La mayoría (por lo menos) de los recursos de amparo presentados en estos días contra la ley porteña que prohíbe fumar en lugares públicos fueron preparados por el mismo estudio jurídico, aunque firmados por diferentes abogados, y repiten el mismo texto. Se trata de un extenso documento de casi 40 fojas que sintoniza con argumentos esgrimidos por la industria tabacalera internacional. Uno de los abogados anticipó a este diario que la demanda “llegará a la Corte Suprema”: ante la pregunta de cómo los dueños de modestos bares afrontarían los costos de tan importante proceso, contestó que “eso es secreto profesional”. Al mismo tiempo, un especialista advirtió que “las tabacaleras suelen actuar jurídicamente en forma encubierta, a través de dueños de bares y restaurantes”, y señaló que “en la Argentina, esas empresas, actuando coordinadamente, “ganaron todos los juicios en los últimos treinta años” contratando “abogados muy poderosos”. El recurso de amparo sostiene que, para el no fumador, la “elección” de estar en un lugar donde se fuma “forma parte de su núcleo de realización biográfico”.

El titular del estudio jurídico que preparó los recursos “es un importante jurisconsulto que por ahora prefiere no dar su nombre”, dijo a este diario uno de los profesionales que lo integran. Página/12 tuvo acceso a la presentación firmada por la abogada Carla Narváez –en representación de los dueños del bar Unico, de Honduras y Fitz Roy– y pudo establecer que idénticos textos fueron firmados por otros abogados del estudio.

La presentación –concretada a pocas horas de la entrada en vigencia de la ley– sostiene que los artículos 2 y 19 de la Ley 1799, de Control del Tabaco, que prohíben fumar en espacios cerrados con acceso al público, “conculcan el derecho de comerciar y ejercer toda industria lícita (art. 14 de la Constitución argentina), la libertad de intimidad (art. 19) y el principio de razonabilidad (art. 28)” por lo cual pide se declare su “inconstitucionalidad”.

Para los demandantes, “la norma impugnada obliga al propietario a imponer a una persona una conducta que puede ser contraria a su biografía real y actual”. Es que “existe, en la construcción de la biografía de una persona, la posibilidad de adquirir el carácter de fumadora más allá de los riesgos que esto suponga para su persona”. Los demandantes admiten (como ya lo han hecho las compañías tabacaleras) “un límite de este derecho fundamental, cuando existe un daño directo e inmediato a terceros, si damos por cierta la hipótesis de que todas las personas que no fuman, por concurrir a un espacio donde habitan fumadores, son susceptibles de contraer alguna enfermedad, al igual que cualquier fumador”. Así, acepta implícitamente la prohibición en lugares públicos “de necesaria concurrencia y permanencia”, pero sostiene que un bar es un lugar privado al cual el no fumador “puede, dentro de su plan de vida, elegir si ingresa o no”, lo cual “forma parte de su núcleo de realización biográfico”.

La presentación (que cita un fallo donde una cámara civil, en un juicio contra Nobleza Piccardo, consideró que “no es claro que la nicotina provoque una adicción semejante a la de la droga”) postula “que cada persona elija dentro de su campo autobiográfico a dónde quiera concurrir”. Y solicita, mientras se resuelve el amparo, una medida cautelar que suspenda la aplicación de la ley para el comercio representado.

Andrés Gil Domínguez, abogado del bar Kilkenny, de Reconquista y Marcelo T. de Alvear (este profesional, según pudo establecer Página/12, firmó una presentación idéntica y pertenece al mismo estudio), comentó que “el proceso de fondo llegará a la Corte Suprema, ya que habrá apelaciones”.

–¿Cómo puede ser que los dueños de estos bares puedan afrontar los elevados costos que un juicio así implica? –preguntó Página/12.

–Eso está bajo secreto profesional –contestó Gil Domínguez.

El investigador Raúl Mejía –del Hospital de Clínicas de la UBA y de la Universidad de California– advirtió que “las tabacaleras suelen actuar en forma encubierta a través de dueños de bares y restaurantes. Contratan abogados poderosos. En la Argentina, Phillip Morris y British American, actuando en conjunto, ganaron todos los juicios en los últimos treinta años”.