El diputado provincial y ex coronel de la policía militar Ubiratan Guimaraes, de 63 años, fue hallado muerto de un disparo en el pecho, en su departamento del barrio Jardins, en la zona oeste de San Pablo. El hallazgo de su cuerpo tuvo lugar el domingo pasado. Guimaraes dirigió en 1992 la operación policial contra los presos amotinados en la desaparecida prisión Carandirú, de San Pablo, en la que murieron 111 reclusos. Estaba considerado como el enemigo número uno de la banda mafiosa Primer Comando de la Capital (PCC), que se formó en las cárceles precisamente a partir de aquella masacre. El jefe de gabinete de Guimaraes, Eduardo Anastasi, aseguró que el ex coronel venía recibiendo desde hacía tiempo amenazas de muerte. La última persona que lo vio con vida fue su novia, la abogada Carla Cepalino, de 42 años.

El ex coronel murió a causa de un disparo de pistola en el pecho. En el lugar de la muerte no había señales de violencia. Los periódicos del domingo estaban aún sin recoger en la puerta de la vivienda, por lo que los investigadores sospechan que el crimen tuvo lugar en algún momento del sábado por la noche. Según la policía, la muerte habría ocurrido al menos doce horas antes del hallazgo. El cuerpo fue hallado por dos de sus colaboradores, que se proponían visitarlo el domingo por la noche.

La policía que estudia el caso encontró en el piso de Guimaraes tres armas: dos revólveres de calibre 38 y una escopeta. Los agentes creen que el tiro que mató al ex coronel fue disparado a unos 40 o 50 centímetros de su cuerpo. “Por ahora se trata de un homicidio de autoría desconocida”, dijo ayer el delegado general Marco Antonio Desgualdo.

Ubiratan Guimaraes se desempeñaba como diputado provincial y aspiraba a ser reelecto en las próximas elecciones del 1º de octubre, a pesar de las protestas de muchos activistas pacifistas y aunque su candidatura había sido prohibida por la Justicia Electoral. Permaneció 34 años en la policía militar y se hizo tristemente famoso por haber desencadenado la mayor matanza de presos en Brasil.

En 2001 fue juzgado en primera instancia y condenado a 632 años de cárcel. Pero el 13 de febrero pasado recurrió el fallo y el tribunal alegó que hubo errores en el proceso y anuló el fallo. El coronel acabó siendo absuelto y logró un acta de diputado. Diferentes organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos expresaron su protesta por su absolución, pero Guimaraes gozó en todo momento de gran impunidad.

No llevaba escolta, pero nunca abandonaba sus armas personales. Su muerte seguía siendo ayer un misterio después de que el gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, afirmara que, según informes recibidos de la policía, la muerte no se debía a la banda PCC, una organización mafiosa que desde mayo está atemorizando la ciudad. Otras fuentes de seguridad creen que podría haberse tratado de un crimen pasional. El dato del sábado por la noche empuja en ese sentido. Según las primeras investigaciones, no hay señales de lucha en el departamento del militar, quien recibía constantes amenazas de muerte desde el operativo desatado en octubre de 1992. Fuentes policiales informaron que convocarán a declarar a la novia de Guimaraes, la abogada Carla Cepalino, de 42 años, quien, según testigos, fue la última persona en abandonar el departamento.

“El PT está de luto” porque “el coronel Guimaraes fue un ejemplo de compañero del partido”, expresó el diputado estadual Campos Machado, vicepresidente nacional del partido del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La muerte de Guimaraes no es la primera relacionada con la matanza de Carandirú.

El director del presidio en el momento de la rebelión, José Ismael Pedrosa, fue asesinado en octubre de 2005, en Taubaté, en el interior de San Pablo, en un crimen atribuido por las autoridades a la facción Primer Comando de la Capital (PCC). Guimaraes trabajó 34 años en la policía militar y en los años ’70, durante la última dictadura militar, combatió acciones guerrilleras en San Pablo.

La mayor cárcel de América latina, conocida como el “infierno” Carandirú, cerró sus puertas en septiembre de 2002, llevándose consigo la historia de los mayores horrores penitenciarios de Brasil: la masacre de 1992 y el mayor motín carcelario, en 2001, cuando fueron hechos rehenes más de 10.000 familiares y funcionarios. El supercentro carcelario concentró todos los problemas penitenciarios de Brasil: superpoblación, un sistema judicial lento y desbordado, una extendida corrupción y condiciones de vida espantosas, caldo de cultivo para las rebeliones en un país donde se estima que se produce un motín cada 36 horas.

La tristemente famosa cárcel de Carandirú fue demolida casi íntegramente. Entre los pabellones destruidos figura el número 9, escenario de la matanza de octubre de 1992.