La empresa textil Kowsef SA, encargada de la confección de la marca Kosiuko, fue denunciada penalmente bajo la acusación de mantener trabajadores en situación de esclavitud y por tráfico ilegal de personas. La nueva presentación judicial, esta vez ante la Justicia Federal, se suma a las ya realizadas por el Gobierno de la Ciudad para que se investigue cuáles son las condiciones en las que se encuentran los trabajadores bolivianos de los talleres textiles. El pedido de investigación se suma a una causa ya existente y en la que testigos de identidad reservada fueron amenazados de muerte.

La denuncia hecha ante el fiscal federal Patricio Evers está firmada por el presidente de la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre, Gustavo Vera, y el abogado representante de los querellantes, Rodolfo Yanzón. El objetivo es que se investigue si los responsables de la firma Kowsef SA, creada por Federico Bonomi, son responsables de los delitos de reducción a servidumbre, del pago de salarios inferiores a los establecidos en la ley de trabajo a domicilio (12.713) y de tráfico ilegal de personas (Ley 25.871).

Ya en los primeros días de septiembre se había realizado una serie de inspecciones en trece talleres que trabajaban para Kosiuko, también a partir de las denuncias de la Cooperativa 20 de Diciembre y la Unión de Trabajadores Costureros. En esa oportunidad, las visitas de los inspectores se hicieron sobre la base de información otorgada por la misma empresa, pero la gran mayoría de los talleres eran locales dedicados a otras actividades e incluso algunas de las direcciones eran inexistentes, según aseguró entonces el gobierno porteño. En los sitios en los que sí funcionaban talleres se detectaron trabajadores en negro e irregularidades en las condiciones de higiene y seguridad. Desde la empresa siempre se negó que en talleres de su propiedad o que trabajaran para ellos hubiera trabajadores en condiciones de esclavitud.

Como consecuencia de esos operativos, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires denunció a la textil Kowsef por obstrucción de la función pública, delito en el que estaría incurriendo la empresa al brindar información falsa a los encargados de las inspecciones.

Ahora, los querellantes van por más y señalan en el escrito que “los responsables de las firmas que comercializan con las marcas de indumentaria no sólo deben ser investigados por la eventual obstrucción de la función pública –dada la falsedad de los informes que aportaron al Gobierno–, sino por los delitos que afectan en forma directa a la dignidad humana y que guardan relación con un número amplio e indeterminado de víctimas en condiciones verdaderamente denigrantes”.

Con la nueva denuncia, “estamos diciendo que la falsificación de los datos en realidad tiene relación con otros delitos, como la reducción a servidumbre”, destacó Yanzón ante Página/12.

Este nuevo paso judicial se suma a una causa que en octubre de 2005 había recaído en el juez Norberto Oyarbide, quien se excusó y la giró al juzgado de Jorge Urso, que también declinó hacerse cargo del expediente. El sucesivo rechazo de los magistrados deberá ser zanjado por la Cámara Federal, aunque no se detiene el trabajo de la fiscalía. “Mientras los jueces discuten, hay testigos de identidad reservada que fueron amenazados. A un matrimonio que dio su testimonio le secuestraron al hijito y le dijeron que lo iban a matar”, indicó el abogado.

Por otra parte, los denunciantes solicitan al fiscal que plantee la inhibición de la justicia correccional, donde se instruye un sumario por supuesta obstrucción de la función pública. “Es necesaria la realización de una investigación integral –sostuvo Vera–, por ilícitos más graves. Porque lo que hay es explotación de indocumentados.”