Cuando falta una semana para el fin de la veda a las construcciones de edificios en torre en seis barrios de la ciudad, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, adelantó ayer una de las medidas que adoptará en ese momento: enviará a la Legislatura el proyecto de Plan Urbano Ambiental, la ley marco que determinará el perfil edilicio de la ciudad. Pero como la sanción de esa norma no implicará una respuesta inmediata a los vecinos que se oponen a la construcción de edificios altos, habrá otras medidas para atender la emergencia: una de ellas consiste en que, de aquí en más, la empresa AySA otorgue un certificado de factibilidad para las nuevas edificaciones, como requisito para que sean extendidos los permisos de obra, según pudo saber Página/12 en la empresa de servicios estatal. En tanto, vecinos de Caballito realizaron ayer una nueva protesta para dejar en claro que no quieren más torres.

Telerman enviará la semana próxima a la Legislatura el proyecto de Plan Urbano Ambiental, a partir del cual se decidirán las modificaciones en el Código de Edificación de cada barrio.

Para Telerman, “la discusión tiene dos componentes: el urgente e imprescindible, que es que no hay servicios suficientes y se construye igual, y el otro es definir qué ciudad queremos, si resguardamos su identidad patrimonial o construimos edificios”. De esa manera, interpretó que los reclamos de los vecinos no sólo se refieren a “si hay o no cloacas suficientes en el barrio para la construcción, sino también el derecho a una (mejor) calidad de vida”.

Sobre este último punto cobra importancia el Plan Urbano Ambiental, elaborado por una comisión ad hoc que, después de ocho años de trabajo e innumerables consultas, llegó a lo que podría ser la versión definitiva del proyecto. “De todas maneras, si se aprobara mañana, no estaría resuelto el reclamo de los vecinos, ya que el Plan Urbano Ambiental no establece la altura de los edificios, sino que fija los criterios generales para revisar las normas de construcción”, explicó a este diario el arquitecto David Kullok, integrante del Consejo del Plan Urbano Ambiental. Este proyecto debe aprobarse con doble lectura, por lo cual debe convocarse a una audiencia pública. Lo que sí pondría límites a la altura de la nuevas construcciones en los barrios es una modificación al Código de Planeamiento Urbano.

El debate es estratégico y está vinculado con la desigualdad en el crecimiento de los barrios. “Por cada 50 edificios que se construyen en Caballito, se levanta uno en Villa Lugano: no hay ciudad que resista un desarrollo tan inequitativo –opinó Telerman–. Queremos que se construya no sólo en los barrios donde se puedan vender (propiedades) a tres mil dólares el metro cuadrado, sino también en los del sur, donde se venda a 900 dólares el metro cuadrado y donde también se pueden hacer buenos negocios. Hablamos de orientar la construcción y este Plan Urbano Ambiental permitirá que, con la discusión de los vecinos, se van a decidir las modificaciones en el código de edificación de cada barrio”.

En noviembre, Telerman frenó por decreto el otorgamiento de nuevos permisos, por 90 días, en seis barrios porteños: Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Coghlan, Núñez y Villa Pueyrredón. La Justicia porteña había dispuesto una medida similar en 16 manzanas de Caballito y otro fallo frenó en diciembre nuevas obras en 45 manzanas de Las Cañitas y La Imprenta, en Palermo. En tanto, ayer, la Dirección de Fiscalización de Obras clausuró una obra en Cucha Cucha 958, porque construyeron sin autorización afectando el pulmón de manzana.

La veda dispuesta por el Ejecutivo vence el próximo jueves 15. El Gobierno de la Ciudad ya recibió los informes de todas las empresas de servicios públicos sobre la situación de la infraestructura para soportar nuevas construcciones. Se sabe que no hay problemas con el suministro de gas, electricidad y teléfonos en toda la ciudad, pero según la empresa AySA, se registran problemas puntuales en áreas de tres barrios: Caballito, Palermo y Villa Urquiza. Por eso, el gobierno porteño tenía previsto prolongar la restricción en esas zonas críticas hasta que se hicieran nuevas obras de infraestructura.

Por lo pronto, el jefe de Gobierno adelantó que firmará un convenio con AySa para invertir “entre 800 y 900 millones de pesos” en obras de agua potable y cloacas. Además, según pudo saber este diario en la empresa AySA, se celebrará un acuerdo para que la compañía de servicios realice un informe de factibilidad técnica, previo al permiso que otorga la ciudad para construir.

En tanto, el ministro de Educación –y candidato a jefe de Gobierno–, Daniel Filmus, opinó que la decisión sobre los lugares de la ciudad donde se puede o no construir torres no debería recaer en la Justicia, sino en el gobierno porteño, en función de una política de planeamiento urbano.