“Si no hay una redistribución progresiva del ingreso y no bajan los indicadores de pobreza, esta ola de delitos no tiene solución.” La conclusión pertenece al sociólogo Artemio López, quien la respalda con los resultados de una investigación que vincula el crecimiento de los delitos contra la propiedad en el área metropolitana, los índices de pobreza y la cada vez mayor inequidad social. Según el trabajo de la consultora Equis, los tres indicadores tienen un recorrido paralelo durante los últimos 15 años. Y como para reforzar la hipótesis, entre 1990 y 1992, las estadísticas delictivas marcan una caída del 50 por ciento, coincidente con la disminución de 15 puntos en el índice de pobreza, con posterioridad a la hiperinflación. “En un país donde la desigualdad no se revierte -explica López–, la tendencia a la inseguridad no va a parar.”
La investigación de Equis analiza el período que se extiende desde 1985 hasta el 2000 sobre la base de cuatro indicadores, y números del Indec y del Ministerio de Justicia. Los indicadores son el índice de delitos, la brecha entre el 10 por ciento de la población más rico respecto del 10 por ciento más pobre, la tasa de desempleo y los índices de pobreza. Aunque el estudio parte de la Ciudad de Buenos Aires, los resultados se proyectan a toda el área metropolitana. El cruce de las variables no es causal: “Ese contexto socio-ambiental –dice López– es indispensable para entender el crecimiento de los comportamientos delictivos en una sociedad como la nuestra, donde la tasa de delito viene creciendo sin pausa desde el ‘93”. Desde esa época hasta el 2000, la tasa aumentó 250 por ciento: pasó de 20 hechos delictivos por cada mil habitantes a 70 por mil.
¿Por qué se produjo este aumento? La respuesta sirve para entender también lo que está sucediendo en este momento. Según los cuadros elaborados por la consultora, la clave está en el único período donde la tasa de delito cayó 50 por ciento. ¿Qué pasó en el país entre 1991 y 1993? “Era el inicio del ciclo de la estabilidad después de la híper de fines de los ‘80 y fue el único momento en los últimos quince años –dice el sociólogo– en el que la brecha en los ingresos bajó un punto y la pobreza 15 puntos: eso actuó de malla de contención real y eficaz al problema de la violencia.”
En ese lapso ocurrió también otro fenómeno: el desempleo continuó creciendo. Y aquí aparece otro de los aportes del informe: el nivel de empleo por sí sólo no parece como un remedio inmediato para el tema del delito. Por ejemplo, entre el ‘95 y el ‘99, la tasa de desempleo bajó: de 17,4 por ciento pasó al 14,4 por ciento. En ese mismo período, la tasa de delitos no siguió la misma tendencia sino que aumentó de 39,8 a 63 hechos por cada mil habitantes. La explicación de estos datos estaría, nuevamente, en lo que fue sucediendo con la brecha y la pobreza: en ambos casos siguieron subiendo (ver cuadro).
“¿Cómo se explica que aumente la pobreza cuando aumenta también el nivel de empleo?”, se pregunta Artemio López. En nuestro país, sostiene, la precarización del empleo fue creciendo de tal forma que los ingresos de los que entraron al mercado de trabajo no superan la línea de pobreza.
En ese escenario, el 2000 fue uno de los años más críticos: se disparó como nunca la brecha entre ricos y pobres. Los indicadores alcanzan picos inéditos: “La inequidad distributiva alcanza su pico máximo: en el área metropolitana trepa al 26,1 por ciento”, dice el sociólogo. La evolución de esa desigualdad en la ciudad tuvo su correlato en el interior del universo delictivo. Esa es una de las hipótesis del trabajo: “El tipo de delito que más creció en los últimos quince años es el delito contra la propiedad, y es un fenómeno vinculado con el crecimiento exponencial de la inequidad distributiva y la pobreza de ingresos”, se afirma en el análisis. Para demostrarlo, Equis toma el promedio diario de delitos. En el listado, el delito contra la propiedad representa el 71,7 por ciento, seguido por los hechos contra la libertad, un 7,8 por ciento, y contra las personas, el 7,4 por ciento. Este escenario es complejo. Una sociedad donde la desigualdad se perpetúa y crece, no sólo gana violencia: “Los contrastes sociales –le dice a Página/12 el autor del informe– generan distintos tipos de consecuencias: inseguridad, encierro y pérdida de participación social y política”. En estos términos, la desigualdad aparece como una de las claves de la estampida de una violencia real y simbólica que, según los especialistas, atraviesa todos los sectores sociales, pero se cristaliza en un solo tipo de culpable. “¿Quien produce inseguridad? ¿Los supuestos delincuentes?”, se pregunta ahora Alcira Daroqui, socióloga e investigadora del Instituto Gino Germani de la UBA. “No sólo porque hay delitos la gente se siente insegura: el desempleo crea desesperación y si un Estado o el mercado larga masas a la calle, aumenta los índices de violencia de todo tipo”, responde la especialista.