El ministro de Educación, Daniel Filmus, presentó ayer el anteproyecto de ley de educación nacional, que vuelve al sistema de primera y secundaria, y también establece como obligatoria la escuela secundaria. El mínimo que deberán cursar los estudiantes se elevará, de ser aprobada la norma, de los actuales diez años vigentes a trece, aunque el cambio no será de aplicación inmediata ya que dependerá de las posibilidades reales de cada distrito. El ministro Filmus estimó que la ley será aprobada “antes de fin de año” y derogará la creada por Carlos Menem en los años noventa.

El anteproyecto fue presentado ayer en el Palacio Sarmiento. Entre sus puntos fija un segundo cambio: la desaparición del actual sistema de EGB y Polimodal. La Ley Federal de Educación de los ’90 tuvo el efecto de fragmentar el sistema educativo, ya que cada provincia pasó a implementar su propio sistema. Así, existen hoy cincuenta estructuras diferentes de educación en todo el país. A partir de este anteproyecto, ahora se buscará “establecer una estructura unificada, en la cual coexistirán sólo dos modelos: seis años de primaria y seis de secundaria, o siete de primaria y cinco de secundaria”. Filmus agregó que su objetivo es “que todos los chicos tengan acceso a la misma calidad de educación independientemente de la provincia donde estudien.”

El documento propone por otra parte la creación de una comisión que desde el ministerio de Educación evalúe los contenidos educativos de la televisión.

La educación sexual es considerada “parte de los objetivos y los contenidos de toda la educación”. Por otra parte, además de los contenidos comunes, se incorporarán como temas en todos los colegios “el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas, la construcción de la memoria colectiva acerca de la última dictadura y el fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana”.

La iniciativa fue sometida a una primera ronda de consultas en la que, según fuentes del ministerio, “participaron cerca de setecientos cincuenta mil docentes y más de dos millones de alumnos y padres”. Durante el mes de octubre será nuevamente debatida en las escuelas, para elaborar el texto final y enviarlo al Congreso antes de fines de este año.

En la conferencia de prensa en la que se presentó ayer el texto participaron el secretario de Educación de la Nación, Carlos Tedesco; la ministra de Educación bonaerense, Adriana Puiggrós, y su par porteño, Alberto Sileoni.

Filmus explicó que quedará a elección del Consejo Federal de Educación si el séptimo grado será parte del nivel primario o del segundo nivel. “Es un avance para los adolescentes que el Estado se haga responsable de la obligatoriedad de la educación durante trece años.”

El proyecto impulsa también la universalización de las salas para chicos de entre cuarenta y cinco días de edad y cuatro años, lo que apunta a garantizar que existan cupos en las guarderías y jardines estatales, hoy de difícil acceso.

En sus artículos iniciales, el proyecto define a la educación como “un bien público y un derecho personal y social, garantizado por el Estado nacional”. La ministra Puiggrós destacó el valor de este criterio, junto con el compromiso asumido por el Estado en el sentido de que “no suscribirá tratados de libre comercio que impliquen concebir a la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública”.

La mayoría de estas novedades implicará una mayor inversión. El año pasado, cuando se aprobó la Ley de Financiamiento Educativo, se previó que para el año 2010 el sector debería recibir el seis por ciento del Producto Bruto Interno. Ese porcentaje estaba pensado para cubrir la obligatoriedad de diez años de estudio, no los trece que se proyectan ahora. Ayer, Filmus sostuvo que habrá recursos y que los cargos docentes adicionales necesarios van a cubrirse de manera progresiva. En la actualidad, señaló el ministro, “hay cuatrocientos mil chicos de entre 14 y 17 años fuera del sistema”.

El anteproyecto prevee la creación de un instituto de formación docente que fomente la educación de maestros “común, plural y permanente” y que el último año de formación para el nivel inicial y primario consista en un año de residencia en escuelas junto a maestros experimentados, como práctica. Otra reforma que afecta a los docentes es que se permitirá ascender sin dejar la sala de clase. Nadie que haya sido condenado por delitos de lesa humanidad podrá ejercer.

El proyecto también contempla como “contextos particulares” la educación rural, la intercultural y bilingüe, la hospitalaria y domiciliaria, y la que se da en “contextos de privación de la libertad”. Estas categorías se agregan a las ya reconocidas de educación técnica, de jóvenes y adultos, la especial y la de orientación artística.