No hay caso: una pareja gay o lesbiana puede haber pasado hasta la vida entera conviviendo, puede tener bienes a nombre de ambos miembros, puede haber hecho pública la relación, haber compartido con su familia y su entorno; pero no hay manera hasta el momento en la Argentina de que cuando uno de los dos fallece el otro pueda cobrar la pensión que cualquier ciudadano heterosexual sí cobraría. Ayer, en una reunión con la Comunidad Homosexual Argentina, el secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, se comprometió a rever un dictamen del año 97 con el que los asesores legales de la ANSeS cerraron el camino a la pensión de viudos gays y viudas lesbianas. “Vamos a abordar el tema sin preconceptos y prejuicios”, fue la promesa del funcionario. Según las organizaciones de minorías sexuales, y el Inadi –que ha denunciado la situación– son casi un centenar las parejas homosexuales que esperan un cambio en la política que los excluye por su orientación sexual.
El tratamiento de una ley de unión civil para lesbianas o gays en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, y el espacio que el proyecto ha tenido en los medios de todos los tintes ideológicos ha provocado que un aluvión de casos de viudos haya llamado por teléfono a la sede de la CHA. “La gente vuelve a tener noción de sus derechos y aspira a que el Estado por fin reconozca lo que la ley indica”, sostiene César Cigliutti, presidente de la organización. En rigor, lo que la CHA señala es que la ley 24.241 habilita sin problemas a que un hombre o mujer pareja de alguien del mismo sexo durante más de cinco años reciba los mismos beneficios jubilatorios que cualquier ciudadano. Pero existe una resolución que sirve de paraguas legal a la ANSeS –la número 9659 del 29 de diciembre de 1997– y otra en la superintendencia de AFJP.
La resolución es un dictamen escrito hace ya más de cuatro años por el abogado Juan Poclava Lafuente y refrendada por el entonces gerente de asuntos jurídicos, Roque Salmerín. “Ellos compartieron criterios y lo elevaron al secretario de Seguridad Social. Es así que gracias a estos ‘cerebros’ ningún gay puede cobrar la pensión por viudez”, se quejó ayer Cigliutti ante Página/12. Ante la actitud inflexible de los últimos gobiernos, los organismos recuerdan lo que fueron las opiniones de dos de los secretarios que han pasado por el área: tanto Walter Shultes como Carlos Torres opinaron públicamente que la ley de seguridad social “debe beneficiar al ciudadano sin tener en cuenta su condición sexual”.
Durante la audiencia que ayer Conte Grand mantuvo con César Cigliutti y Pedro Paradiso se mostró permeable al reclamo. “Vamos a abordar el tema sin preconceptos y prejuicios”, fue la frase que eligió el funcionario para manifestar que otra vez los gays y lesbianas tendrían una posibilidad de que sus derechos previsionales sean igual que para el resto de los ciudadanos. “El secretario decidió que se va a armar un nuevo expediente que circulará por todas las instancias de asesoría jurídica de la seguridad social”, le dijo a Página/12.
Otra vez, como ocurrió con cada uno de los secretarios de Seguridad Social que desfilaron por los variados gobiernos durante los últimos cinco años, el de turno se volvió a comprometer con analizar si aceptará la pensión para parejas gays y lesbianas. “Hemos recibido como respuesta siempre que el tema se pensará. Pero en este caso se abrirá una nueva instancia de evaluación en la que pretendemos que se tenga en cuenta el propio criterio del artículo 53 de la ley 24.241, cuya redacción implica que no se puede discriminarnos”, plantearon en la CHA. La organización se entrevistará también con el Ministerio de Trabajo para plantear el acceso para los gays y lesbianas con VIH a los planes de empleo.