Un ex funcionario porteño y un ex director del Hospital Santojanni serán indagados por la Justicia por el presunto delito de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la muerte de dos pacientes el 30 de junio de 2005, cuando un corte de luz dejó sin suministro de oxígeno los respiradores artificiales de ese centro asistencial. También fueron citados a prestar declaración indagatoria dos empleados de la empresa privada responsable del mantenimiento de los circuitos eléctricos del hospital y un jefe del Santojanni. La fiscal que investigó el caso detectó, además, graves irregularidades en el funcionamiento de los compresores que proveían de oxígeno a los respiradores.

El llamado a indagatoria fue dispuesto por el juez subrogante de instrucción Nº 6, Gustavo Pierretti, a instancias de la fiscal Mónica Cuñarro, en el marco de la investigación de las muertes de los pacientes Antonio Trimboli y Norma Fernández.

La medida, que se efectivizará entre el 23 y el 26 de septiembre, alcanza a Pedro Justich, quien se desempeñaba como director provisorio del Santojanni cuando ocurrió el hecho y ya se jubiló. Además, deberá prestar declaración indagatoria Mario Rocco, ex director general de Recursos Físicos durante la gestión del ex secretario de Salud Alfredo Stern, el jefe de Departamento de Recursos Físicos del Santojanni, Walter Piller, y dos empleados de la empresa Poliequipos de nombre Horacio Longarte y uno de apellido Gheti.

En su dictamen, la fiscal Cuñarro argumentó que el 25 de junio de 2005, a las 15.20, se cortó la luz “en forma imprevista y por las maniobras realizadas por operarios de la empresa Poliequipos en el tablero que alimenta de electricidad los compresores de aire comprimido”. “Tales tareas se realizaron sin ser informados los jefes de departamento de la unidad de terapia intensiva, Shock Room, ni quirófanos del hospital, pese a estar expresamente establecido, y es práctica diaria en cualquier servicio de hospital”, sostuvo Cuñarro.

Según la fiscal, durante cinco minutos y “como resultado del puente, se cortó el suministro de aire comprimido de los respiradores a los que se encontraban conectados los pacientes”. Cuñarro también detectó que la empresa que prestaba el servicio de mantenimiento operaba en condiciones presuntamente irregulares. “En el año 2003 el contrato de concesión se encontraba vencido, sin perjuicio de lo cual mediante sucesivas prórrogas –sin nuevo llamado a licitación– la firma continuaba a cargo de dichas tareas”, consigna el dictamen.

La fiscal sostiene en el escrito que “tanto los compresores de aire comprimido como el tanque de reserva resultaban deficientes en su capacidad para la cantidad de respiradores artificiales a los que debían suministrar aire comprimido”. “También era deficiente su funcionamiento, puesto que ambos compresores lo hacía simultáneamente –por lo que el desgaste era parejo–, corriéndose un grave riesgo de que, de fallar uno, también lo hiciera el otro, y carecían de alarma que diera aviso cuando empezaba a fallar, es decir con anterioridad a que el tanque se vaciara”, añade el dictamen.