La polémica no cesó. Después de la sanción el miércoles de la ley que establece la educación sexual obligatoria en todas las escuelas del país, tres obispos la calificaron de “inconstitucional” y estimaron que “violenta el derecho natural” de los padres a elegir la educación de los hijos. El ministro de Educación, Daniel Filmus, intentó apaciguar los ánimos al sostener que la Iglesia “no se opone” a la nueva norma. Dos diputadas que promovieron la ley rechazaron la crítica de los obispos.

El obispo Baldomero Martini, de San Justo; Jorge Lona, de San Luis, y Rinaldo Bredice, de Santa Rosa, coincidieron en objetar ayer por “inconstitucional” la ley. Para los religiosos, la norma sancionada supone “una imposición totalitaria” del Estado, al proponer a los alumnos “un único modelo” en la materia. También advirtieron que “violenta el derecho natural” de los padres a elegir la educación de sus hijos.

Una de las legisladoras que salió al cruce de los religiosos fue Marta Maffei, del ARI: “Corresponde al Gobierno dictar planes de Educación, por eso esta ley no es inconstitucional”, señaló a Página/12. En ese sentido, agregó: “Me gustaría que ellos escucharan las voces de los religiosos que están frente a establecimientos educativos. Ellos tienen clara la problemática cuando ven embarazos tempranos, padecimientos de abusos muchas veces provenientes desde el seno familiar”. También indicó que “a veces hay incapacidad desde la familia para establecer diálogo sobre estos temas”. Juliana Di Tulio (Frente para la Victoria) resaltó que “la totalidad de la Cámara de Diputados menos uno y la totalidad de la Cámara de Senadores menos una votamos a favor, o sea, todo el pueblo argentino avala este programa en las escuelas”.

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Filmus, expresó satisfacción por el “consenso” que logró la ley y desestimó que la “Iglesia en sí” rechace la norma.

Sobre el supuesto “derecho violentado de los padres”, Di Tulio acotó que “la responsabilidad de educar es del Estado y también de los padres, pero muchos de ellos no saben cómo abordar algunos temas, ya que a veces no conocen sus propios cuerpos. Por eso los padres están incluidos en los programas, porque parte de esta iniciativa es educar a los padres. Por todo esto, no se puede hablar de visión única”.

El prelado de San Justo cuestionó que “si el Estado no es capaz de enseñar a leer, escribir, sumar y restar, ¿cómo podríamos confiarle sin ningún recaudo la educación en la sexualidad de las futuras generaciones? Sería un notable desatino”.

Maffei retrucó que “no se puede plantear que la opción de educar sea sobre la base del ocultamiento”, e indicó que “los chicos van a la escuela a adquirir conocimientos adecuados para mejorar su desarrollo”.

Bredice, en tanto, estimó que el futuro marco legal “no ayudará a que haya menos embarazos adolescentes sino a que suceda todo lo contrario”. Maffei advirtió que ese tipo de dichos “anticipadamente descalifican la acción educadora. Es como decir que yendo a la escuela no hay menos analfabetos. Son prejuicios, preconceptos. Lo que sucedió en otros países es que con una ley como ésta se retrasa la iniciación sexual de los niños y los jóvenes van dándose cuenta de los riesgos y son más cautelosos”. Di Tulio destacó que “no sólo previene embarazos sino patologías como abusos”, entre otras cosas.

“Con una ley tan consensuada nadie puede salir a decir hoy lo que se viene diciendo hace años -subrayó Di Tulio-. Me asombran estos dichos. Si hay una ley absolutamente trabajada es ésta, y llegamos a este resultado de una forma muy consensuada, y el sector de la Iglesia fue escuchado y se incorporaron cosas en base a sus planteos”, señaló.

Informe: M. S. Wasylyk Fedyszak.