La crisis por la seguridad aérea sumó ayer un nuevo capítulo: las asociaciones de pilotos, controladores de tráfico aéreo y técnicos de vuelo anunciaron medidas de acción directa que “paralizarán los vuelos en todo el país” en rechazo a las sanciones que la Fuerza Aérea aplicó a los controladores, muchos de los cuales denunciaron fallas en la seguridad de los vuelos, y de las amenazas que recibieron quienes tuvieron alguna participación en las denuncias. Las tres entidades reclamaron la “inmediata intervención” del Comando de Regiones Aéreas, el organismo dependiente de la Aeronáutica que se encarga del control del tráfico aéreo cuyo jefe, el brigadier Carlos Matiak, tiene un pedido de indagatoria por parte de un fiscal federal. El traspaso de ese organismo a la autoridad civil fue analizado en una reunión que mantuvieron ayer la ministra de Defensa, Nilda Garré, con el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien sería el futuro responsable político del control de los vuelos.

“No vamos a tolerar que se sancione militarmente a ningún controlador ni que se corte arbitrariamente el pago del suplemento salarial en negro, que en muchos casos representa la mitad de un sueldo, ni amenazas verbales a cualquier profesional”, enfatizó el secretario general de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo, César Salas.

Se refería, entre otros casos, a la amenaza recibida por un controlador que acudió espontáneamente a declarar ante el fiscal Carlos Rímolo, en la causa por irregularidades en la Fuerza Aérea iniciada a partir de las denuncias de la película Fuerza Aérea S. A. “Si seguís haciendo denuncias vas a aparecer tapado con un metro de tierra”, le habría dicho un suboficial principal de apellido Chávez, encargado del Departamento Tránsito Aéreo de la Región Aérea centro, con sede en Ezeiza.

Entre las presiones que están recibiendo mencionan desde llamadas anónimas con amenazas de muerte a la oficina de la asociación, en Ezeiza, y a un dirigente de la organización, hasta la sanción impuesta al suboficial Marcelo Paredes, uno de los protagonistas de las cámaras ocultas realizadas por Piñeyro, quien fue puesto en situación de disponibilidad, según precisó Salas.

“Este cuadro afecta gravemente la seguridad de vuelo, ya que la presión sobre los controladores, sumada a las deficiencias de infraestructura y las pésimas condiciones laborales, implican un riesgo cierto, por el que responsabilizamos al brigadier (Carlos) Matiak, titular del Comando de Regiones Aéreas”, advirtió Salas.

“Sueldo mínimo, responsabilidad máxima”, sintetizó el ex piloto Enrique Piñeyro, en alusión a los controladores, con quienes se solidarizó.

Junto a Salas estuvieron el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Jorge Pérez Tamayo, y el secretario general de la Asociación de Técnicos de Vuelo, Juan Pappalardo.

Los tres admitieron que podría adoptarse un “paro total de actividades” si no se dejan sin efecto las sanciones disciplinarias aplicadas a los controladores civiles. “Será de las medidas más duras que se hayan conocido, lo que significará que ningún avión vuele en Argentina: la seguridad aérea no se negocia”, enfatizó el secretario gremial de APLA, Pablo Biro. La medida, por ahora, no tiene fecha: el momento será determinado en una reunión que en las próximas horas mantendrán representantes de los tres gremios.

Los dirigentes sindicales también responsabilizaron a la cadena de mandos de la Fuerza Aérea “por los accidentes que pudieran ocurrir, ya que los controladores civiles están trabajando en un clima de presión”. “La actual coyuntura nos está llevando a tener un accidente en cualquier momento”, alertó Pappalardo.

El titular de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, Diego Sierra –el gremio que nuclea a los pilotos de Austral y está separado de APLA–, aseguró que sus afiliados solo volarán mientras esté garantizada la seguridad. “De continuar así, el sistema va a colapsar, a pesar del profesionalismo de los operadores”, afirmó.

Desde el Ministerio de Defensa no hubo respuesta oficial a la demanda. Se supo, sí, que en los próximos días serán citadas las tres entidades gremiales, como parte de la ronda de consultas que ya inició la ministra. Y se descartó, en principio, una posible intervención, ya que ese mecanismo no sería aplicable a una institución militar. Los que conocen el tema recuerdan, sin embargo, que el Ejecutivo disolvió la Policía Aeronáutica, que dependía de la Fuerza Aérea, creó un nuevo cuerpo de seguridad, que depende de la autoridad civil y nombró un interventor al frente del nuevo organismo.

Hace un par de semanas el Gobierno anunció que avanzará en el traspaso del control aéreo civil, a cargo de la Fuerza Aérea desde hace 40 años.