Después de que la Cámara Federal de Córdoba dejara sin efecto un amparo presentado por la asociación Mujeres por la Vida, que plantea la inconstitucionalidad del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el caso llegó a la Corte Suprema nacional, que revocó la decisión de la Cámara provincial y le dio legitimidad a la asociación para presentar sus reclamos contrarios a la Ley de Procreación.

La resolución de primera instancia que ordenara al Ministerio de Salud suspender el plan “en todo el territorio nacional” había sido negada por la Cámara Federal por “falta de legitimación” de la agrupación. Ahora, la demanda será devuelta a Córdoba para que la Justicia local dicte una nueva sentencia.

En realidad, la Corte Suprema no se expidió todavía sobre la cuestión de fondo, es decir que no falló ni a favor ni en contra del programa; en cambio, decidió reconocer la legitimidad de la asociación civil para promover una demanda en torno del asunto.

La Corte consideró que la disputa por los derechos reproductivos y los planes de anticoncepción del Gobierno constituyen “un caso judicial” y sostuvo que la organización civil tiene capacidad para litigar en procura de la “tutela de los derechos de incidencia colectiva a la vida, a la salud y a la patria potestad”.