Apremiado por el plazo que le impuso la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la elaboración de un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, el gobierno nacional anunció que en los próximos días dará a conocer el documento con la respuesta al alto tribunal y el plan que se les exigió a los Estados nacional, provincial y porteño, para revertir la situación de contaminación. Entre otros puntos, el proyecto prevé la “asistencia a los habitantes más vulnerables de la costa” y “la fiscalización y el control de las empresas” ubicadas en las márgenes, con la posible erradicación de las que no se adapten al saneamiento, informó la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Por otra parte, el viernes se presentará en el Congreso un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental en el Riachuelo, que pretende crear una autoridad de cuenca y otorgar a la Nación el poder de policía sobre ella.

El anticipo de lo que serán las acciones para la limpieza fue dado a conocer luego de la reunión que mantuvieron ayer Picolotti y el gobernador bonaerense, Felipe Solá. En el encuentro, los representantes de la Nación y la provincia evaluaron los últimos detalles del plan integral que deberán presentar de forma coordinada ante la Justicia el próximo jueves y que el 5 de septiembre se debatirá en una audiencia pública. De ese acto también deberán participar las empresas denunciadas, entre ellas: Shell, Repsol YPF, Petrobras, Indupa, Molinos, Bieckert y Aguas Argentinas.

La exigencia del máximo tribunal surge de un fallo firmado el 20 de junio pasado. Con esa resolución, la Corte escuchó el reclamo de 150 personas que se sienten damnificadas por la contaminación y que iniciaron una demanda en 2004.

Uno de los lineamientos principales del plan estará contenido en la declaración de emergencia ambiental que deberá tratar el Congreso. Se trata del pasaje al Estado nacional del poder de policía sobre la cuenca y la creación de una autoridad con representantes de los tres Estados. De acuerdo con lo afirmado por fuentes de la secretaría, la ley “no interferirá con la emergencia declarada por la Legislatura porteña” el jueves pasado.

“Estamos muy conformes con la presentación. Es una clara muestra de decisión política conjunta, ya que es la primera vez que las tres jurisdicciones están trabajando en conjunto. La autoridad unificará criterios legales para la inspección y autorización de las empresas”, afirmó Picolotti. Como muestra de esa voluntad política, la presentación del proyecto de ley la hará el presidente Néstor Kirchner.

Según indicó Solá, a los lados del Riachuelo “hay unas 3 mil empresas de distintos tamaños y sectores. Y es necesario unificar un criterio legal para tratarlas”. Con respecto al tratamiento hacia las industrias, Picolotti explicó que “se realizarán programas de fiscalización y control” y sostuvo que “hay que hacer una evaluación muy seria, caso por caso. Habrá diferentes clases de sanciones y las empresas que no puedan convivir con el plan de saneamiento de la cuenca deberán ser trasladadas”. Señal de la intención de aplicar esos controles fue la presencia en el encuentro de ayer del subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, que, dijo, está interesado en “conocer la actividad económica de las industrias” cercanas a la cuenca.

Las acciones incluirán “asistencia para los habitantes más vulnerables de la costa”, dijo la funcionaria. Por otra parte, anticipó que “está contemplado completar la red cloacal que no hizo Aguas Argentinas. Porque por un lado está la contaminación química por los efluentes de las empresas, pero por otro está la contaminación orgánica por la falta de cloacas”.

Claro que después de la promesa fallida hecha por María Julia Alsogaray en 1993 de limpiar el Riachuelo en mil días, esta vez nadie se anima a hacer un pronóstico. “Creemos que hablar de plazos sería muy poco serio de nuestra parte con los vecinos, pero tenemos un criterio de progresividad”, esquivó Solá.

Informe: Lucas Livchits.