El proyecto que permite a todas las personas mayores de edad acceder a la ligadura de trompas de Falopio o a la vasectomía será ley. La iniciativa contó ayer con el dictamen favorable de la mayoría de los bloques de la Cámara alta y hoy será tratada sobre tablas y votada por el plenario del Senado. Para los legisladores que apoyan la medida, básicamente el oficialismo y el radicalismo, se trata de garantizar el acceso público a un derecho, a prácticas quirúrgicas que se realizan en el ámbito de la medicina privada. Los pocos legisladores que se oponen al proyecto, para el caso, la bonaerense Hilda “Chiche” González de Duhalde y la puntana Liliana Negre de Alonso sostienen que la medida podría alentar políticas de control poblacional entre los sectores pobres o incluso producir un aumento del sida por el desuso del preservativo como método anticonceptivo.

Curiosamente el riesgo de un probable aumento del sida por el descenso en el uso del condón lo formuló la legisladora Negre de Alonso, de reconocida pertenencia al Opus Dei. Y es sabido que es precisamente la Iglesia Católica la que condena el uso del preservativo como método anticonceptivo. No fue éste el único argumento contradictorio de la sesión en la que el plenario de comisiones firmó el dictamen que habilita el tratamiento del proyecto.

El plenario de las comisiones de Legislación General, Salud y Desarrollo Sustentable lo presidieron los miembros del bloque mayoritario, Nicolás Fernández, Alicia Kirchner y Silvia Gallego. Luego de que Fernández abriera el debate y reconociera que el tema tiene una demora histórica en su tratamiento, Kirchner destacó que “había que dejar de lado prácticas de tutelaje o paternalismo”. Concretamente sostuvo: “No subestimemos a la gente”. El argumento apuntaba a refutar un criterio repetido por quienes se oponen a la iniciativa, que señalan que detrás de este proyecto se esconde la idea de crear una política poblacional que limite la natalidad en los sectores más pobres de la población. Tal vez fue por esto que la pampeana Gallego, que de paso recordó que ella fue autora en su provincia de la ley de procreación responsable, subrayó que “se trataba de garantizar un derecho”.

La principal falencia reconocida a la iniciativa fue la inexistencia de un registro de objetores de conciencia. Según Gallego, con esto se hubiera impedido que hubiera “dos éticas, una para la práctica de la salud pública y otra para la medicina privada”. No se descartó que si la reglamentación de esta ley no lo incluye, podría insistirse con un proyecto que corrija el punto.

Luego de comentar una serie de diálogos con los que buscó demostrar los pocos niveles de formación e información dominante en los sectores populares, González de Duhalde señaló que “los progresistas de los años ’70 se habrían opuesto a esta norma porque hubieran visto una política de control de la natalidad alentada por Estados Unidos para eliminar la pobreza”. La respuesta provino de la porteña Vilma Ibarra, quien, luego de afirmar que no era ésta una medida alentada por el gobierno norteamericano, recordó que “Estados Unidos impuso la derogación de la ley de subversión económica y en ese caso se la votaba a las apuradas y no había objeciones”. Chiche Duhalde le respondió que si no se votaba esa ley se hubiera caído el gobierno de su esposo Eduardo Duhalde. “Me molesta profundamente su comentario. Es una bajeza”, dijo Chiche a Ibarra. Luego levantó sus cosas y se marchó. Antes había adelantado que votaría en contra.