En un caso, la polémica se tornó abstracta, pero el drama se multiplicó. Se trata del caso de la chica correntina con discapacidad mental, que fue violada y a la que los médicos del hospital público Vidal, de esa provincia, le negaron la posibilidad de realizar una intervención para interrumpir el embarazo. La madre de la chica se presentó ante la Justicia para exigir que le realizaran el aborto a su hija, según lo determina el artículo 86 del Código Penal. Pero ayer, la joven, sometida a presiones y a una crisis nerviosa, tuvo pérdidas, fue internada en el hospital Llano, de la capital provincial, y terminó abortando en forma natural.

“Señora –le habían dicho en el hospital Vidal los médicos–, su hija no tiene que abortar. Tiene que tener el hijo y darlo en adopción.” El comentario tuvo lugar el martes, cuando la madre de la joven discapacitada se presentó en el hospital J. R. Vidal, de Corrientes, para solicitar que le hicieran un aborto a su hija. Su paso por el hospital público fue semejante a una pelota que rebota en un frontón. De allí, la madre concurrió a la Defensoría General donde el defensor Enzo Di Tella atendió su caso. La mujer llevaba la denuncia policial, el requerimiento del fiscal Marcelo Chaín, la historia clínica en la que se determinaba que la chica tenía 15 años pero una edad madurativa de 7 y los medicamentos que debía tomar y que eran contraindicados para el embarazo.

El caso avanzaba por el mismo camino de absurda judicialización por el que habían avanzado los casos de La Plata y de Mendoza. Desde la Defensoría se inició un oficio para presentar ante el hospital Vidal en el que se exigía el tratamiento solicitado, ya que se encontraba cubierto por la ley. No se llegó al extremo de desatar la polémica ni el lobby eclesiástico, ni a que los fanáticos recorrieran sus rosarios con pancartas: “La chica sufrió una crisis nerviosa, bajo la presión que tenía, y tuvo pérdidas –señaló un funcionario del área de Salud–. La internaron en el hospital Llano y ahí tuvo un aborto natural”.

El Vidal está dirigido por Silvia Lapertosa, y es la misma institución pública que rechazó que se realizaran ligaduras de trompas a varias mujeres, pese a que es totalmente legal, bajo el argumento de que la ley es nacional pero la provincia aún no adhirió. “En agosto se promulgó la ley nacional –aseguró la subsecretaria de Acción Social provincial, María Elena de Chieno–. No hace falta ninguna adhesión. Pero acá inventaron que hay que sacar una ley provincial que adhiera. La ley ya fue aprobada el 7 de septiembre, pero todavía no la promulgaron. Acá, la Iglesia presiona y mete mucho miedo. Es más fuerte un obispo o la directora de un hospital que una ley nacional.”