En el medio de una avalancha de críticas de la corporación judicial, el gobernador bonaerense Felipe Solá ganó anoche un voto a favor y otro en contra de la reforma al Código Procesal Penal que incluye, entre otras modificaciones, la desaparición del Tribunal de Casación y del defensor ante este organismo. En este panorama, el oficialismo de la Cámara de Diputados incorporó en la medianoche de ayer algunos cambios al texto original e impuso su voluntad por sobre la postura de la oposición que reclamó el pase a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad, por donde el proyecto ni siquiera transitó. Una media hora más tarde, los senadores del radicalismo y el PJ lograron frenar el proyecto. Su tratamiento se postergó así hasta febrero del año próximo, cuando se retomen las sesiones extraordinarias.

Nunca tan acertado el adjetivo de maratónica para describir la última jornada legislativa del año en el Legislatura bonaerense en la que se aprobó a medias esta reforma resistida por jueces, cuestionada por organismos de derechos humanos. Tras este avance en su tratamiento, en las últimas horas se sumó el repudio de la Red Jueces de Tribunales Orales de la provincia de Buenos Aires.

A través de un comunicado, la organización sostiene que la reforma es “producto de la improvisada búsqueda de soluciones efectistas” y agrega que “no sólo denota la ausencia de políticas criminales de mediano y largo plazo, sino también el déficit de perennes políticas de Estado en materia de administración de justicia”.

Luego de horas de demora en el inicio del plenario y después de aprobar el presupuesto provincial, en la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria requirió el tratamiento sobre tablas del proyecto. La UCR y el PJ habilitaron esta intención con su votos, pese a que luego en el debate del articulado pidieron más tiempo para analizarla. El ARI, solitario, solicitó el pase a comisión.

Sorteado este primer obstáculo, el oficialismo logró en poco tiempo la media sanción del proyecto. En esta campaña colaboró el respaldo de la diputada del Paufe (el partido de Luis Patti), Marta Ferrara. De todas formas, el triunfo fue ajustado. La pantalla marcaba 38 votos a favor y 34 en contra. En el medio, el FPV incorporó algunas modificaciones al proyecto. Una de ellas dispone que las cámaras de segunda instancia no serán integradas por dos miembros sino por tres. Esto es en repuesta al rechazo a la propuesta original que establecía que en, caso de que los dos jueces no se pusieran de acuerdo en una causa, intercedería un tercer magistrado en el dilema.

Además se incorporó la figura del defensor general como una forma de garantizar el sistema de defensa pública ante la anulación del Tribunal de Casación. Para la oposición, esta incorporación no alcanza. “Nueve de cada diez acusados llegan a juicio sin representación propia, por lo que necesitan de la defensa pública. Esta modificación de última hora no va a lograr defender este derecho de los imputados porque esta nueva figura dependerá de la Procuración General y de la Fiscalía”, que es la que acusa al imputado, objetó el diputado del Ari y presidente del bloque, Horacio Piemonte.

Mientras el ARI exigía en el recinto el llamado a una audiencia pública para que “todos los actores que hoy se oponen a la reforma, participen del debate”, el PJ habilitaba su ingreso al orden del día de la sesión, aunque, llamativamente, en el debate coincidiera con el ARI en la necesidad de tener más tiempo para estudiar la reforma. En cambio, los referentes de Recrear y Compromiso para el Cambio, Sergio Nahabetian y Jorge Macri, decidieron no asistir a la última sesión de 2006.

Fue el Senado donde se frenaron las intenciones del oficialismo. Allí no pudieron reunir los dos tercios de los votos para incorporar el proyecto debido al rechazo del radicalismo y del Partido Justicialista como así también a la falta de tropa propia en el recinto que defienda la iniciativa. Hubo dos ausencias notorias: el senador Hugo Gómez que, directamente, pegó el faltazo, y el senador Aldo San Pedro, que se retiró en un cuarto intermedio. De todas formas, la presencia de ambos legisladores no habría modificado el reparto de fichas. Sólo obtuvo 20 de los 28 votos que requería el oficialismo para tratar el proyecto sobre tablas.

Fueron dos las razones esgrimidas por los partidos para oponerse a su debate. La primera es que no tenían conocimiento de las modificaciones que se habían realizado en Diputados. La segunda es el desconcierto sobre el real origen del proyecto. Unas horas antes del inicio de la sesión, un comunicado del Ministerio de Seguridad dejaba claro que esa cartera no está vinculada al proyecto.

Por ello, los legisladores solicitaron el pase de la reforma a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad. “Necesitamos más tiempo para analizar los cambios en una reforma que tiene el rechazo de muchos sectores, como el Colegio de Magistrados, los abogados y fiscales y de hasta el propio Arslanian”, sostuvo la diputada justicialista Mónica Litza. Los senadores del radicalismo solicitaron también el llamado a una audiencia pública, para febrero. Este es uno de los reclamos difundidos por la Red de Jueces. En el comunicado dice: “El Gobierno ha eludido un debate público y abierto sobre la conveniencia o inconveniencia, total o parcial, de esta megarreforma que tiene un claro objetivo electoralista”.

Informe: Elisabet Contrera.