Un grupo de familiares de víctimas de la tragedia de Cromañón pidió a la jueza María Angélica Crotto el embargo de los fondos surgidos de la venta de sus discos, como así también los porcentajes por la difusión de su música. Los familiares solicitaron a la Cámara de la Industria Discográfica (Capif) y a Sadaic que se les retenga el dinero correspondiente por la difusión de su música, por los temas de su autoría, por la percepción de derechos de autores y compositores y por la venta y difusión del disco. El pedido fue elevado por los abogados Susana Inés Rico y Edgardo Pablo Lilljedahl, quienes advirtieron en la presentación que las ganancias de los discos “no revisten el carácter alimentario y en consecuencia el embargo debe ser por la totalidad de lo que les correspondiere percibir, sin quita alguna”. Los letrados actúan en representación de María Cristina Quevedo, Jorge Nieva, Jorge y Mirta Viegas Méndez, Néstor Soraire, Isabel y Carlos Rodas, quienes perdieron familiares en la noche del 30 de diciembre de 2004. Los abogados, finalmente, también solicitaron que se embargue el dinero hasta la cantidad que la jueza determinó en el auto de procesamiento. Al grupo ya se le había embargado parte de la recaudación de su recital en el estadio de Córdoba.