Dom 06.08.2006

SOCIEDAD  › LA POLEMICA POR EL CASO LMR SEGUN UNA ESPECIALISTA

“El aborto es una cuestión de justicia social”

Ana María Pizarro Jiménez es argentina pero vive hace más de veinte años en Nicaragua, donde dirige una clínica alternativa de servicios a la mujer. Como médica, piensa que la manera en que terminó el caso “habla mal de los médicos argentinos” y es un típico ejemplo de discriminación hacia los pobres.

› Por Mariana Carbajal

Ana María Pizarro Jiménez es una conocida dirigente feminista en Nicaragua. Además es tocoginecóloga y argentina. Cuando fue el caso de Rosita, la nena nicaragüense de 8 años que quedó embarazada en una violación, a cuyo aborto se opusieron la Iglesia y el gobierno, Pizarro Jiménez tuvo un activa militancia para que se le practicara la intervención, avalada, como en el caso de la joven L.M.R., por la legislación. Luego de una ardua pelea, a Rosita el aborto se lo hicieron en una clínica privada tres médicos cuyos nombres nunca trascendieron. “Espero que pase lo mismo en Argentina. Habla mal de los médicos de aquí que digan que a las 20 semanas de gestación no se pueda hacer un aborto”, cuestionó Pizarro Jiménez, en una entrevista con Página/12, en la que descargó toda su indignación por el desenlace que tuvo la historia de la adolescente del conurbano, discapacitada mental, a la que un Comité de Bioética le negó la posibilidad de interrumpir el embarazo producto de un abuso sexual.

Pizarro Jiménez viajó a Buenos Aires para participar como panelista en el Seminario Internacional Aborto, Derechos, Subjetividad y Poder, que tuvo lugar en el Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, organizado por la ONG Católicas por el Derechos a Decidir. La casualidad quiso que el encuentro coincidiera con la triste historia de L.M.R. Pizarro Jiménez tiene 55 años y actualmente integra la coordinación de la Campaña por la Despenalización del Aborto en América latina y el Caribe. Vive en Nicaragua desde fines de la década del ‘80, donde se exilió tras estar detenida cuatro años como presa política durante la última dictadura militar, por su militancia estudiantil en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Hace 15 años fundó en Managua el centro alternativo feminista Si Mujer, donde han recibido atención más de un millón y medio de mujeres y adolescentes nicaragüenses.

–¿Cómo analiza el caso de la joven discapacitada mental a la que la Corte bonaerense le dio el aval para abortar pero a quien los médicos no quisieron realizarle la intervención?

–Este caso no nos puede sorprender. Muestra la forma de actuar de una sociedad que desconoce los derechos de las mujeres. El mismo camino han recorrido otros casos similares en Perú, México, Nicaragua. Interpretan la ley cuando es lo suficientemente clara. Y este caso es lo suficientemente claro como para que no hubiese habido ninguna interpretación. Las médicas y médicos argentinos están dejando muy mal parado al país. Esta es una noticia está dando la vuelta al mundo. No puede ser que en Nicaragua, un país con mínimas condiciones sanitarias, en un caso muy similar de una niña de 8 años, violada y embarazada, haya podido realizarse el aborto.

–De todas formas, llegar a ese aborto en Nicaragua no fue sencillo. También tuvieron que sortear muchas resistencias y presiones...

–Los mismos pasos que están dando acá se dieron allá. La niña estaba en Costa Rica, donde había sido violada. El gobierno de Costa Rica la quiso retener alegando problemas migratorios. Le hicieron ultrasonido, le mostraban el feto y le decían “mirá tu bebito”. Le regalaban calcetines y ropita para el bebito. Cuando llegó a Nicaragua, nosotras como movimiento feminista logramos que la ley prevalezca y se forme una comisión. Pero la comisión dictaminó de manera muy temeraria que había los mismos riesgos ya sea que continuara con el embarazo o se hiciera un aborto.

–¿Y ese diagnóstico era incorrecto?

–Completamente. Comienzan a mentir en nombre de la ciencia médica. En ningún caso, en ningún país y con ninguna técnica son iguales los riesgos para una embarazada de hacerse un aborto que de continuar con la gestación. Los riesgos de un aborto hecho en condiciones adecuadas son mínimos en relación con la continuidad de un embarazo en determinadas condiciones.

–¿Cómo siguió el caso de la niña nicaragüense?

–La ministra de Salud de Nicaragua decidió que la niña debía ser dada de alta y se quitaron toda responsabilidad. Pero un movimiento de mujeres muy poderoso tomó la decisión de cumplir la ley y tres médicos cumplieron con su deber y le realizaron el aborto, pero no en el sistema público sino en una clínica privada y en forma gratuita. Hasta hoy no trascendieron sus nombres. Yo espero que eso pase en Argentina. La niña a las cuatro horas estaba en un centro comercial con el padre y la madre caminando. Hasta eso fue una enseñanza para toda la población que masivamente opinaba a favor de que se haga el procedimiento. Mostró que a la niña no le había pasado nada, estaba perfectamente sana.

–¿Qué opina de la decisión del Comité de Bioética que se negó a que le hicieran el aborto a la joven argentina?

–Una joven que tiene una edad mental de ocho años, que no se puede mantener a sí misma, no puede quedar con la responsabilidad de mantener a un recién nacido o recién nacida. ¿Qué dictamen de un Comité de Bioética está por encima de un fallo de la corte? Hay un abuso por parte de este comité. En el ambiente médico, que conozco muy bien, la objeción de conciencia varía en la mañana en el hospital público a la tarde, en una clínica o consultorio privado: son diametralmente diferentes. Las mujeres que tienen dinero se hacen un aborto de manera clandestina. Ellas nunca van a aparecer en un periódico. Son las pobres las que aparecen en los diarios. Este es un asunto de justicia social, cuando nosotras decimos que todas las mujeres deberían tener derecho a ser atendidas de la misma manera. Habla mal de los médicos argentinos que digan que a las 20 semanas de gestación no se pueda hacer un aborto, cuando están ellos técnicamente capacitados, y están capacitados los hospitales.

–¿No es tarde?

–¿Qué pasa con un feto que muere a las 20 semanas? Lo tienen que evacuar del útero. Hay métodos y sustancias químicas para que el útero abra el cuello y luego se proceda a la expulsión. Por lo tanto no es cierto que no lo pueden hacer.

–El Comité de Bioética dictaminó que el feto tenía mucha actividad vital y había altas probabilidades de que en la inducción al parto naciera vivo. ¿Es posible que nazca vivo?

–Obviamente que los fetos que están vivos tienen vida. Que no jueguen con las palabras. Es posible, no digo que es seguro, que durante el proceso de expulsión el feto muera, obviamente porque, ya desprendido de la placenta, puede morir. Puede tener algún signo vital en el momento del nacimiento que se termina inmediatamente por su tremenda inmadurez orgánica. No es cierto que todos los fetos de 500 gramos estén capacitados para sobrevivir independientes de una ayuda que tiene que ser en una unidad de cuidados intensivos super especializada perinatal, y que además significa una inversión económica extraordinaria que los países de América latina no están en condiciones de gastar. Cuando estos grupos que se niegan a los derechos de las mujeres hablan que se puede recuperar con vida a un feto de 500 gramos es posible que estén hablando de algún país que no es Argentina ni ningún otro país de la región. Aquí es clara la voluntad de los médicos de no cumplir con su deber de preservar la salud deteriorada que ya tiene esta joven. La ley no dice: “Vayan a consultar a un Comité de Bioética”; el Código Penal dice: “Hagan el procedimiento en tales y tales casos” y lo deberían hacer.

–Aquí hubo claras presiones de algunos sectores conservadores vinculados a la Iglesia Católica para evitar que el aborto se realice ...

–La Iglesia Católica es una corporación que se expresa a través de médicos, abogados, psicólogos, sociólogos, periodistas, mujeres y hombres. En Nicaragua, a la ministra de Salud la llamó el cardenal. Los que apoyamos públicamente el aborto fuimos excomulgados, aunque la Justicia dictaminó que no hubo delito, que el procedimiento se hizo de acuerdo a la ley.

–Quienes se oponen al aborto ponen por delante el derecho del feto a vivir ...

–La legislación en todas partes del mundo reconoce que la persona humana tiene derechos civiles en el momento del nacimiento. Esa mujer que ha sido despojada de todos sus derechos es la que debiera primar por encima de todo. Es una persona que tiene derechos. Y en este caso, que ya tiene una vida tan extremadamente limitada, tiene derecho a no complicarse con una situación que no va a poder manejar. ¿Sabe en manos de quién va a quedar todo esto? De la madre de la joven, puesto que hay un padre ausente, un hombre irresponsable. Pero aquí lo más increíble es que nadie habla del violador y de qué manera se lo va a condenar para que deje de violar a estas jóvenes, porque si lo hace una vez, lo hace muchas más. Siempre el interés superior recae sobre el feto y no están pensando en la persona que es la joven. Ni están pensando en cómo se debe aplicar la justicia para que el causante de este delito no quede impune.

–¿En qué semana finalmente le hicieron el aborto a la nena nicaragüense?

–En la semana 18, pero estaba en Nicaragua desde que tenía 13 semanas de embarazo. O sea, esperaron todo el tiempo posible para poder terminar finalmente diciendo que no se podía.

–¿Qué dice la ley en Nicaragua en relación con el aborto?

–Permite el aborto terapéutico pero no dice para qué fines, ésa es la diferencia con Argentina. Allá los organismos de defensa de la niñez plantearon el interés superior de la niña, que es lo que rige en las Naciones Unidas para la toma de decisiones. Además, padre y madre, aunque hayan sido campesinos analfabetos, pidieron el aborto. Y la niña personalmente hablando con el Procurador de Derechos Humanos también lo pidió.

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