Las leyes necesarias para bajar los índices de discriminación en la Argentina fueron impulsadas ayer en una conferencia pública que, en el Salón Azul del edificio del Congreso, dieron la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi), María José Lubertino, y el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli. Ante un auditorio lleno de representantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, travestis, gays, lesbianas, migrantes, refugiados, adultos mayores y jóvenes, Lubertino habló de la “necesidad de acelerar los cambios” acordes con la política ya marcada por el gobierno nacional “no sólo para reparar los desastres del pasado”, sino para “ponernos en el presente del siglo XXI”. Entre las propuestas más subrayadas por la propia presidenta del Inadi estuvo la necesidad de una ley que convierta la discriminación en un delito federal.

En realidad, el Plan Nacional Contra la Discriminación es un texto de más de 260 páginas que incluye 250 propuestas rubricadas con la firma del presidente Néstor Kirchner en el decreto 1086 y que van desde la unión de gays y lesbianas hasta el fin del clientelismo como una práctica discriminadora. El voltaje político de las medidas señaladas allí y elaboradas por un equipo de expertos a partir de la Conferencia Mundial Contra el Racismo y la Discriminación de Durban, Sudáfrica, ha suscitado reacciones entre los sectores más conservadores de la Iglesia Católica.

De hecho, en cartas dirigidas a todos los legisladores, según informó en su momento en exclusiva Página/12, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó sus resquemores sobre todo ante las uniones entre personas del mismo sexo y las observaciones sobre las tasas de muerte por abortos ilegales de las mujeres más pobres.

Ayer, ante Scioli y la diputada Patricia Vaca Narvaja, la presidenta del Inadi presentó además su proyecto de gestión para cuatro años: el principal objetivo del Instituto será la federalización. Lubertino quiere que se abran oficinas para recibir denuncias y elaborar políticas antidiscriminatorias a lo largo de todo el país. “Una de las medidas legislativas que nos parecen importantes es la ratificación del Protocolo de la Cedaw, para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer”, dijo ayer Lubertino. A esto se le suman, entre otras medidas, la eliminación de los artículos discriminatorios de los códigos de falta y contravencionales de todo el país y la legalización del matrimonio para personas del mismo sexo.

Algunas de las propuestas del Plan Nacional contra la Discriminación ya tienen su reflejo en proyectos de ley en el Congreso nacional. Otras son del ámbito local o provincial, como la eliminación de los códigos de falta. Pero lo cierto es que muchos tienen ya texto y son impulsados por el oficialismo, como el de suspender los desalojos de Pueblos Originarios. También está ya redactado y en comisión el proyecto para una nueva ley nacional de unión civil para parejas de un mismo sexo con garantías similares a las parejas heterosexuales y otra para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones para gays y lesbianas. “Argentina salió para adelante gracias a todos, sin distinción de raza, credo, género o bandera política. Por ello hoy sumamos las propuestas de reformas legislativas del Inadi. El Congreso es el ámbito natural para las políticas de Estado que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y el pleno ejercicio de la libertad”, dijo el vicepresidente Scioli.