—Tenemos a la nena. Decile a Paposo que ya sabe lo que tiene que hacer.
Este fue el contenido del primer llamado que se recibió en medio del espectacular secuestro de Rocío Jazmín Rosales, de casi dos años, el martes pasado. Paposo es, en verdad, el padrino de la niña, y la llamada se recibió en un kiosco que queda al lado de la casa donde Rocío Jazmín vive con su madre y su padre, Luis Alberto Rosales Santillán. A él fue dirigida la segunda llamada al kiosco:
—Ya te dijimos que tenemos a la nena. El Gordo (apodo de Rosales) sabe lo que tiene que hacer.
Lo concreto es que para la Justicia, y así lo declarará oficialmente esta semana, no hubo un secuestro extorsivo como los que están de moda: los secuestradores conocían al padre y al padrino de la niña y todo indica que podría haber detrás una historia de bandas de narcotráfico de medio pelo. El verdadero nombre de Paposo es Gerardo Martínez. El padrino de Rocío Jazmín –la niña secuestrada frente al colegio de su hermana Melanie– y la Justicia no logra determinar de qué vive. Ni sus parientes ni sus allegados dieron ninguna explicación de por qué Paposo anda en un automóvil Toyota y tiene un pasar holgado, pese a que hace tiempo dejó de tener un puesto en el Mercado Central.
La situación del padre de Rocío Jazmín no es muy diferente. “Trabaja de remisero”, es el argumento. Sin embargo, los investigadores –la Policía Federal, el juez Jorge Ballesteros y el secretario Eduardo Nogales– determinaron que en los días anteriores al secuestro, Rosales sólo había hecho un viaje, lo que deja sin explicación los aproximadamente dos mil pesos mensuales que gasta la familia.
“Un familiar tiene un departamento que alquila y con eso y otras cosas nos arreglamos”, alegó Rosales Santillán.
El padre de Rocío Jazmín tiene entre sus antecedentes detenciones en al menos una causa vinculada con armas y drogas. En ese expediente resultó sobreseído, pero después de declarar tuvo que mudarse de donde vivía. La sensación que quedó entre los investigadores es que el Gordo pudo haber dado datos que incriminaron a otros. De todas maneras, las dos llamadas relacionadas con el secuestro de la niña, indican que Rosales y el padrino Martínez conocían a los secuestradores y que les debían algo o que les estaban enviando un mensaje para cerrarles la boca.
En cierto sentido, el mensaje fue exitoso. Rosales se cansó de repetir ante la Policía y el juzgado que “todo fue una casualidad”, “un secuestro como cualquiera en estos días” y argumentos poco creíbles de ese estilo. No supieron explicar las llamadas ni de qué viven. Todo indica que hubo un arreglo con los secuestradores y que el padrino y el Gordo cumplieron con lo que les pedían. El juzgado, por su parte, tiene prácticamente decidido que declarará en forma oficial que “no hubo secuestro extorsivo”, al no haber pedido de rescate. Esto significará que el caso de Rocío Jazmín no se encuadra en lo que podría llamarse “la ola de inseguridad”, sino que se trataría de amenazas, ajustes de cuenta relacionados con el consumo o la venta de drogas.
Hay un detalle más que surge de la investigación: como es obvio, se está tratando de determinar quiénes fueron los que raptaron a la niña. Fundamentalmente, porque no se trata de nenes de pecho, sino de un grupo que actuó disfrazado de policías, golpeó, puso esposas y cometió el delito de “privación ilegal de la libertad” de Rocío Jazmín. En esa línea de la pesquisa, se le pidieron a las autopistas las imágenes de video de los peajes, ya que se supone que por allí huyó el grupo de delincuentes hacia Villa Lugano y el Gran Buenos Aires. La respuesta del concesionario fue desmoralizante: “Por falta de presupuesto, no funciona ninguna de las cámaras ni los sistemas de grabación”.