La primera vez que Rampova fue a la cárcel, en 1970, tenía 14 años. Ingresó en prisión “por maricón”, según les oyó decir a los policías que lo detuvieron en Valencia al sorprenderlo en las rocas de la playa con un hombre casado. La segunda vez tenía 15 y estaba en Barcelona. Lo detuvo un policía “de la secreta” que lo había esperado a la salida del cine, después de haberle pedido dentro mantener relaciones. La tercera fue con 17 años. Nunca tuvo un juicio.

Es uno de los cerca de 100 homosexuales reprimidos por el franquismo que podrían acogerse a la indemnización que reclaman al gobierno. Rampova forma parte de la Asociación Ex Presos Sociales, que lleva 10 años luchando por el reconocimiento social y económico de los gays que fueron torturados durante la dictadura. Antonio Ruiz, su presidente, asegura que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto del PP, y confía en que las indemnizaciones lleguen pronto. “Estamos muy satisfechos por el apoyo de los partidos, pero, al mismo tiempo, nos pesa que haya muchos compañeros que también sufrieron mucho y ya han muerto y no van a poder disfrutarlo”.

Rampova representa a la segunda generación de presos homosexuales de la dictadura franquista, la que había que “rehabilitar”. En 1970, la Ley de Vagos y Maleantes, que declaraba “en estado peligroso” al homosexual, cambió su nombre por el de Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Seguían siendo “peligrosos”, pero el régimen planteó la cárcel como una rehabilitación. Había que “curar” a los gays en la cárcel.

“En la prisión de Barcelona me enviaron a un pabellón de invertidos para menores. Los presos pagaban a los vigilantes para colarse y violarnos. Luego nos pegaban palizas para demostrar que ellos no eran gays. Venían cinco, seis veces al día. A veces hasta ocho”. Rampova hace recuento, a punto de cumplir 50 años: “He tenido más violaciones que relaciones consentidas”, afirma. “Cuando le confesé al cura de la cárcel lo que nos hacían allí, le avisó al jefe de la prisión y me castigaron toda la noche contando los adoquines del patio. Me tuvieron así hasta que se hizo de día”, recuerda.

Según los cálculos de la Asociación de Ex Presos Sociales, cerca de 4000 personas fueron a la cárcel durante el franquismo por ser homosexuales. La cifra es sólo una aproximación, porque los historiales están repartidos por instituciones penitenciarias y policiales y, en muchos casos, la condena alegaba delitos de prostitución en lugar de homosexualidad.

A Antonio Ruiz lo denunció una vecina monja en 1976. Franco ya había muerto y él tenía 17 años. A las seis de la mañana fueron a buscarlo a su casa cuatro hombres de la policía secreta. Pasó tres meses en el penal de Badajoz, una de las cárceles que el régimen había preparado para “curar” a los gays. A Badajoz iban los llamados “pasivos” y al penal de Huelva, los “activos”. Las lesbianas eran enviadas al manicomio. “Era la época del electroshock y las terapias aversivas, que consistían en secuenciar imágenes con hombres y mujeres, propinando descargas eléctricas al homosexual cuando aparecían hombres”, relata Ruiz.

“Cuando salí de la cárcel la última vez –relata Rampova–, me resultaba imposible relacionarme con hombres porque me recordaban las violaciones. Tuve varias novias y una hija, que ahora cumplirá 30 años”.

Después de la cárcel, llegaba el destierro. De uno a dos años. Los presos no podían volver a sus antiguos domicilios y nadie quería darles trabajo. Rampova comenzó en los años ochenta a trabajar en el mundo del espectáculo, haciendo cabaret-teatro y en grupos como Ploma-2 hasta que tuvo un infarto y lo tuvo que dejar. “El pánico escénico y el infarto no eran compatibles”, afirma. Hoy vive de una pensión de incapacidad.

“No me interesa mucho la indemnización. Se habla de 12.000 euros. ¿A cuánto toca eso por violación? Si al final nos lo dan, creo que lo donaré a alguna organización de defensa de los derechos de los homosexuales. No cometimos ningún delito. Lo que me gustaría de verdad es que los que nos hicieron esto pidieran perdón”, asegura Rampova.

“Estoy muy contento porque España va a ser el primer país que indemnice a los homosexuales de la dictadura. Va a ser un momento histórico. En las conversaciones con los grupos políticos barajamos unas indemnizaciones de 12.000 euros y pensiones vitalicias de unos 750 euros. Después, seguiremos trabajando para defender los derechos humanos de los homosexuales en otras partes del mundo”, afirma Ruiz.

* De El País, de Madrid. Especial para Página/12.