El gremio que nuclea a los pilotos de líneas aéreas resolvió ayer adoptar medidas de acción directa ante “la degradación de la seguridad de vuelo” y en solidaridad con los controladores aéreos, “que recibieron presiones y sanciones por parte de la Fuerza Aérea”, en los últimos días, después de las denuncias formuladas por el documental de Enrique Piñeyro y la causa judicial que desencadenó. La medida de fuerza, que adoptarán junto a controladores aéreos y técnicos de vuelo, aún no tiene fecha. Las tres entidades le reclaman al Gobierno la inmediata intervención del Comando de Regiones Aéreas, el organismo dependiente de la Fuerza Aérea del que dependen las 34 torres de control del país. Uno de los protagonistas de ese film –un controlador con rango militar al que le hacen una cámara oculta– forma parte del lote de sancionados: fue puesto en disponibilidad y podría ser desplazado de la torre de control de Ezeiza, donde se desempeñó hasta ahora.

Una asamblea de afiliados de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) mandató ayer a la conducción del gremio a “adoptar medidas de acción directa” como respuesta a la “degradación de la seguridad de vuelo, producto de la negligencia de la Fuerza Aérea en el control del tráfico aerocomercial”, explicó el presidente de APLA, Jorge Pérez Tamayo. El dirigente también condenó las “situaciones de violencia laboral” que afectaron en los últimos días a los controladores aéreos, personal civil y militar que depende de la Fuerza Aérea.

Según Pérez Tamayo, “la degradación de la seguridad no implica inseguridad en los vuelos, porque en ese caso nosotros seríamos los primeros en no volar”.

En la misma sede de APLA, en el barrio de Caballito, la Asociación de Controladores de Tráfico Aéreo denunciará hoy públicamente esas situaciones de hostigamiento que, aseguran, viven desde que se dio a conocer el documental Fuerza Aérea S.A. y de que el Gobierno activara el traspaso del control aerocomercial del ámbito militar al civil. Estarán acompañados por los gremios de los pilotos y los técnicos de vuelo y por el propio Piñeyro, ex piloto y actual director de cine.

“El Estado debería hacer un convenio de cooperación con la Organización Internacional de Aviación Civil, la OACI, para supervisar la operación en cada torre de control de los aeropuertos del país”, dijo Piñeyro a Página/12, al sugerir la forma en que se puede hacer la transición desde el sistema militar al civil. “Puede ser algo costoso, pero es necesario para la seguridad en los vuelos”, agregó.

“El film de Piñeyro obtuvo lo que no conseguimos en veinte años de denuncias”, confió un piloto a Página/12. Pilotos, controladores y técnicos de vuelo suscribieron una alianza para respaldar el mencionado traspaso. En un comunicado, las tres asociaciones denunciaron “el accionar represivo de ciertos miembros de la Fuerza Aérea y la falta de predisposición para buscar los mecanismos de mejora en el control del tránsito aéreo para lograr una transición al ámbito civil segura y efectiva”.

Para los gremios, la situación se ha vuelto insostenible, especialmente para los controladores, que dependen de la jerarquía militar: se trata de unos 900 técnicos, de los cuales sólo el 30 por ciento es civil, pero que en todos los casos están sujetos a órdenes militares. Como su asociación no tiene personería gremial, no pueden hacer reclamos de ningún tipo y si hacen declaraciones públicas pueden ser sancionados. Pese a eso, desde el año 2000 vienen denunciando las falencias con que trabaja el sistema de control, del que depende la seguridad de todos los vuelos que surcan el espacio local. Este diario dio cuenta, en enero de 2001, de parte de esas denuncias, que incluyeron el caso de una cuasi colisión entre dos vuelos por problemas en las comunicaciones con la base.

Ayer mismo, según denunciaron los controladores, se produjo en la oficina de Control de Tráfico Aéreo una extraña situación: el jefe del sector obligó al personal a quedarse una hora y media más del horario de convenio “ante un posible paro de controladores”. El episodio se sumó al pase a disponibilidad de Marcelo Paredes, uno de los controladores que aparecen en las cámaras ocultas que se ven en Fuerza Aérea S. A. Esas denuncias, entre otras, serán parte de la conferencia de prensa de los controladores. También se prometen audios en los que pueden escucharse amenazas que habrían sido proferidas por oficiales al personal de control.

“Contrariamente a lo que la razón dicta, en vez de intentar remediar las enormes falencias estructurales, se busca castigar a quienes asumieron la responsabilidad de poner fin a las mismas desde el único lugar posible, la denuncia”, dice un comunicado divulgado por las tres asociaciones.

El sistema aéreo comercial estuvo en la órbita civil hasta 1966, cuando el dictador Juan Carlos Onganía pasó el control del tráfico a la órbita de la Fuerza Aérea. Este régimen entró en crisis después de la tragedia de LAPA: tres funcionarios de la Fuerza Aérea fueros procesados por su responsabilidad en la falta de controles que derivaron en el accidente.

Pese a todo, fue la película de Piñeyro la que instaló la necesidad de que el control aéreo pasara a manos civiles, como ocurre en todo el mundo, salvo en Nigeria. Y apenas quince días después del estreno, logró que el fiscal federal Carlos Rívolo denunciara a cinco oficiales de la Fuerza Aérea y pidiera su declaración indagatoria, entre ellos el comandante de Regiones Aéreas, brigadier Carlos Matiak.

A los reclamos se sumaron los pilotos de la compañía Austral, nucleados en la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA), quienes se declararon en estado de “alerta” para reclamar al gobierno nacional que adopte “medidas tendientes a mejorar la seguridad” aeroportuaria.