Los vecinos del barrio de Caballito respiraron. Ayer una jueza frenó la construcción de nuevas obras en un radio de unas veinte manzanas, hasta tanto se realice una evaluación del impacto ambiental que las nuevas construcciones, principalmente edificios de varios pisos y torres, puedan tener en el barrio. “Estamos muy contentos porque es un fallo que sienta precedentes en esta lucha del barrio y otras zonas de la ciudad y del Gran Buenos Aires”, celebró Mario Oybin, de la organización SOS Caballito.

“Barrio de casas. No queremos edificios.” El pasacalles atraviesa la calle Cucha Cucha al 900 en el barrio de Caballito. Esta, como varias en la zona, es una calle empedrada y de casas bajas. Allí vive Mario Oybin quien, preocupado por la construcción de un edificio de 10 pisos junto a su casa, presentó en agosto de este año un recurso de amparo contra el gobierno de la ciudad para evitar que siga este ritmo vertiginoso de construcciones en un barrio que considera colapsado en cuanto a los servicios públicos y privados: desde cloacas y electricidad hasta cantidad adecuada de escuelas y de garages.

El lunes, la jueza en lo Contencioso Aministrativo Alejandra Petrella ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires “que se abstenga de otorgar nuevos permisos de demolición o de obra en el predio delimitado por las calles Paysandú, Arengreen, Martín de Gainza y Gaona, hasta tanto se resuelva el fondo de la presente acción de amparo”. Y ordenó además la realización de un estudio de impacto ambiental, ya que es obligatoria esta evaluación “en forma previa a la realización de un emprendimiento público o privado susceptible de tener efectos relevantes en el ambiente”.

Petrella señaló además que “se desconoce por completo qué consecuencias disvaliosas sobre el ambiente puede generar el crecimiento demográfico que se produciría si por cada lote en donde existía una vivienda unifamiliar se construye un edificio para más de diez o quince familias. Particularmente considerando que del relevamiento efectuado se desprende que ya existen en la zona problemas de presión de agua y saturación y colapso de cloacas”. Y fundamentó su fallo en que el artículo 41 de la Constitución Nacional y el 26 de la Constitución de la ciudad estipulan el derecho de todo habitante de la ciudad a gozar de un ambiente sano y a usar el recurso de amparo cuando se siente agraviada en este sentido.

Por otro lado, la jueza señaló que si bien en la zona hay sólo dos obras con permiso, la constatación judicial observó que existirían al menos nueve emprendimientos en construcción o recién terminados. “Desde mayo que los vecinos nos estamos movilizando por esto y encontramos que en el barrio hay unas 30 obras en construcción”, cuenta Oybin, miembro de la Asociación SOS Caballito, surgida al calor de la preocupación por la pérdida de la fisonomía tradicional del barrio a comienzos de 2006.

Desde entonces, organizan movilizaciones semanales que van convocando a cada vez más gente: hoy son unas 300 personas por semana. Denuncian, entre otras cosas, que “las cloacas de la ciudad fueron construidas a principios del siglo pasado y estaban pensadas para una ciudad de 800 mil habitantes, eso trae falta de agua y olores nauseabundos constantes; no hay lugares en las escuelas, los garages cobran fortunas, el Hospital Durand no da a basto y los medios de transporte tampoco”.

Por otra parte, se sienten discriminados porque algunos sectores consideran su pedido “aristocrático”. “Esto no es aristocrático. El 70 por ciento de la vivienda que se construye es para nivel ABC1; departamentos con pileta, sauna y demás”, planteó Oybid. Osvaldo Sidoli, abogado patrocinante junto a Alejandra Butti, celebró la medida, pero señaló que “vamos a ir por más, vamos a presentar amparos por otras zonas, ya hemos planteado otros en Palermo, Villa Pueyrredón y Belgrano. Este es un problema de toda la ciudad”.

“Lo que reclamamos es la participación del vecino en la urbanización. No pedimos que se suspendan todas las obras y no se construyan nunca más, sino que haya participación ciudadana en las obras que nos afectan”, planteó Butti. “Y no que la calidad de vida y el medio ambiente esté regulado por el mercado”, agregó Oybid. En este sentido, los vecinos dicen que no son ajenos a la necesidad de crecimiento de la ciudad, pero piden que no se permitan edificios de más de 10,5 metros de altura, es decir, de tres pisos, y sobre todo que haya planificación.

El próximo paso para la jueza será definir la autoridad competente para realizar la evaluación de impacto ambiental. Los abogados estiman que en un mes y medio deberían estar los resultados y que antes de fin de año se conocería la sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión: si la cantidad de modificaciones edilicias que se están llevando a cabo impactan en el medio ambiente urbano, afectando la vida de los vecinos y violando además la normativa local y nacional.