Las dos grandes tabacaleras, que compiten ferozmente por el mercado local, acordaron en la década del ’90 compartir, mitad y mitad, gastos millonarios en “prominentes” estudios jurídicos para evitar que prosperaran en el país juicios por daños causados por el cigarrillo. Además, Nobleza Pi-

ccardo y Massalin Particulares aseguraron la “calidad de su estrategia contra la litigación” por intermedio de consultoras internacionales que les aconsejaban sobre el mejor curso de acción. La principal actividad de lobby fue “monitorear reuniones académicas” para “obtener opiniones” favorables de profesores “clave” de Derecho. El dato lo revela una investigación encabezada por una abogada jujeña, que hurgó los documentos confidenciales que las compañías fueron forzadas a divulgar como parte de una sentencia legal en los Estados Unidos. El estudio analiza por qué fracasaron en la Argentina las demandas iniciadas por fumadores.

La investigación fue realizada por un equipo liderado por María Laura Flores, una joven abogada jujeña, y publicada en la revista inglesa Tobacco Control. El estudio describe los motivos por los cuales no prosperaron los juicios, a diferencia de lo que ocurrió en cortes de Estados Unidos, donde las principales compañías acordaron pagar una indemnización de 200.000 millones de dólares por los gastos ocasionados por el tratamiento de enfermedades relacionadas al consumo de tabaco.

Lujo

En Argentina la estrategia legal de las tabacaleras fue exitosa. “No se conoce que hayan pagado ni un peso por algún juicio en su contra”, señaló a Página/12 Flores. Se estima que se iniciaron más de un centenar de demandas individuales contra Nobleza Piccardo o Massalin Particulares por parte de fumadores. En un memo interno de la British American Tobacco (de la cual Nobleza Piccardo es subsidiaria), un asesor legal de la compañía (Gareth Cooper) que viajó a la Argentina entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2000 para monitorear el desarrollo de la litigación contra las tabacaleras, afirma: “Vamos a gastar lo que sea necesario para ganar estos casos, pero vamos a analizar qué gastamos para que el gasto sea efectivo y eficiente”. De ese mismo memo, mencionado en el trabajo de Flores, se desprende que las dos tabacaleras compartieron los gastos del estudio Marcel, O’Farrel & Mairal, contratado por Massalin y uno de los más importantes y antiguos del país. Sólo entre 1995 y 1999 sus honorarios llegaron a 1.925.000 dólares, de acuerdo con el mismo memo. También contrataron a otra “prominente” firma legal: Noetinger & Armando, uno de cuyos abogados cobraba 55 mil dólares por mes en el año 2000.

“Las tabacaleras no podían darse el lujo de perder ningún caso, por la avalancha de demandas que eso podía acarrear. En realidad, ninguna causa en el mundo llegó a sentencia firme: siempre las tabacaleras arreglaron antes, incluso en Estados Unidos. En el estudio Marcel, O’Farrel & Mairal un equipo de abogados seguía los juicios y más allá de cuál de las dos empresas fuera la demandada, se acordó pagar los gastos en forma compartida”, confirmó a Página/12 un ex directivo de una de las tabacaleras locales.

La investigación revela que colaboraron en la estrategia legal de las tabacaleras por lo menos siete abogados de cinco firmas legales internacionales (Shook, Hardy & Bacon, Chadbourne & Parke, Watchel, Lipton and Rosen & Katz, Hunton & Williams and Davis Polk & Wardwell). “Las actividades incluyeron la revisión de documentos, la generación de informes semanales, viajes para encontrarse con expertos médicos y abogados locales, para proveerles de ejemplos de respuestas para las demandas, y la participación en seminarios de entrenamiento para letrados de Argentina y Brasil”, enumera el estudio.

La primera demanda en el país contra una tabacalera data de 1979, según la investigación de Flores. Pero las presentaciones se multiplicaron a partir de mediados de la década del ’90 y principios de la siguiente, como consecuencia del éxito, por aquellos años, de las litigaciones contra las fabricantes de cigarrillos en Estados Unidos.

En general, la mayoría de las demandas en Argentina se hicieron en el fuero civil. Hubo tres motivos básicos: por los daños y perjuicios supuestamente provocados por el fumar, por las consecuencias en la salud del humo del tabaco de segunda mano o para reclamar el reintegro de los gastos por el tratamiento de enfermedades presuntamente generadas por el consumo de cigarrillos. “Los casos por daños, que son la mayoría, son más o menos parecidos: el demandante es un fumador compulsivo y empezó a fumar muy joven. Al plantear el juicio sufre de alguna enfermedad causada por el tabaco como enfisema pulmonar o problemas cardíacos. Todos los demandantes admitían que eran adictos a la nicotina y habían tratado de dejar el cigarrillo sin tener éxito”, detalló Flores, quien realizó la investigación junto con el médico Raúl Mejía, jefe del Programa de Medicina Interna General del Hospital de Clínicas, entre otros autores.

Del análisis de una muestra de 15 causas, detectadas entre los documentos confidenciales de la industria, los investigadores concluyen que los juicios fracasan por dos razones principales. En primer lugar, los demandantes no llegan a establecer la relación de causalidad entre el daño que dicen haber sufrido por el cigarrillo y el tabaco. “Las demandas en general no tenían un sustento científico serio, por ejemplo en uno de los casos citados en el trabajo la bibliografía usada fueron artículos de diarios y una campaña realizada por Lalcec (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer). ¿De qué sirve en términos de prueba un artículo periodístico? Las presentaciones tuvieron poca profundidad”, indicó Flores a este diario.

El otro motivo que jugó en contra de los demandantes argentinos fue un aspecto que tiene que ver con el sistema jurídico local: las demandas por daños prescriben a los dos años de conocido el perjuicio. Si uno sufre un accidente de tránsito tiene dos años para reclamar una indemnización en los tribunales. “Los jueces interpretaron que los demandantes debían probar que habían adquirido el conocimiento de que el cigarrillo les producía daño dentro de los dos años anteriores a presentarse en la Justicia. Imagínese cuán difícil es, cuando los paquetes de cigarrillos traen la leyenda fumar es perjudicial para la salud desde 1986”, detalló la abogada jujeña. “Este –agregó Flores– fue el argumento central de las tabacaleras: esta gente –los demandantes– sabían que consumían un producto peligroso.”

Hubo otro tipo de causas contra las tabacaleras: las que reclamaban una indemnización por repetición de gastos de salud. “Estos casos son los que más aterrorizan a la industria argentina, porque son los que terminaron en Estados Unidos con el Acuerdo Maestro de 200.000 millones de dólares. Las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego y La Pampa firmaron una especie de intención de iniciar a futuro demandas con el asesoramiento de abogados de Estados Unidos. Pero la cuestión de las costas y los honorarios hicieron que estas provincias cambiaran su posición. En la Argentina el régimen es el siguiente: si perdés, vos pagás todos los gastos judiciales y legales que haya implicado la causa, incluido los de las tabacaleras. La mera posibilidad de tener que afrontar estos gastos, los ahuyentó. En Estados Unidos, el régimen es distinto: el abogado cobra si gana, si pierde, no”, explicó Flores, quien estudió Derecho en la Universidad Católica de Córdoba, se especializó en Inglaterra y llevó adelante parte de este trabajo en el marco de una beca de la Universidad de California, en San Francisco, donde está el Centro de Investigación y Educación para el Control del Tabaco que dirige Stanton Glantz, uno de los gurúes norteamericanos antitabaco.