularios a llenar, y equipo de fichas dactiloscópicas para completar todo sin moverse del living. Y, se sabe, no hay nada más seguro que el propio hogar. Al inicio de la página web, un cartel rojiverde divide la pantalla en dos y dice: “Usted elige de qué lado estar. Usuario legal o delincuente”. La campaña se basa en dos supuestos que el caso Martín Ríos parece haber desmoronado de un soplido: aquel que dice que las armas legales no matan y que olvida que las armas en negro alguna vez no lo fueron.

Tres días después de que el misterioso y seguramente oscuro asesino de Cabildo se transformó en el loquito de barrio, en un pibe raro pero de los nuestros y, fundamentalmente, rubiecito, el Renar había salido a la palestra a zanjar posiciones y anticipar críticas. Ríos “renovó su condición de legítimo usuario de armas de fuego en el 2005 –sostuvo el informe del Renar–, acreditó su identidad, medios lícitos de vida, ausencia de antecedentes penales, su estado de salud psicofísica y la idoneidad en el manejo de armas de fuego”.

Página/12 ya reveló la facilidad con que Ríos resolvió cada uno de los requisitos exigidos por el Renar para transformarse en legítimo usuario de armas. “Ríos cumplió con todo lo que el organismo exige para ser un legítimo usuario –aseguró Gabriel Conte, ex subsecretario mendocino de Relaciones con la Comunidad que impulsó en su provincia el exitoso Plan Canje de armas y miembro de la Red Argentina para el Desarme–. Los requisitos del Renar no sirven.”

El interesado debe ser aceptado, primero, como legítimo usuario. Sólo ese carnet habilita al uso de armas y es renovable cada cinco años. Lo otorga el Renar con asesor delivery, o a través de las armerías. La facilidad con que se superan los requisitos suena al absurdo, pero son ciertas: certificado de domicilio real, DNI, certificado de antecedentes penales, certificado de trabajo y certificado de examen psicofísico. El examen psicofísico consiste en una planilla que el médico debe completar con datos del interesado. En la página web del Renar no existe ninguna indicación al médico, a excepción del formulario. “El trámite se puede hacer en una armería –sostuvo Darío Kosovsky, del Inecip, autor del libro El ciudadano Sheriff. Armas y violencia en Argentina y miembro de la Red–. Y la armería es la principal interesada en que el interesado reciba el carnet de legítimo usuario. El Renar se financia con lo que produce una Comisión Cooperadora de Armerías, que es una cámara empresaria cuyo interés es promover el mercado y la venta de armas.”

Sencillo. El zorro a cargo de la salud del gallinero.

Según las cifras del Renar, en 2004 había 1.123.059 armas de fuego, incluyendo armas de uso civil y armas de guerra o de uso civil condicional, como la Bersa del loquito de barrio; armas que se encuentran en manos de 635.822 usuarios. Sin embargo, en el mismo territorio pero bajo cuerda, circula un número negro de armas. Algunos le ponen la cifra al doble de los números legales, para el caso alrededor de 2.250.000 de armas, aunque la cifra es difícil de sustentar.

“Lo que le cuestionamos al Renar es que su discurso es que las armas legales no matan y que las que son peligrosas son las ilegales. Hay que recordarle al Renar que todas las armas nacieron legales”, sostuvo Conte.”Al contrario de lo que sucede con las drogas, cuyo recorrido es esencialmente clandestino, en el caso de las armas de fuego son casi en su totalidad producidas legalmente, hasta que en cierto punto la cadena comercial se desvía hacia el mercado ilícito”, sostuvo Diego Poretti, licenciado en Ciencias Políticas e integrante de la Red.

¿Cómo es el recorrido de las armas fabricadas legalmente y que luego derivan al circuito clandestino? “Mayormente son robadas a la gente que las tiene en sus casas –aseguró Conte–. En Mendoza se había llegado a datos que indicaban que se robaban mil al año.”

Entre ese circuito negro incluso el robo de armas pasó a ser una industria. “Cuando entran a robar lo primero que quieren es saber si tenés armas para robarlas –aseguró Carlos Comi, titular de La Comuna, una ONG rosarina de defensa de los derechos del ciudadano que también integra la Red–. El robo de armas se montó como un verdadero negocio. Hicimos una investigación sobre los robos. Entran a robar pero primero entran a robar armas.” No será la primera vez que se detenga a algún policía o militar con un arsenal en su casa. Hay bandas que se dedican especialmente a robar armas para vender a otros que a su vez montan bandas que alquilan armas a asaltantes y que cobran montos o un porcentaje de lo robado como alquiler.

El circuito parece claro: la profusión de armas en la población es la principal fuente de armamento en negro que luego será utilizado para asaltar a esa misma sociedad que dice comprar armas para protegerse. Pero el laberinto se revuelve aún más. “En diciembre del ’96, una acordada de la Corte menemista –aseguró Kosovsky– resolvió que las armas incautadas en procedimientos y a disposición de la Justicia sean trasladadas por la policía a arsenales del Ejército y allí quedaran estacionadas hasta que sean vendidas en subastas públicas, de lo que también se encargaría la Corte.” La acordada inició el 1º de enero del ’97 y tiene una duración de 10 años con renovación automática.

De ese modo, las armas recuperadas del circuito ilegal, en lugar de ser sacadas de circulación, son reinsertadas en el sistema, pero como bicocas. Por otro lado, los depósitos de armas en situación judicial son virtuales oficinas de alquiler de armas en negro. Se cobra por horas y por días. El arma debe retornar en determinada fecha o darla por robada. Existen infinidad de causas archivadas por robo de armas en poder de la Justicia.

Siguiendo con los números del Renar, si en 2004 la cifra de armas era 1.123.059, en 2003 eran 1.084.981; en 2000, las cifras alcanzaban a 845.475, y cinco años antes, 239.756. Sí, en diez años la cantidad de armas se multiplicó 4,7 veces.

“Tenemos que decidir si como sociedad estamos dispuestos a seguir tolerando las armas, si queremos ser Brasil o Colombia”, sostuvo Comi. “El Estado promueve el mercado de las armas, aunque en el discurso aparece restrictivo –dijo Conte–. Sabe cuántas armas se fabrican, cuántas se exportan, cuántas se importan y cuántas se venden en el mercado interior. Si se conocen las cifras, no debería haber remanentes. Porque los remanentes, en la estrategia del mercado, se venden y para venderlos debo incentivar a la sociedad la necesidad del consumo. El Estado no solamente no es capaz de impedir la circulación de las armas. También es incapaz de prevenir, de impartir justicia, instala la idea de la inseguridad porque los mismos funcionarios hacen gala de estar armados por seguridad. Por qué la población no va a comprar armas para protegerse. Entiendo que a alguna gente le agarre el pánico y compre un arma, porque compra la idea de la seguridad enlatada que después se le vuelve en contra. Para evitarlo, porque el crecimiento es geométrico, se deben cambiar los paradigmas de la sociedad; el Estado debe intervenir de otro modo, se debe controlar y generar políticas públicas, desarrollar una política criminal en la que el desarme de la sociedad sea un resorte más y no la solución definitiva. Si el Estado no lo hace teniendo todas las herramientas es porque no es capaz de hacerlo.”