“Impunidad, ése es el diagnóstico en este caso”, resume sin dudar Luis Bordón, coordinador del Programa Nacional Anti Impunidad (Pnai), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. Habla del caso de María Cristina Ojeda y Romina Gamarra, dos jóvenes de 21 y 18 que hace sesenta días lograron escapar, en Santiago del Estero, de una red de tratantes de mujeres gracias a la ayuda de un “cliente” y del padre de Romina. Fue una huida que contó con acompañamiento policial desde el destacamento de Palo Negro, en la frontera con Santa Fe, hasta la capital de la provincia, donde radicaron su denuncia. Sin protección adecuada, sin que la causa –que pasó de la Justicia provincial a la Federal y de vuelta a la provincial– tuviera más novedad que la declaración de las víctimas, las chicas terminaron desdiciéndose de toda su historia en la última semana.

“Creemos que sus vidas corren peligro”, dijeron los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, en un informe que se giró a las secretarías de Derechos Humanos de Nación y provincia. Lo cierto es que las sospechas de los legisladores y del organismo oficial no alcanzaron hasta ahora para que la Justicia conteste a las preguntas urgentes que se abren en este caso. Y que no terminan de responderse con los últimos testimonios de las jóvenes, presentados por escrito, con abogados de carísimos estudios jurídicos de la provincia que antes no habían aparecido en la causa y que escuetamente dicen, como si ambas fueran la misma persona: “Los denunciamos (a los proxenetas) por despecho”.

María Cristina fue la primera en cambiar su declaración. Lo hizo el lunes 6 de noviembre, tres días después de que su familia denunciara su segunda desaparición, sucedida al amparo de una custodia policial inexistente ya que era compartida por las familias Ojeda y Gamarra, a pesar de que los dos domicilios están separados por más de siete cuadras. María Cristina, mamá de un niño de 3, en el escrito que presentó el abogado Néstor Darío Pereyra sin explicar por qué había cambiado el patrocinio original de los doctores Guillermo Strazza y Patricia Hidalgo –de la pastoral penitenciaria de Rosario– dijo que nunca había sido secuestrada y que había denunciado a Miguel Núñez, Martín Núñez y Javier Archelasky –los tres con pedido de captura– porque “no quería que mi novio, Martín, me abandone”.

En ese momento la causa estaba en la fiscalía Federal de Griselda Tessio, quien tomó este nuevo testimonio como válido sin constatar el domicilio en que se encontraba la joven, sin avisar a su familia que la buscaba desde hacía tres días y, curiosamente, sin preguntar por qué hablaba de un secuestro si nunca antes lo había denunciado. Ojeda había manifestado en la declaración inicial y en la ratificación posterior que había sido engañada por Martín Núñez, que le había ofrecido vivir con él en Buenos Aires y que en cambio la puso a “trabajar” en un prostíbulo llamado Camarata, en General Rodríguez, Buenos Aires, a dos cuadras de una planta de La Serenísima. Esta suma de desprolijidades tuvo un resultado: María Cristina Ojeda está desaparecida otra vez, su familia no sabe dónde está y el domicilio que declaró en el juzgado no existe.

“Esa misma tarde yo acompañé a Romina a la fiscalía para que Tessio la escuchara –contó Patricia Hidalgo, quien las patrocinó hasta esta semana–-. Volvió a contar con lujo de detalles cómo la habían subido a un auto a la fuerza, describió los prostíbulos de las tres provincias donde fue explotada sexualmente y el modo en que pudo fugarse con la ayuda de su padre. El relato es coherente, perfectamente creíble, sin contradicciones con su declaración frente a la Justicia provincial. No entiendo qué hizo la fiscal, nunca he tenido pruebas de que sea corrupta pero evidentemente prefirió lavarse las manos, se sacó la causa de encima en cuanto pudo”.

“Acá hay muchas cosas que no se hicieron –agrega Bordón–. El PNAI tomó contacto con el caso dos días después de que hicieran su primera denuncia, las dos chicas estaban asustadas, pidiendo ayuda porque la familia Núñez vive en el barrio Barranquitas, igual que ellas. Cuando las entrevistamos ya habían recibido presiones de esta gente para que cambiaran su declaración. Se suponía que los tipos tenían captura pero nadie los fue a buscar, caminaban a la vista de todo el barrio pero la policía no los veía.”

Entre las muchas cosas que quedaron sin hacer por parte de la Justicia, fue la inclusión correcta de las dos jóvenes al Sistema de Protección de Testigos. Aun cuando se envió la solicitud al Ministerio de Justicia, el escrito tenía fallas graves como no incluir al grupo familiar, algo que es fundamental porque eran tan vulnerables como las jóvenes a las amenazas. De hecho, Romina Gamarra terminó de cambiar su declaración esta misma semana, después de que un miembro de su familia sufriera lesiones graves en las piernas por una golpiza que se niega a denunciar.

Consagración
de la impunidad

La semana que medió entre el cambio en la declaración de María Cristina Ojeda y la presentación de Romina Gamarra también desdiciéndose fue angustiosa para las dos familias. Los Ojeda aún no saben dónde está su hija y los Gamarra sintieron la presión de la banda de proxenetas siguiéndolos de cerca. Una tía fue herida en las piernas, el hermano de 15 años de Romina fue brutalmente golpeado y hasta los abogados que la habían representado recibieron amenazas de muerte que denunciaron ante el Colegio de Abogados de la provincia en donde se hizo el mismo diagnóstico: “Ante el grado de impunidad de la banda es poco lo que se puede hacer”, le contestaron a Patricia Hidalgo.

“Yo soy una abogada limpia, mi trabajo es sacar gente de prisión, no recibí nunca amenazas de este tipo. Pero ahora me encontré con el frente de mi casa pintada de rojo, animales muertos como si se hubiera hecho un rito de macumba y mechones de pelo rubio, mechones que parecían de mi propio pelo”. Aun así, esta abogada de 54 años, tres hijos y dos nietos, se presentó en la fiscalía de Tessio no bien supo que Romina se había retractado, para pedir explicaciones sobre el cambio de patrocinio, que no había sido comunicado. “Yo sé que si las chicas hubieran estado protegidas se habrían mantenido en sus dichos. Hubo inacción y eso es negligencia, no las podía abandonar a su suerte”.

Este diario habló con Romina Gamarra dos horas antes de presentarse con el abogado Horacio Tallarico para decir lo mismo que había dicho María Cristina. Se la escuchaba asustada, dijo que toda su familia estaba asustada y que no sabía qué hacer. Sin embargo se ocupó de describir a cinco chicas santafesinas con las que se había cruzado en los nueve meses que estuvo secuestrada: dos de 15 –“tal vez menos, eran muy flaquitas”–, una de 18, otra de 16, una más de 19. Además una joven de 26 de Comodoro Rivadavia que a último momento decidió no escapar con ella porque hacía ocho años que estaba secuestrada “y estaba convencida de que ésa ya era su vida”. Romina volvió a hablar del secuestro: “Me subieron en un auto blanco, un Mitsubishi modelo Eclipse. Me dijeron que deje de llorar y que me calle la boca porque el que la iba a pasar peor era mi hermanito. Me llevaron a Paraná y me hicieron volver con un abogado de nombre Del Sel para que dijera que me había ido por mi voluntad, porque mi mamá había denunciado que estaba desaparecida”. De esta presentación que se hizo en el juzgado de Delatorre, donde había recaído la averiguación de paradero de Romina, nunca se le comunicó una palabra a la familia Gamarra.

Para cerrar el círculo de las curiosidades, se puede tener en cuenta que Tallarico, el último abogado de Romina, es un profesional del Estudio Torres Del Sel, un grupo de penalistas conocidos en la provincia y cuyos honorarios es evidente que la familia Gamarra no puede pagar con el modesto ingreso que les deja la venta de flores en la puerta del cementerio local. Esto tampoco llamó la atención del juez Delatorre, a cuyo juzgado volvió la causa con la misma carátula: “Romina Gamarra, su denuncia”, después de su breve paso por el fuero Federal y sin que se haya dado un solo paso para investigar el secuestro, la facilitación de la prostitución, la privación ilegítima de la libertad de las jóvenes. Los únicos pasos que se dieron judicialmente en las últimas semanas fueron comunicar al Sistema de Protección de Testigos que ya no se necesitaría protección, ya que las chicas afirmaron por escrito “actuar por su propio derecho, libres de presión”. Ni los diputados que se manifestaron públicamente preocupados por la seguridad de Gamarra y Ojeda, ni la evidencia de estar acompañadas por gente que no es de su entorno modificó esta última postura.

¿Consentimiento?

“Quienes actuaron en esta causa no sólo pidieron a las víctimas las pruebas de que habían sido secuestradas sin investigar sino que además ahora hablan del libre consentimiento de las supuestas víctimas. Pero lo cierto es que el Protocolo de Palermo, del que Argentina es firmante y como tratado internacional, tiene carácter constitucional, es claro en este sentido: el consentimiento supuesto no anula el delito. Mucho menos en el caso de una menor adulta como Romina Gamarra. Porque una persona puede decir que prefiere seguir siendo esclava y sin embargo eso no justifica la esclavitud ni quita responsabilidad a quien se aprovecha de una vulnerabilidad extrema”, dice Bordón.

El Protocolo de Palermo es un instrumento legal internacional que tipifica el delito de trata y brinda herramientas para evitarlo, ya sea con el fin de la explotación sexual o con cualquier otro, como la esclavitud.

Lo que dejaron claro los integrantes de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe es que, más allá del supuesto consentimiento o no, de todos modos se denunciaron delitos que no fueron investigados y por eso exigieron, además de la protección de las víctimas y la aparición de María Cristina, de la que no se tienen noticias, que se investiguen las vinculaciones de los prófugos con redes locales e internacionales de proxenetismo y trata, y “la probable vinculación de miembros de las fuerzas policiales de la provincia de Santa Fe y de otras provincias con el proxenetismo y la trata de personas”. Esta exigencia fue presentada después de una reunión con el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rossúa, y con el secretario de Seguridad, Gustavo Peters. Los funcionarios se habían comprometido a asistir económicamente a las familias y a acelerar los procedimientos de captura para lograr el apresamiento de los tres proxenetas prófugos. Hasta ahora nada de esto ha sucedido.