El alerta rojo ahora lo dio el ex ministro de Seguridad, León Arslanian. Después de unos días de silencio, las cárceles volvieron a sonar fuerte bajo su advertencia: “Puede haber motines y muertes” si no se desagota el sistema penitenciario convertido en una máquina de maltrato. La multitud de hacinados en los calabozos policiales y las cárceles bonaerenses aceleran los ya clásicos procesos de violencia interna: sobrevivir en el encierro es cada vez más una proeza. “La superpoblación es tan grande que ante la situación de motín ni siquiera se pueden obtener traslados –describe a Página/12 la defensora oficial de San Isidro María Dolores Gómez–. La población carcelaria está tanto tiempo en comisarías que no se sabe dónde se van a cruzar dos bandos. Por eso, incluso por más voluntad que tenga la policía, resulta imposible moverlos”. Arslanian, por su lado, describió la situación a este diario: “Está sobrepasada la capacidad de alojamiento en un 60 por ciento y las comisarías tienen el quíntuple de lo que podrían llegar a tener en detenidos sin riesgos o problemas”. Un informe de la Defensoría de Casación indica que los conflictos en los calabozos se multiplicaron por nueve con la “ley Ruckauf”.
Cada fuente consultada regresa a la madre de todos los males: la ley del ex gobernador Carlos Ruckauf, la 12045, la que prácticamente prohibió las excarcelaciones en mayo de 2002 cuando la votó por unanimidad la Legislatura bonaerense. Ya se sabe que fue esa ley de la mano dura –acompañada por la casi anulación de las salidas transitorias– la que reprodujo, y sigue reproduciendo a velocidad inusitada, la población carcelaria.
A su vez, un informe en manos de la Defensoría de Casación provincial, elaborado por el secretario de Ejecución de Lomas de Zamora, Eduardo Mader, al que tuvo acceso exclusivo Página/12, demuestra cómo se multiplicó por ocho la cantidad de hechos de violencia con el hacinamiento que provocó la ley Ruckauf. En un informe fechado el 14 de junio, el secretario señala que a esa fecha había 1122 presos en el Departamento Judicial, cuando la capacidad es sólo para 364. “De los informes aportados por la Policía Bonaerense surge un notable incremento en las comisarías del departamento de los denominados motines o episodios similares, rubro que incluye tentativas de evasión, violaciones, daños, privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte, robos u homicidios”, se lee en el documento.
Para tener una idea cierta del crecimiento del conflicto al interior de los calabozos solo basta ver los números: las estadísticas indican que durante 1999 hubo 11 hechos de violencia en las 48 dependencias donde hay detenidos cuidados por la Bonaerense. Apenas sancionada la ley de excarcelaciones se pasó a 80 casos en un año, y en 2001 fueron 94. Sólo en el último enero se registraron 7 casos. Del maltrato y el caos que esto significa saben en todas las defensorías del Gran Buenos Aires.
En la de San Isidro atienden la consulta de este diario en el medio de lo que parece un campo de batalla. El último jueves, la defensora María Gómez interpuso un hábeas corpus por los presos de la comisaría de Olivos que de nada sirvió porque los traslados ordenados no se cumplieron. Por eso, el sábado a las diez de la noche tres jóvenes se hicieron cortes en los brazos en reclamo a las condiciones de encierro. Gómez estuvo hasta las cuatro de la mañana en la comisaría. “Los enfermos se quejaban de que no tenían atención médica. Vimos los libros y no la habían recibido. Uno de ellos tenía una bala en el riñón, por lo que orinaba sangre, otro tenía una en la pierna y les dolía”, contó una fuente judicial.
La defensora, una de las que con más persistencia ha señalado las torturas y los malos tratos que de policías o penitenciarios han recibido los presos bonaerenses, está también preocupada por cómo se están lesionando entre sí los internos. Ayer no lograba que fueran trasladados cinco presos ubicados en un estrecho pasillo donde hasta eran acosados através de los barrotes por las facas de los presos que desde un calabozo querían “pincharlos”. El peligro de que estos “refugiados” fueran liquidados en otras comisarías por presos “duros” era tal que no habían encontrado sitio seguro. El secretario de Ejecución de San Martín, Juan Manuel Casolati, confirmó a Página/12: “Los defensores me transmiten que hay un 60 por ciento más de casos de violencia interna. Las peleas son generalmente porque hay problemas anteriores que vienen de afuera o porque son de diferentes bandas. Y en las cárceles se están dando por la escasez de comida y cómo algunos distribuyen la limpieza de pabellón”.
El problema que hoy enfrenta el sistema penitenciario que Arslanian califica de explosivo fue alertado a los tres poderes por el defensor de Casación Mario Coriolano en la resolución 153, de hace un año: “La situación de hacinamiento (...) origina gravísimos problemas de salud, seguridad, alimentación, supervivencia, visitas (...) poniéndose en serio riesgo la vida y la salud de los detenidos así como del personal policial y penitenciario”. María Gómez nunca olvidará cuando uno de sus defendidos fue trasladado de la comisaría de Beccar, a la de Martínez. Duró diez minutos vivo. Un preso empastillado le clavó un alambre en el corazón. En la causa todavía no queda claro qué fue lo que pagó con su vida.