Saberlo, lo sabemos de sobra. Pero es tal la impotencia que nos produce que terminamos mirando para otro lado. Nos ha pasado a todos, frente a las imágenes que exhiben la televisión y la calle: ese golpe en el plexo, ese estupor asfixiante ante la evidencia de que la salud ya no es un derecho garantizado por el Estado a todos los habitantes. Pedir salud no es pedir limosna. Dar salud no es beneficencia sino una obligación de todo Estado. Y no sólo una de tantas sino la primera y esencial. Si lo que da no alcanza –si es cierto que lo que tiene para dar no alcanza–, su obligación inmediata e imperativa es, como mínimo, declarar la emergencia sanitaria y ponerse a la cabeza de la redistribución de eso que a algunos les sobra y a otros les falta. Háganme un pequeño favor: vayan a sus botiquines, fíjense la cantidad de medicamentos que languidecen allí hasta su fecha de vencimiento. Mientras tanto, en este mismo momento, hay alguien que necesita ese medicamento y no tiene con qué comprarlo, y el Estado tampoco se lo da. La salud de esa persona corre peligro; la vida de esa persona corre peligro. Ya no sirve como excusa la impotencia: ahí mismo está el remedio, frente a nuestras narices. Es cierto: la obligación es del Estado. Y se trata de obligar al Estado a que haga frente a esa obligación. Pero cada uno de nosotros es el Estado, cuando el Estado se lava las manos. Redistribuir, aunque sea en esas proporciones mínimas -que esos medicamentos no venzan, que sirvan para algo más que para languidecer “por si acaso” en un botiquín, o en el maletín de un visitador médico, o en los cajones de un consultorio– ya es algo. Y algo es mejor que nada. A eso apunta la convocatoria del 12 de julio. No sólo a la redistribución de medicamentos (infinitesimal, en el mar de necesidad actual y ninguna novedad como iniciativa, ya que Caritas y la Red Solidaria lo están haciendo hace tiempo) sino a la toma de conciencia de esta emergencia sanitaria nacional. Ese es el corazón del reclamo: exigirle al Estado que cumpla con la primera y más esencial de sus obligaciones, que apele de verdad a todos los recursos de los que dispone (compra de insumos para hospitales antes que redescuentos para banqueros, fabricación de drogas genéricas en laboratorios estatales, redistribución de salud a través de una verdadera Ley de Salud) para hacer frente a esta situación inconcebible.