El cuñado del diputado provincial salteño Ernesto Aparicio fue detenido por el crimen de Liliana Ledesma. La víctima, dirigente de una asociación de pequeños productores, había protestado porque Aparicio –quien posee tierras próximas a la frontera con Bolivia– bloquearía caminos vecinales en relación con actividades ligadas con el narcotráfico; antes de matarla, como castigo y mensaje, le tajearon los labios. Hay también otro hombre detenido por el crimen. Pero hasta ahora el juez provincial no ha procesado a Aparicio –quien responde al gobernador Juan Carlos Romero–; entretanto, los abogados de la familia de Ledesma fueron amenazados, lo mismo que un periodista local y un juez federal.

Aníbal “Ani” Tárraga y Lino Moreno, apresados el miércoles en Santa Victoria Este, Salta, tenían pedido de captura desde el día en que se cometió el crimen, ya que habían sido identificados por testigos como autores materiales. Tárraga convive con Gabriela Aparicio, hermana del diputado, quien ya estaba detenida, primero por encubrimiento y luego como sospechosa de participar en el crimen.

A fines de septiembre pasado, Liliana Ledesma había viajado a la capital salteña junto con otro dirigente de la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones para denunciar que Aparicio había cerrado con tres portones un camino vecinal, lo cual le impedía circular por su propia tierra y la obligaba a pasar con sus animales por Bolivia; también sostuvo que el diputado –quien preside la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Legislatura– estaba comprando tierras próximas a la frontera y efectuando desmontes para construir una pista de aterrizaje y lo acusó de “narcotraficante”.

El 21 de septiembre pasado, la mujer fue muerta a puñaladas; antes de matarla, le cortaron verticalmente los labios.

Familiares de Liliana Ledesma acusaron a Aparicio como autor intelectual del crimen. El juez Nelson Aramayo, a cargo de la causa, no lo imputó hasta ahora y se limitó a tomarle declaración informativa. Los diputados nacionales Juan Manuel Urtubey (PJ) y Andrés Zottos (Partido Renovador Salteño) han sostenido que Aparicio (perteneciente al PJ) debería ser expulsado de la Legislatura provincial.

Entretanto, se registraron en Salta diversas amenazas. Las padeció el periodista Sergio Poma, director de la radio FM Noticias, quien se había manifestado dispuesto a ampliar las denuncias contra Aparicio. También fueron amenazados el abogado Daniel Tort, representante de la familia Ledesma, y el juez federal Abel Cornejo; este magistrado había relacionado a Delfín Reynaldo Castedo, socio de Aparicio, con causas por narcotráfico en Salta y en la provincia de Buenos Aires.

Un mensaje de correo electrónico que llegó a FM Noticias exigía que “la corten con el tema del Gordo Aparicio” y recomendaba tener “cuidado con lo que hacen y dicen en esa radio de mierda”. Agregaba: “Ustedes ya saben cómo trabajamos los pociteños cuando alguien nos jode. De no, miren lo que pasó con la familia Ledesma por meterse con nosotros”.

En el Congreso nacional, un grupo de diputados –entre ellos Miguel Bonasso, Remo Carlotto y Susana Canela– solicitaron el esclarecimiento del caso y destacaron el alto grado de inseguridad de la zona, en relación con el narcotráfico.