Las sanciones que prevé el actual Código de Faltas porteño son tan leves que, en algunos casos, a los infractores les conviene pagar la multa antes que corregir la infracción. Esa fue la idea que inspiró el proyecto para redactar un nuevo código, impulsado por el Ejecutivo porteño, con el apoyo de la mayoría de los legisladores, que ayer lo aprobaron en general. No hubo acuerdo sobre algunos puntos, como el que establece sanciones para los vecinos que frente a sus viviendas tienen residuos domiciliarios (los hayan sacado ellos o no) o la norma que castiga a los cartoneros que trabajen en la vía pública sin estar incorporados al registro de recuperadores urbanos. Esos puntos se discutirán la semana próxima, cuando la Legislatura trate el proyecto artículo por artículo.

El nuevo Código de Faltas castigará con más dureza, especialmente, aquellas infracciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas, como la elaboración de alimentos en condiciones de higiene inadecuadas, la liberación de sustancias contaminantes o permitir el ingreso a un local bailable de más personas que las autorizadas. También sanciona conductas hasta ahora no previstas por la norma, como las que lesionan al medio ambiente: la generación o el transporte irregular de residuos patogénicos, el ingreso o comercialización en la ciudad de equipos con PCB, por ejemplo. Los reincidentes en actividades consideradas críticas –como la explotación de geriátricos, escuelas privadas o estaciones de servicio– sufrirán obligatoriamente inhabilitación o clausura.

El proyecto fue elaborado por el equipo del ministro de Gobierno, Diego Gorgal, en junio último, tras ser consensuada con los jefes de los bloques mayoritarios de la Legislatura. En ese momento, el funcionario argumentó que la necesidad de modificar el Código surgió a partir de la intensificación de inspecciones post Cromañón, que permitieron comprobar que el sistema de sanciones era ineficaz. “Descubrimos que había infractores a los que les convenía pagar la multa antes que corregir la irregularidad y seguir cometiendo la falta”, explicó el ministro.

Otro problema es la ineficiencia del sistema de cobro de multas: la Unidad Administrativa de Control de Faltas, en Carlos Pellegrini 311, cuenta con 24 controladores, que deben ocuparse de 1.800.000 actas por año. Sólo una mínima parte de esa cantidad recibe sanción. El resto se esfuma después de un año, cuando prescribe cada infracción. Esa situación podría modificarse con la ampliación del cuerpo de controladores a 90, aprobada la semana pasada por la Legislatura. El Ministerio de Gobierno, además, propone crear un nuevo cuerpo de controladores para faltas vinculadas con el medio ambiente, la seguridad urbana, bromatología y construcciones.

La nueva ley amplía el plazo de prescripción a dos años y extiende a las faltas el sistema de mandatarios que hoy se dedica a cobrar judicialmente a los morosos de la Dirección de Rentas. Los mandatarios son equipos de abogados contratados por la Procuración de la Ciudad para ejecutar las deudas que el Estado no puede cobrar, a cambio de una comisión. Claro, todo esto si la ley se aprueba en particular.

En ese caso, los principales puntos del nuevo Código serán:

- Se incrementan los montos de las multas para figuras que ponen en riesgo la seguridad. Por ejemplo, se cuadruplican las multas a los establecimientos que elaboren y comercialicen alimentos sin guardar las condiciones de higiene adecuadas. Y se multiplican por diez las que se aplican a establecimientos o vehículos que liberan sustancias contaminantes.

- La reiteración de una falta en el término de un año merece la duplicación de las multas.

- Los establecimientos críticos (geriátricos, sanatorios, shoppings) que funcionen sin las debidas instalaciones contra incendios recibirán una multa mínima de 20.000 pesos, 200 veces más que los establecimientos no críticos.

- Habrá sanciones obligatorias de inhabilitación o clausura para los casos de reiteración de la misma falta en actividades críticas. Esas accesorias existen hoy pero su aplicación es optativa.

- No será posible el pago voluntario (que representa un descuento del 25 por ciento en el monto de la multa) en las figuras que comprometen la seguridad. Estos infractores tampoco podrán acogerse al sistema de pago en cuotas.

La norma, que terminará de aprobarse la semana próxima, se refiere sólo a las faltas vinculadas con la seguridad de higiene. Para las infracciones de tránsito habrá que esperar: el sistema que planea el Gobierno contempla un sistema de puntaje vinculado con el seguro automotor, que premiará a los que no cometan faltas y castigará a los infractores.