El 11 de octubre de 2003, en Monte Chingolo, al joven Maximiliano Silva, de 19 años, un policía lo mató por la espalda. El sargento ayudante Jorge Viva, desde el patrullero en el que se movilizaba, efectuó un disparo con una escopeta Batán 12.70. El joven, al que habían confundido con un ladrón, recibió nueve postas de plomo y cayó al piso luego de perder el control del ciclomotor en el que iba. Un amigo suyo fue detenido, sin causa, por el mismo policía. El sargento Viva fue condenado ayer a 14 años de prisión por homicidio simple, aunque en el juicio oral alegó que el disparo se le había “escapado” por culpa “del mal estado de las armas” que provee la Policía Bonaerense. Los miembros del Tribunal Oral 7 de Lomas de Zamora no le creyeron. Además de condenarlo, le quitaron el beneficio del arresto domiciliario que tenía Viva y ayer mismo lo enviaron a una celda de la comisaría décima de Lanús, hasta que el Servicio Penitenciario Bonaerense le consiga un lugar en una cárcel.

“Fue un buen fallo, estamos conformes. El fiscal (Fernando Shell) había pedido 13 años y el tribunal le dio uno más. Nosotros, como querellantes, habíamos solicitado una pena de 17 años. Igual estamos satisfechos”, le dijo a Página/12 el abogado Carlos Zimermann. Para corroborar los dichos de Zimermann, los familiares de Silva, presentes en la sala de audiencias, aplaudieron el veredicto de los jueces Roberto Wenceslao Lugones, Jorge Roldán y Elisa López Moyano. Ante el temor de que se fugara, el tribunal había ordenado que la casa de Viva fuera custodiada durante los últimos días del juicio. “Fueron tres años de mucho trabajo, pero valieron la pena”, insistió Zimermann.

En el alegato final, donde pidió la condena a 17 años, el fiscal Shell había solicitado que el sargento Viva estuviera presente durante la lectura del veredicto. Así fue y luego de dictarle los 14 años de prisión, los jueces ordenaron su inmediata detención. Los abogados del policía, Roberto Montenegro y Jorge Giordano, había pedido la absolución de su representado, alegando que el disparo mortal y por la espalda se había debido “a un hecho fortuito”. En su primera declaración, durante la instrucción de la causa, Viva había asegurado que el tiro se le había escapado por “el mal estado del arma” que llevaba.

El perito balístico designado por la Justicia concluyó en cambio que la escopeta Batán calibre 12.70 “no podía dispararse sola” dado que “tenía el seguro en buen estado de funcionamiento”. También se puso de manifiesto que el tiro se había hecho desde una distancia corta “de entre dos y cinco metros”, desde una posición que, tratándose de un policía habituado al manejo de armas, era “imposible errar el disparo”. El perito acompañó sus dichos con un gráfico. La perdigonada golpeó en la espalda del joven Silva, que murió en el acto. Tenía nueve postas de plomo en el cuerpo.

En el juicio declararon varios policías como testigos, entre ellos el compañero de Viva, el cabo Bernardo Corral, quien lo acompañaba en el móvil durante la persecución. Según Corral, una tercera persona que nunca apareció, les había disparado antes y por eso Viva respondió. Otros testigos aseguraron que los dos chicos que iban en dos ciclomotores, uno de ellos Silva, nunca se dieron vuelta hacia donde venían los policías y en modo alguno significaban un peligro para su seguridad, dado que no portaban armas ni estaban huyendo.