Llegó el día R.: hoy el gobierno nacional, el de la Ciudad y el bonaerense efectuarán su presentación conjunta ante la Corte Suprema, en respuesta a la intimación que el máximo organismo judicial formuló en reclamo de un plan para sanear el Riachuelo. Según anticipó Romina Picolotti, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el plan observará un orden de prioridades que ubica, en primer lugar, “la protección de los sectores urbanos afectados”, que puede implicar la relocalización de habitantes de la ribera; en segundo término se emprenderá el saneamiento del espejo de agua propiamente dicho y, en tercer lugar, “un desarrollo sustentable y ordenamiento” de la cuenca. Como primerísima medida, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para declarar la emergencia ambiental en la cuenca Riachuelo-Matanza. La Corte había formulado su reclamo el 20 de junio, en respuesta a una demanda presentada por habitantes de la zona; al mismo tiempo, 40 empresas radicadas en la cuenca, denunciadas por contaminación, fueron intimadas a presentar informes. Todas las respuestas se ventilarán en una audiencia pública prevista para el 5 de septiembre.

La demanda que dio lugar a la decisión de la Corte había sido presentada en 2004 por unos 140 vecinos. Poco antes, en diciembre de 2003, la Defensoría del Pueblo de la Nación, en conjunto con varias ONG, había emprendido un estudio integral sobre la cuenca, que puso de manifiesto el caos jurisdiccional y normativo imperante. Además, un informe de la Auditoría General de la Nación señaló la existencia de numerosos vertidos industriales clandestinos. Todo esto vino a enmarcarse en la preocupación ambientalista suscitada a partir del reclamo a Uruguay por la instalación de dos plantas de celulosa cerca de Gualeguaychú.

Romina Picolotti precisó que “la prioridad del plan es la protección de los sectores urbanos afectados” y anticipó que las acciones incluirán “asistencia para los habitantes más vulnerables de la zona”. En segundo lugar, “hay que sanear el espejo de agua” y, en tercer término, procurar “un desarrollo sustentable y ordenamiento del territorio”.

La funcionaria destacó dos grandes fuentes de contaminación: “La orgánica, producida por desechos cloacales, y la química, producida por descargas de efluentes industriales”. Anunció que “está contemplado completar la red cloacal que no hizo Aguas Argentinas” y agregó que, donde sea necesario, se evaluará “trasladar a empresas y a pobladores”.

Desde las distintas jurisdicciones involucradas, Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires, manifestó su “respaldo a la decisión del presidente Kirchner de encarar como política de Estado el cuidado del ambiente”; Marcelo Vensentini, ministro de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma, afirmó que “estamos trabajando coordinadamente, y lo más importante es que tenemos de la cuenca una visión no sólo ambiental, sino también social”.

Además de la ciudad de Buenos Aires, la cuenca involucra a 14 municipios bonaerenses. Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, subrayó a Página/12 que “somos uno de los municipios más perjudicados por la contaminación de la cuenca” y, sobre los efluentes industriales, comentó que “si hay una política seria que incluya tiempos y pautas, las empresas tendrán que aceptarla”. También destacó “la clara decisión política del gobierno nacional para conformar una autoridad de cuenca con poder de policía”.

Se anunció que mañana el Gobierno de la Nación presentará al Congreso un proyecto de ley que, al declarar la emergencia ambiental en la cuenca Riachuelo-Matanza, otorgará al Estado nacional el poder de policía sobre la cuenca, para lo cual establecerá una autoridad con representantes de las tres jurisdicciones.

También hoy vence el término para las 44 empresas intimadas por la Corte a informar sobre si aplican sistemas de tratamiento de efluentes y si tienen seguros contratados. La mayoría de las empresas no cumpliría con el plazo establecido.